El ministro candidato tendrá el control de la caja durante la campaña
Una serie de cambios implementados en los últimos años le permiten a Sergio Massa tener la lapicera para los fondos públicos
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LA NACIONCamila Dolabjian
No es incompatible ser ministro de Economía y candidato a presidente según la ley argentina. Pero si despierta sospechas y resquemores, especialmente al tener en cuenta el poder que ejerce Sergio Massa sobre el presupuesto nacional. Además de la administración de las finanzas propia de su cargo, en nombre de aplacar el rojo fiscal del Estado, el tigrense implementó una serie de modificaciones en la normativa sobre su control de las finanzas públicas que le otorgó más poder que el que tenían sus antecesores.
En febrero pasado, a través de una serie de decisiones administrativas, Massa hizo cambios significativos en su posibilidad de intervenir en la manera en la que los ministros gestionan sus presupuestos. La Resolución 63/2023 gestó un nuevo circuito para las modificaciones presupuestarias, con las que se incrementan o disminuyen las partidas para cada funcionario. Se determinó que los ministros ya no podrán destinar recursos de un programa a otro de su misma cartera, reasignar gastos de capital a distintos destinos, ni tampoco alterar la estructura programática de sus ministerios sin la aprobación de Economía. La medida no especificó qué criterios utilizará esa cartera para aprobar o no las modificaciones que soliciten los titulares de los distintos órganos.
Un ejemplo, en relación con los gastos de capital. Antes de este cambio, el ministro de Obras Públicas, por caso, podía por sí solo destinar los fondos de una ruta a otra. Luego de la Resolución, no pudo hacerlo más. Los ministros podían disponer de las partidas definidas originalmente y compensar créditos entre unas y otras obras. Eso ya no es posible.
Por último, no pudieron modificar la estructura programática de sus carteras. “Había cambios en las actividades o proyectos que modificaban la prioridad de políticas públicas definida en el presupuesto”, explicó una fuente oficial en aquel entonces. No podrían agregar, alterar ni quitar programas sin que el ministro de Economía lo apruebe, previa solicitud, indicaron.
Todos los años, el régimen presupuestario preveía que distintas autoridades podían hacer modificaciones sin incrementar los montos finales -que solo puede hacerlo el jefe de Gabinete-. Antes de esta medida, cuando los ministros hacían un cambio o una compensación, informaban a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), el trámite era recibido por un director simple que revisaba la formalidad del acto y no su contenido.
El silencio del Ministerio de Economía, de no hacer ninguna observación, se interpretaba como una aceptación. A partir de estos cambios, sería a la inversa. Si a los ocho días hábiles no contestara, el cambio se consideraría “no autorizado”. Incluso, la ONP no podrá actuar, ni siquiera procesar la medida propuesta, hasta tanto el ministro haya prestado conformidad de manera positiva.
“Desde el punto de vista ético, es una falta a mi modo de ver, sin ninguna duda. Además, desde la perspectiva del funcionamiento de las distintas actividades del Estado, es muy contradictorio también. Un juego a dos puntas que no es para nada positivo. Pero no hay un problema de constitucionalidad”, explicó Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.
Las funciones que tendrá el Palacio de Hacienda, que antes obedecían a cuestiones formales, se asemejan a lo que en el organigrama estatal le correspondería mayormente al jefe de Gabinete. En el Ministerio de Economía justificaron que “no se modificaron las facultades de los ministros”, sino que se introdujo una “condición” o “filtro”, y que tiene por objetivo “garantizar el orden fiscal”. Salvo que el tigrense delegue la función, los cambios que quieran hacer sus pares requerirán directamente de su firma.
Para solicitarle un cambio al ministro, el requerimiento deberá explicitar la contribución de la modificación presupuestaria proyectada al logro de los objetivos de política y, en los casos en que se efectúe en programas presupuestarios objeto de seguimiento físico, deberán identificarse las metas físicas, producción terminal bruta, avance de las obras de los proyectos y otros indicadores que estén directamente asociados.
“El requerimiento será evaluado por el Ministerio de Economía, y se procederá a su conformidad o rechazo, que se expresará en un documento vinculado al expediente, el que se devolverá al área requirente mediante el sistema GDE. En caso de que la solicitud haya sido conformada, la jurisdicción y/o entidad se encontrará habilitada para hacer uso de las facultades delegadas”, explicitó el texto de la medida de febrero.
El ministro será también el encargado de definir el presupuesto para una próxima gestión, que suele ser de conflicto para el gobierno entrante. Tendrá que hacerlo el 15 de septiembre. “Lo habitual es que el nuevo Congreso, compuesto por los legisladores que ya estaban y por los nuevos que ingresen, defina el presupuesto del año, es decir, que se conceden, suban y se llevan adelante modificaciones a ese proyecto de ley de presupuesto presentado originalmente el 15 de septiembre. Ese proyecto de presupuesto presentado tiene el alineamiento de política económica del gobierno en función y de lo que el gobierno en función considera lo ideal, lo necesario para el año siguiente, en este caso el 2024. Dado eso, el proyecto de ley de presupuesto 2024 debería contener dentro de ese presupuesto la línea de política económica que Unión por la Patria quisiera llevar adelante en 2024″, dijo Nadin Argañaraz, de Iaraf.
Massa también tiene la potestad de decidir sobre quienes pueden y no pueden contratar nuevos empleados. En julio del año pasado, durante la gestión de Silvina Batakis y en un intento por mostrar austeridad, el Presidente firmó un decreto que puso fin a todas las contrataciones en el Estado hasta el 31 de diciembre del año que viene. A partir de ese momento, no se podrían incorporar nuevos empleados hasta que termine este mandato. La medida rige para la administración central (ministerios y sus dependencias) y para los entes públicos. Además, se “instruirá” a las empresas públicas y fondos fiduciarios a tomar medidas en el mismo sentido.
Según el decreto, están prohibidas la gran mayoría de las contrataciones, como las designaciones a planta transitoria, contrataciones por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual. Tampoco podrán hacerse contrataciones por prestación de servicios, una modalidad típica y sensible con los gremios, porque no garantiza los derechos laborales de una persona en relación de dependencia, mientras que se cumplen funciones a tiempo completo y por plazos prolongados.
La medida incluyó una cláusula que otorgó mayor poder al ministerio de Economía y la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Todos los cargos que “por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo” no puedan postergarse, se tratarán como casos especiales y deberán pedir permiso a esos organismos. Hoy ese control lo tiene Sergio Massa.
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