El seguro para autos está en crisis y dejará a muchos clientes en la banquina

Cuando los argentinos sacan su auto a la calle, una gran proporción está realizando un acto de fe. Fe en que no van a chocar ni atropellar peatones -de lo contrario, entre el 50 y el 60% tendrá que afrontar enormes gastos que pueden llevar al embargo de todos sus bienes, ya que no cuentan con ningún tipo de seguro- y fe en que si tienen un accidente su compañía de seguros afrontará los gastos, ya que el 57% de las 123 empresas que ofrecen este tipo de cobertura perdió o perderá este año una cifra superior a su patrimonio.

En otras palabras, en la Argentina, de cada 100 autos que circulan, entre 50 y 60 no tienen seguro; y entre los que sí contrataron un seguro -alrededor de 3,5 millones de vehículos-, 57 de cada 100 lo han hecho con firmas que perderán más del 100% de su capital y que, obviamente, no podrán responder al pago de grandes siniestros. Si a ellas les sumamos las aseguradoras que perderán entre el 15 y el 100% de su patrimonio, la cifra es aún más alarmante: 86 de cada 100 autos con seguro lo han contratado en compañías con una situación patrimonial comprometida.

Bomba de tiempo

Un claro ejemplo de la bomba de tiempo que encierra esta situación es la quiebra de Belgrano, la compañía donde se aseguraba buena parte de las empresas de colectivos. Vender todas las líneas de este medio de transporte que integraban la cartera de Belgrano no alcanzaría para cubrir los juicios que hoy siguen pendientes.

La falta de popularidad de los colectiveros hace que la gente mire con indiferencia este conflicto entre los transportistas y el Gobierno, pero la situación cambiará cuando el problema empiece a extenderse entre la clase media como una mancha de aceite, algo muy cercano teniendo en cuenta el imparable aumento de los accidentes de tránsito. Según la asociación Luchemos por la Vida, en la Argentina hubo, en 1997, 238 muertos por cada millón de habitantes (primera en el ranking mundial) y 1310 muertos por cada millón de automotores (tercera en el mundo).

Con el equivalente a una voladura de la AMIA cada tres días (mueren 30 personas cada 24 horas en accidentes de tránsito), la lluvia de juicios millonarios salpicará a muchos. Atropellar o chocar con un resultado de muerte o lesión grave de un peatón en la vía pública da pie a un juicio promedio de US$ 500.000, pero un juicio de responsabilidad civil (que es el único que cubre la aseguradora, los gastos de un litigio penal corren por cuenta del asegurado) puede trepar hasta los US$ 3 millones. De más está decir que aquel que se haya asegurado en una compañía descapitalizada (y 79 de las 123 que componen el mercado lo están) corre el riesgo concreto de tener que responder con su propio patrimonio ante un juicio "grande".

No sólo los dueños de colectivos enfrentan este panorama. Clientes de compañías quebradas como Ruta Seguros, Sudamérica, Inca, La Franco Argentina, Sudatlántica y Cenit debieron hacerce cargo de los juicios en su contra. De acuerdo con un relevamiento de La Buenos Aires, desde 1978 a la fecha fueron liquidadas 125 empresas de seguros generales (incluye autos, vida, transporte, incendio, trabajo y otros), y desde 1995 hasta hoy cerraron sus puertas un promedio de 10 por año.

Es sorprendente el poco impacto que, en términos relativos, tuvieron estos cierres de compañías o el moderado temor que despierta un sector con el 64% de las empresas descapitalizadas. Si se trasladara este escenario a los bancos, seguramente se hubiesen visto corridas, fuga masiva de depósitos y multitudes de indignados ahorristas frente a las entidades quebradas.

¿Por qué no sucede esto con los seguros? Para Jorge D´Urbano, de la gerencia general de La Buenos Aires, ahora dentro del grupo inglés HSBC, la razón es que "las aseguradoras en problemas pagan los juicios más chicos y difieren los más grandes". Así "van tirando" y contribuyendo a que la bola de nieve siga agrandándose: hoy las compañías de este rubro deben incorporar US$ 805 millones a su patrimonio para afrontar futuros siniestros. Además, a esta enorme cifra se le va sumando una rentabilidad negativa, que para todo el sistema fue de US$ 144 millones entre julio de 1996 y junio de 1997.

Con mayores posibilidades de "bicicletear" que los bancos, las aseguradoras huyen hacia adelante bajando el precio de las primas de los seguros. Eso les permite generar el flujo de caja necesario como para alargar los plazos de supervivencia, por eso el público no percibe los problemas de manera explícita. Precisamente, el seguro muy barato es el mejor indicador de desconfianza a la hora de elegir una compañía, según un ex titular de la Superintendencia de Seguros, ente regulador de la actividad, que prefirió el anonimato. "Si un banco paga el 25% de interés anual, el ahorrista desconfía; pero en seguros, la gente se ocupa menos de averiguar cuál es la solvencia de una firma. Por lo general, le compran toda la vida a un mismo productor y ni siquiera saben dónde tienen su póliza", señaló.

A propósito de los productores/asesores de seguros, José Raúl Herrera, ex superintendente, opinó que "su rol debe mejorar y ser totalmente distinto al de los últimos 20 años, lapso en el que se conformaban con renovar las pólizas por teléfono. Ellos lo saben porque están apareciendo otros canales de venta como los bancos y las empresas de telemarketing", que les restan protagonismo. Pero no todos cargan las tintas en los productores: D´Urbano también se quejó de que "en el negocio de los seguros generales, y en particular en los automotores, falta profesionalismo. Hay un fuerte Ôdibujo´ en los balances de las compañías".

Lo que viene

La respuesta del Gobierno ante esta crisis, por intermedio de la Superintendencia de Seguros, ha sido liberar el mercado a partir del 1¼ de octubre próximo para que se instalen nuevas compañías, y aumentar los capitales mínimos exigidos a las aseguradoras para operar, tanto a las que ya están como a las que vengan. La idea es fomentar la concentración, por medio de fusiones y absorciones que saneen el sistema.

Varios hombres del sector han recibido la medida con escepticismo. D´Urbano señaló que "la mitad de las compañías están quebradas o por quebrar, salvo que alguien las capitalice, y ningún grupo extranjero va a querer poner plata en firmas fundidas. Nadie va a querer pagar la fiesta". Para el ejecutivo de La Buenos Aires, las medidas que empezarán a regir en octubre son insuficientes. "Habría que suspender ya la venta de seguros por parte de empresas que no puedan cumplir con sus compromisos", propuso.

También criticó la decisión de la superintendencia de permitir a las aseguradoras reponer los faltantes US$ 805 millones de reservas técnicas para futuros siniestros en un plazo de cinco años, a razón del 20% de esa cifra por año. "Si las compañías reconocen la pérdida, se les tendría que haber exigido reponer el dinero ya mismo. El Banco Central no esperaría a ninguna entidad durante cinco años; la liquida y listo".

Por su parte, Susana Agustín, gerente general de La Caja, también consideró que todavía hay mucho por hacer para sanear el sector y propuso soluciones:

• Controlar mejor el fraude dentro de la denuncia de siniestros. En el mundo, el 25% de los accidentes reportados son fraudulentos por la creencia generalizada de que estafar a una aseguradora no es delito.
• Crear una base de datos común entre todas las compañías (parecida a un buró de crédito) en la que se vuelquen los nombres de los abogados especialistas en la "industria del juicio"; los nombres de los individuos que denunciaron siniestros fraudulentos, y los antecedentes (económicos) de todas las personas aseguradas del país.
• Exigir la obligatoriedad del seguro automotor.
• Crear un fondo, con el aporte de todas las aseguradoras, para solventar gastos en caso de accidentes provocados por individuos sin seguro. En España, por ejemplo, lo administra el Estado, pero con capital privado.

Pleitos millonarios

La cantidad de juicios impagos de las compañías aseguradoras se mantiene por encima de 120.000 por año desde 1992 y no da indicios de retroceder. En 1997 solamente, las 5 compañías que encabezan la lista acumularon, ellas solas, 30.000 acciones legales en trámite, de acuerdo con un informe de la revista Estrategas del Seguro y la Banca.

La cifra que un damnificado puede reclamar a la aseguradora en concepto de responsabilidad civil puede llegar hasta tres millones de dólares, independientemente del auto que conduzca. Para las aseguradoras, esta uniformidad es una de las claves del problema.

Susana Agustín, gerente general de La Caja, explica que "si alguien tiene un auto del año 80, su capacidad patrimonial es diferente de la de alguien que tiene un importado modelo 98". Y que, en ambos casos, ante un juicio, la demanda puede ser millonaria sin tener en cuenta el patrimonio del asegurado. Para Agustín, "se debería poner un tope menor para el seguro de responsabilidad civil que tiene que comprar todo el mundo".

Por Por José Luis Brea

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