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Por dónde pasa la reforma laboral que planea el Gobierno
Existe una Comisión de Diálogo Social que trata distintos temas y pretende llegar a consensos; la conforman el sector empresario, el sindical, el Gobierno y especialistas
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LA NACIONPaula Urien
"Reforma laboral" es un par de palabras juntas que el Gobierno siempre quiso evitar. De hecho hoy dicen desde los distintos ministerios que ellos no hablan de una "reforma laboral". Sin embargo, existe la idea en parte del oficialismo y también en el mundo empresario de que hay cosas que tienen que cambiar para que el mercado de trabajo, hoy con un 10, 1% de desocupación, según cifras oficiales, empiece a destrabarse. En este sentido, se enviaron cuatro propuestas al Congreso con propuestas de reformas que no prosperaron.
Como si fuera un Boca-River, hay dos conceptos de la Argentina que parecen no tener posibilidades de convivir: una que lleva a la protección total del trabajador, la otra que lleva a una mayor libertad del empleador para contratar y despedir. Sin embargo, hay una tercera vía de quienes dicen que, el éxito de unos y otros está "encadenado" y que no tiene que ser a través de la permanencia de uno en detrimento del otro.
"El Gobierno ya tiene diseñada una reforma laboral, con varios temas en debate. Hay una agenda establecida", dice una persona allegada al proyecto en curso.
"Estamos trabajando con todos los actores del mundo laboral, a través de las mesas sectoriales y de espacios de trabajo conjunto con los representantes de los trabajadores y los empresarios, como lo es la Comisión de Diálogo Social tripartita, para ir avanzando en los consensos necesarios que den respuestas a los desafíos que presenta cada sector", explican desde el Ministerio de Producción y Trabajo.
Ya mantuvo dos reuniones plenarias, a las que suman también especialistas en los temas que se debaten, como abogados y jueces, entre otros. La semana pasada, una subcomisión propuso realizar una jornada donde se debatió sobre las nuevas formas de trabajo. "La idea es que esta jornada sirva de insumo para que avance el debate", explican desde la Secretaría de Trabajo.
Si hay un proyecto laboral que interesa especialmente al Gobierno es el de blanqueo. Con la idea de que los consensos existían (es algo que interesa especialmente a los sindicatos porque aumentaría el número de afiliados), parecía que rápidamente iba a salir exitosamente del Congreso, pero no fue así. De hecho el último proyecto, bien acotado a este tema, y el primero en materia laboral impulsado por Sica, aún no fue tratado. "El contexto electoral hace más difícil este debate", admiten desde Producción. "Hoy, en nuestro país, hay 4 millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad, y no cuentan con la cobertura de salud y de seguridad social que les corresponde. Es un debate que debe ser dado", agrega un vicero del ministerio.
Desde el punto de vista legal, especialistas dudan de que pueda salir a través de un decreto, porque se produce la condonación de deudas que nacen del incumplimiento de la ley. Tiene que salir entonces por el Congreso.
Básicamente, al empleador se le perdonan las deudas por incumplimiento en la registración, y "los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el régimen tendrán derecho a computar aportes por hasta los últimos sesenta (60) meses de servicios previos a la reglamentación de la presente, o la menor cantidad de meses por la que se los regularice".
El hecho de haya más personas que aporten con sus sueldos a la seguridad social es una de las bases para que bajen los costos laborales, uno de los mayores problemas que tiene la Argentina para que crezca la competitividad y el empleo privado formal. "Nosotros tenemos alrededor de 6 millones de personas con un empleo formal desde hace por lo menos 8 años. Sin una reforma laboral la Argentina pierde competitividad y se hunde. Brasil tiene la mitad de costos laborales que nosotros y el doble de productividad", afirman desde e sector empresario.
Por otro lado, a fines de 2017, el gobierno envió al Congreso otro proyecto de 145 artículos, con varias reformas laborales en su propuesta, además del blanqueo.
Con él dio una visión general de por dónde pasa un esquema de cambio, por ejemplo en caso de indemnización por despido. No se trataba (ya que no prosperó en el Congreso) de una ley al estilo de la de los Estados Unidos, donde la indemnización es un beneficio que otorgan las empresas pero sin obligación. Aquí se intentó acotar lo que forma parte de la indemnización a la "mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año..." Dejó afuera el aguinaldo, horas extra, premios, compensaciones de gastos etc.
"La idea era retirar de la indemnización estos ítems, que conforman muchas veces más de la mitad del sueldo", dice el abogado laboralista Juan Carlos Cerutti. "Hoy la jurisprudencia dice que todo lo que se genera a través del trabajo y sin importar la periodicidad, debe formar parte de la base indemnizatoria. A muchos trabajadores, por ejemplo, las horas extra se les pagan todos los meses y pueden llegar al 30% de su remuneración".
Un gran capítulo, el segundo de este proyecto, es el fondo de cese laboral, a la manera del de la construcción. Las reformas, serán, sin dudas, las próximas batallas post elección.
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