El presupuesto nacional de 2022, una pérdida de tiempo

Cumpliendo con la legislación vigente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado nacional referidos a 2022. Menuda tarea tuvieron los funcionarios de Hacienda, encargados de darle contenido numérico a un conjunto de variables macroeconómicas. Ejemplo: el presupuesto nacional para 2021 se confeccionó sobre la base a una tasa de inflación de 29% anual, una hipótesis que nació muerta y terminó groseramente superada por los hechos. ¿No se podría usar mejor el tiempo de los altos funcionarios y de los legisladores?

Al respecto conversé con la irlandesa Ursula Kathleen Webb Hicks (1896-1985), quien se especializó en finanzas públicas. Junto con Abba Ptachya Lerner y Paul Marlor Sweezy, fundó la Review of economic studies, que editó entre 1933 y 1961. Esposa de John Richard Hicks, Ursula integra el club de economistas casadas con célebres colegas, junto a Millicent Garrett, esposa de Henry Fawcett; Mary Paley, cónyuge de Alfred Marshall; Marion Crawford, primera esposa de Paul Anthony Samuelson, y Harriet Hardy Taylor, esposa de John Stuart Mill. El contraejemplo es el de Joan Violet Robinson, mucho más conocida que su marido, Edward Austin Gossag Robinson.

–¿Qué aportes hizo usted a la teoría de las finanzas públicas?

–Alan Turner Peacock los sintetizó en tres: 1) cuestioné la utilidad de dividir a los impuestos en directos e indirectos, privilegiando en cambio la distinción entre impuestos a los ingresos y a los gastos. El referido cuestionamiento me surgió al plantear el análisis de incidencia impositiva, que ignora quién tiene que abonar un impuesto desde el punto de vista legal, para identificar sobre quién recae; 2) con mi marido introduje coherencia en el planteo de los objetivos fiscales de los gobiernos, y en el diseño de las instituciones necesarias para lograrlos, y 3) trabajé en el tema del federalismo fiscal, particularmente en los países en vías de desarrollo.

–En las escuelas de la Argentina se enseña que la del presupuesto es la “ley fundamental de la Nación”, pero cuando el contexto es tan volátil eso es difícil de creer.

–La afirmación tiene que ver con otra época, donde no solamente la evolución de los agregados económicos era mucho menos volátil que ahora, sino que, además, el Estado era mucho más pequeño con respecto al PBI y, por consiguiente, los legisladores no tenían que ser expertos para tener idea de los gastos que estaban autorizando.

–Una parte importante del problema es que el presupuesto nacional está planteado en pesos.

–Así es. Presupuesto base cero es una muy buena idea, pero lamentablemente no se aplica. Por lo cual, en la práctica, se toma el nivel y la estructura de gastos del período anterior, y se los ajusta sobre la base de hipótesis referidas a la tasa de inflación, el tipo de cambio, los salarios públicos, las tarifas –y por consiguiente los subsidios–, la tasa de interés y el PBI en términos reales. Salvo la última variable, todas dependen de la tasa de inflación.

–Sobre la cual la incertidumbre es total.

–Efectivamente. Con gran sentido del humor ustedes dijeron que en los primeros siete meses de 2021 habían cumplido una meta anual; pero lamentablemente no se referían a las exportaciones, o a la creación de puestos de trabajo, sino al aumento de los precios. ¿Cuán creíble puede resultar, aquí y ahora, la hipótesis inflacionaria de 33% con la cual se elaboró el presupuesto nacional para 2022? Peor aún…

–¿Peor aún?

–¿Cuán creíble es la hipótesis de modificación del tipo de cambio oficial incluida en el presupuesto? Se imagina, de Pablo, que el Poder Ejecutivo no puede anticipar una recuperación del tipo de cambio oficial, anunciando que devaluará por encima de la tasa de inflación, porque esto afectará la compra y venta de dólares.

–¿Y entonces?

–Ignoro qué implica, en el plano legal, que el Poder Ejecutivo no envíe al Congreso el presupuesto para el año próximo, o que el Congreso no lo trate. Pero desde el punto de vista de las energías de los funcionarios de ambos poderes, no sería una mala idea.

–Explíquese.

–Eso de que los recursos son escasos y tienen usos alternativos no solo se verifica en el caso de la producción de camisetas deportivas o libros de cocina, sino también en la asignación del tiempo de los funcionarios y de los legisladores. La mala lectura de lo que venimos conversando es que el Congreso de su país no tiene nada que decir o hacer en materia fiscal; la buena lectura es que, en vez de perder tiempo debatiendo la hipótesis inflacionaria con la cual se elaboró el presupuesto, podría encarar el tratamiento de cuestiones fiscales específicas.

–¿Por ejemplo?

–Solo para ilustrar, seguro que el diputado Luciano Andrés Laspina puede mejorar esto. Del lado de los ingresos, en un país con 50% anual de inflación, los mínimos no imponibles, así como las escalas expresadas en pesos, tienen que ajustarse de manera automática por inflación. En ausencia de esto, dentro de algún tiempo hasta los peluqueros pagarán el impuesto a las grandes fortunas. Cabe esperar que los responsables de la recaudación impositiva se demoren en implementar las modificaciones correspondientes; ahí deberían estar los diputados y los senadores, representando a los contribuyentes impositivos.

–¿Y del lado de los gastos?

–Como ocurre en muchos otros países, pero con la particular exageración con la cual hacen todo ustedes, argentinos, a juzgar por la estructura del gasto público, de lejos la principal tarea del Estado nacional es la fenomenal transferencia de recursos, de quienes no tienen más remedio que pagar los impuestos, a jubilados, pensionados, receptores de planes sociales, etcétera.

–¿Está proponiendo terminar con estos gastos?

–Estoy proponiendo que se revisen para así, con menos gastos, conseguir más resultados. Específicamente, revisar las duplicaciones, triplicaciones, etcétera, que derivan de la yuxtaposición de planes, que comenzaron con el de Jefes y Jefas, en abril de 2002. Como ocurre con frecuencia, se pasó de algo limitado, que tenía sentido en situaciones dramáticas, a la actual multiplicidad de programas.

–¿No pretenderá que los diputados y los senadores se pongan a verificar personalmente si se está burlando la legislación, por no cumplirse los requisitos?

–No pretendo tanto, pero tiene que haber algún mecanismo por el cual los casos que se conocen a través de los medios de comunicación generen correcciones, y que permita verificar si los planes sociales cumplen un principio básico: el ser humano tiene que ganar más trabajando que no trabajando. A los entusiastas del ingreso universal hay que recordarles que ingreso es la contrapartida de producto, de manera que la propuesta es una transferencia de fondos, de algunos a todos.

–Doña Ursula, muchas gracias.

Por Juan Carlos de Pablo

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