Emisión, inflación y FMI, el gran trilema por resolver
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LA NACIONLuis Cortina
En los manuales de la economía kirchnerista, alguien debería estar revisando su empecinamiento en que la emisión monetaria no produce inflación. No es el caso de Martín Guzmán, que precisamente por aceptar ese postulado quedó expuesto a las presiones de parte de aquellos para reemplazarlo, pero sí el de los que, ante la necesidad de remontar la cuesta de los votos hacia noviembre, plantean prender a toda velocidad la “maquinita” de emitir billetes.
Pruebas al canto: un análisis del economista Jorge Vasconcelos (Ieral-Fundación Mediterránea) señala que la emisión para cubrir el déficit fiscal en el primer semestre de este año fue de 250.000 millones de pesos, “y eso explica, junto con el atraso del tipo de cambio, por qué el índice de inflación de agosto dio 2,5% y no más”. Y calcula que si la emisión y la base monetaria se hubieran expandido a un ritmo de 100.000 millones de pesos acumulativos adicionales en el mismo período, el salto de los precios podría haber estado entre 3,5 y el 4%, en lugar del 2,5% efectivo. “Hay efectos rezagados, que se ven más tarde, pero que la emisión impacta en los precios, impacta”, explica.
Y plantea un paralelismo que seguramente desagrada al oficialismo actual: “La derrota del Gobierno en estas elecciones legislativas tiene algo en común con el fracaso de Macri en 2019: una inflación plantada en el 50% anual”.
El cambio de orientación de la política fiscal entre el primer y el segundo semestre, por obvias razones electoralistas, empieza a marcar sus límites. En lo que va del año el Banco Central remitió al Tesoro un total de $850.000 millones sumando giro de utilidades y adelantos “transitorios”, como destacó nuestro colega Javier Blanco en LA NACION. Y con ese volumen se acerca peligrosamente al límite legal de esa asistencia. Nada que no pueda salvarse mediante una reforma de la norma (por ley o por DNU), pero sería tomado como una señal muy negativa por los mercados (una más…).
Entre otras medidas, se especula por estas horas con que el Gobierno podría anunciar distintos tipos de refuerzos en los ingresos populares, y algunas fuentes del kirchnerismo mencionaban la posibilidad de que vuelva el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En su relativa corta existencia el año pasado (se extendió en el tiempo por las dificultades para implementarlo en tiempo y forma), esa política implicó un gasto de $270.000 millones, que se distribuyeron en tres pagos. Que no se haya continuado este año fue parte del ajuste fiscal que, silenciosamente, llevó a cabo Martín Guzmán.
“Lo que nos preocupa en primer lugar es cuál va a ser la línea económica del Gobierno después de la derrota. Esa es la primera definición importante. Si el primer paso es querer echar a Guzmán, ¿para qué lo hacen?, es la pregunta que todos nos hacemos”, reflexionaba ayer a la tarde el ejecutivo de una cámara binacional ante LA NACION. Su preocupación no es menor: las empresas extranjeras a las que él representa tienen “enterrados” miles de millones de dólares en el país.
En las mesas de trabajo de muchos empresarios se discuten tres escenarios posibles en medio de la incertidumbre. En el primero, se asume que el Gobierno apuesta a mantener las mismas políticas, profundizando algunos aspectos para ganar la elección de noviembre y seguir igual los dos años de gobierno restantes. Dado que podría repetirse el resultado de las PASO, no lo ven viable, “salvo que proyecten que en 2023 vienen otros”, explica un directivo.
En el segundo, el que más esperan, sea cual fuere el resultado electoral, se avanza en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para garantizar el financiamiento necesario en los dos años por delante y enfrentar el 2023 con un plan de estabilización.
La eventual radicalización del Gobierno que parecía sugerir ayer la ofensiva K sobre el gabinete de Alberto Fernández es el tercer escenario bajo análisis, pero sobre el cual prefieren ni especular, aunque no lo descartan, dados los antecedentes.
“Si yo fuera el Presidente, no acepto las renuncias de quienes las presentaron y sigo adelante, buscando si es necesario el apoyo de Sergio Massa y su gente”, se esperanzaba el empresario binacional.
En esas oficinas, más allá de la incertidumbre reinante, se esperanzan con que el Gobierno se ubique en el segundo escenario, es decir, que avance en un acuerdo con el FMI.
Este es el principal interrogante que plantea la eventual renuncia del ministro Guzmán, que mantiene hasta ahora la negociación directa con el organismo. “Entiende de qué se trata, es muy bueno e hizo una muy buena negociación con la deuda privada. Creo que está tratando de hacer las cosas bien”, afirma Claudio Loser, exdirector del Hemisferio Occidental del Fondo. “Si viene otro, tendría que volver a empezar la discusión, y eso sería un problema bastante serio”, agrega.
De lo que nadie duda es que el staff del FMI va a pedir, si no un plan, al menos una hoja de ruta de cómo se propone el Gobierno alcanzar determinadas metas fiscales, monetarias y cambiarias. Y las medidas que se plantean hasta ahora, no parecen ir en esa senda.
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