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El narcotráfico en México vuelve a atemorizar a las multinacionales
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Según todos los indicios, Virgilio Camacho era un ejecutivo estimado y activo de ArcelorMittal en México. Pero una tarde de abril del año pasado fue hallado muerto con un tiro en la cabeza, según las autoridades mexicanas. Nueve meses después, su muerte sigue siendo un misterio.
De momento, no ha habido detenciones y ni la empresa ni las autoridades han especulado sobre un motivo. Pero el caso está siendo investigado por las autoridades a cargo de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, funcionarios actuales y antiguos del servicio de inteligencia mexicano creen que el asesinato fue obra de un poderoso cartel de la droga, lo que convertiría a Camacho en el ejecutivo de mayor rango de una empresa extranjera en ser ejecutado en el país por un grupo del crimen organizado. Desde 2006, más de 70.000 personas han perdido la vida en crímenes vinculados al narcotráfico, según cifras oficiales.
Camacho, que tenía 68 años y era director de relaciones institucionales de ArcelorMittal, podría haber acabado en un fuego cruzado entre una empresa de más de US$80.000 millones en ventas anuales, que opera una inmensa siderúrgica en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, y un cartel que genera millones de dólares con la minería ilegal en un área donde la empresa tiene derechos minerales exclusivos. El cartel —conocido como los Caballeros Templarios— es tan poderoso que el presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó la ocupación militar del puerto el pasado noviembre.
El asesinato de Camacho muestra cómo incluso las mayores multinacionales pueden verse enredadas en la caótica situación de seguridad en algunas regiones del país. Aunque antes se concentraban en el tráfico de drogas, los carteles se han expandido a otras actividades, incluyendo algunas que compiten con empresas legítimas.
El caso ocurre en un momento delicado para el gobierno de Peña Nieto, que emprendió una serie de ambiciosas reformas en un intento por estimular la debilitada economía mexicana y atraer a inversionistas extranjeros.
Una vocera de ArcelorMittal dijo que Camacho "fue víctima de un crimen terrible". Añadió que la investigación del gobierno seguía en curso.
Con operaciones en más de 60 países, ArcelorMittal es la mayor siderúrgica del mundo, generando 6% de toda la producción mundial de acero. Sus principales operaciones en México se encuentran en el estado de Michoacán, donde emplea a unas 6.000 personas. En total, afirma haber invertido unos US$2.400 millones en México. La planta es el mayor consumidor corporativo de gas y electricidad del país.
Pero Michoacán también es el reducto de los Templarios, un grupo que tomó su nombre de la orden religiosa y militar de la Edad Media y que, según las autoridades, lleva mucho tiempo intimidando al estado con homicidios, secuestros y extorsiones.
Los líderes empresariales de la región dicen que, en los últimos años, las minas ilegales han proliferado a lo largo de la costa, aprovechando el apetito chino por los minerales. Los Templarios envían mineral de hierro a China de Lázaro Cárdenas y a cambio reciben químicos en el puerto que les permite dominar el comercio mexicano de metanfetaminas, según las autoridades.
Fernando Ramos, un importante agente de aduanas que tiene desde hace años una oficina en el puerto, calcula que el cartel ge-nera hasta US$2 millones por buque cargado de minerales extraídos ilegalmente, lo que equivale a unos US$72 millones al año.
Servando Gómez, un ex maestro apodado "La Tuta", es el principal líder de los Templarios. Lo llama "una hermandad, una empresa" y explica que la organización prohíbe el robo, las violaciones y los secuestros. Dice que los Templarios tienen actividades en el sector de la minería, pero que regalan la mayoría de su dinero.
Tras el asesinato de Camacho, Lakshmi Mittal, presidente de la empresa, se reunió con Peña Nieto para hablar sobre el homicidio, según fuentes al tanto. ArcelorMittal y el gobierno mexicano declinaron hacer comentarios sobre la reunión.
A medida que las condiciones continuaron deteriorándose en Michoacán, Peña Nieto lanzó en noviembre una ofensiva militar sin precedentes en el puerto con el objetivo de bloquear las líneas de suministro de los Templarios.
"En Michoacán, está amenazado el estado mexicano", declaró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray tras la toma de control de las fuerzas armadas.
Sin embargo, los Templarios presentan un reto difícil. La organización, que tiene trazos de culto popular y grupos de autoayuda, ha logrado penetrar el tejido social de Michoacán, conquistando adeptos y corrompiendo a algunos políticos, señalan las autoridades.
Fue en este mundo turbio en el que Camacho terminó actuando como intermediario entre el mayor empleador del puerto y una comunidad donde los Templarios mueven muchos hilos tras bambalinas.
En los últimos años, el cartel vio el ascenso en los precios globales del mineral de hierro como una oportunidad lucrativa, aseguran las autoridades del gobierno. En 2010, la policía arrestó a más de 40 personas acusadas de montar una red de minería ilegal, principalmente en áreas donde ArcelorMittal tenía derechos exclusivos.
Los fiscales dijeron que la operación estaba dirigida por La Familia, el grupo que dio origen a los Templarios, y que el cartel generaba cerca de US$40 millones con el contrabando de más de 1,1 millones de toneladas de mineral de hierro a China. La embajada china en Ciudad de México no quiso comentar al respecto.
En un intento por acabar con la minería ilegal, Camacho y ArcelorMittal negociaron durante casi un año un acuerdo para pagar una tarifa a propietarios de tierras y transportistas para suministrar hematita, un mineral rico en hierro. A fines de 2010, ArcelorMittal acordó pagar entre US$16 y $18 por tonelada de hematita, según personas al tanto del acuerdo.
Pero el convenio no logró desincentivar la minería ilegal, ya que los comerciantes chinos ofrecían entre US$65 y US$85 por tonelada. Al menos una decena de líderes comunitarios que negociaron con la empresa fueron identificados por la inteligencia mexicana como miembros del crimen organizado, según un ex funcionario público.
El acuerdo de suministro fue renovado en julio de 2012. Sin embargo, a medida que la demanda global por el acero se debilitó, empezaron a acumularse montañas del mineral en las instalaciones de la empresa, aseguran fuentes cercanas. En los meses siguientes, la compañía se atrasó en los pagos a los dueños de tierras y transportistas en un total de casi US$8 mi-llones, señalan. La empresa afirma que hizo los pagos "en línea con los términos del contrato". En diciembre de 2012, no renovó el contrato, citando la escasa demanda. Una vocera de ArcelorMittal dijo que la comunidad "comprendía totalmente las razones de los cambios".
Otros estaban en desacuerdo. Tito Fernández, un activista en Michoacán, opina que la cancelación del contrato fue un desastre. Tras firmar el acuerdo, muchos de los propietarios de tierras habían pedido créditos para comprar excavadoras y camiones, contando con que dispondrían de una fuente constante de ingresos, explica.
Fernández ha sido acusado en artículos periodísticos y por una senadora mexicana de ser un miembro de los Templarios; él lo niega y ha presentado una denuncia ante la justicia contra las acusaciones de la senadora.
En un comunicado publicado poco después del asesinato de Camacho, ArcelorMittal pidió a las autoridades que encontraran al culpable y se comprometió a cooperar con la investigación. Sin embargo, hay tensión en la relación. A fines de noviembre, miles de personas y cientos de camiones bloquearon la entrada de la planta de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas para exigir la reactivación de los contratos mineros.
Juan Montes contribuyó a este artículo.
