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Embargarán los sueldos de los que no paguen
Mientras comerciantes y consumidores reclaman tasas más bajas, un artículo de la ley votada anteayer por los diputados habilita a los bancos para ejecutar a los usuarios que se atrasen en el pago de su cuenta.
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Un actor inesperado se sumó a la discusión por los intereses y los aranceles que cobran los emisores de tarjeta de crédito: el proyecto regulatorio que el miércoles obtuvo sanción general en la Cámara de Diputados que habilita para ejecutar a los usuarios que cesen en sus pagos.
De esta manera, según explicaron a La Nación asesores de los diputados radicales Raúl Vicchi y Gabriel Dumín, los bancos estarán técnicamente habilitados para embargarle el sueldo a los clientes que se atrasen en más de 90 días en el pago del resumen de su tarjeta de crédito.
Hasta ahora los resúmenes no tienen carácter de títulos ejecutivos y los bancos se ven en figurillas para llegar a la instancia de un juicio comercial. Pero si la ley pasa el filtro de la votación particular de artículo por artículo prevista para el próximo miércoles, habrán conseguido que los legisladores reivindiquen un reclamo de larga data: la posibilidad de recurrir a un juicio ejecutivo para acelerar las cobranzas.
Paradójicamente, la concesión a los bancos tiene lugar al mismo tiempo que se debaten los abusos en los que incurren las entidades que financian a sus clientes con tasas astronómicas.
El artículo fue introducido en el proyecto por los diputados justicialistas de la Comisión de Finanzas, deseosos de contemporizar con los privados que se oponen ferozmente a la fijación de topes para las tasas y los aranceles. Oficialistas y opositores consideran que éste será el gran tema a debatir durante la próxima sesión.
También será necesario limar algunas asperezas entre las partes a la hora de fijar los techos para las tasas que pagan los usuarios y las comisiones que se les cobran a los comerciantes.
La aprobación de la ley en general garantiza un tope, pero no establece un porcentaje determinado.
Mientras que el dictamen de los justicialistas propone un máximo de entre el 25 y el 27% anual para financiar los saldos de los consumos adeudados en pesos, la Alianza quiere que las tasas no superen el 25 por ciento.
Respecto de los aranceles, también existen diferencias mínimas.
El oficialismo propone que no se les cobre a los comercios minoristas más del 4% sobre lo que pagan las cadenas de hipermercados en concepto de comisión, por lo que el techo sería del 5 por ciento.
Actualmente, algunos negocios tienen comisiones del 10%, mientras que las cadenas con grandes volúmenes de venta pagan entre el 1 y el 1,5 % del total de su facturación, a cambio de poder recibir pagos en dinero plástico.
La Alianza quiere que se fije el mismo tope, pero sin apelar a la banda del 4%. Creen que sería difícil establecer cuál es el arancel mínimo que cobran las administradoras de tarjeta, que podrían modificarlos para hacer crecer los aranceles establecidos como máximos.
Entre dos fuegos
Si bien existen 15 proyectos legislativos distintos para regular el funcionamiento del mercado de las tarjetas de crédito, los diputados accedieron a llevar el tema al recinto después de una fuerte presión ejercida por las entidades que agrupan a comerciantes y consumidores.
Pero se colocaron entre dos fuegos a la hora de conceder la media sanción para la regulación, por los embates del sector bancario para frustrar la ley.
La misma incomodidad padece el Poder Ejecutivo. Si atiende los reclamos de los banqueros, dará un paso en falso frente a los millones de usuarios de tarjetas de crédito que hay en el país. Caso contrario, colocará más piedras en su relación con los centros de poder económico.
La primera reacción para frenar los anhelos regulatorios fue emprendido por el Palacio de Hacienda, que inició la difusión mensual de un ranking con las tasas más altas que las entidades aplican a sus clientes.
Se creyó que la transparencia informativa provocaría a un saneamiento del mercado, pero en la encuesta correspondiente a abril, que La Nación adelanta, no se observa descensos significativos de las tasas, que permanecen bastante más arriba del tope del 25% que demandan usuarios y comerciantes. Mientras comerciantes y consumidores reclaman tasas más bajas, un artículo de la ley votada anteayer por los diputados habilita a los bancos para ejecutar a los usuarios que se atrasen en el pago de su cuenta
Sin apuro en el Senado
La batalla final por la fijación de topes para las tarjetas de crédito se librará en el Senado, que tendrá a su cargo aprobarlos con fuerza de ley. Aunque no hay indicio de que los legisladores de la Cámara alta pretendan dispensarle al tema un tratamiento acelerado.
El diputado justicialista Mario Das Neves, uno de los más enérgicos en la hora de promover restricciones para las tasas abusivas, dijo que sus pares se comprometieron a discutir con los senadores coprovincianos para que apuren el trámite. Pero nadie pone las manos en el fuego para garantizar la rápida sanción de la iniciativa.
La posibilidad de que se cajonee la ley es algo más que un fantasma: es una opción de carne y hueso, que se corporiza en la presión que los bancos están decididos a realizar sobre los senadores para que demoren su tratamiento. Este temor también es compartido por el titular de CAME, Raúl Lamacchia, que al ser consultado por La Nación admitió como posible que la regulación entre en vía muerta si los senadores desestiman su urgencia.
