Se necesita una reforma laboral que sea posible (y, además, deseable)

El Gobierno dio vueltas en relación con una reforma laboral que es inviable desde lo político, e innecesaria e inconducente en cuanto a los objetivos que plantea.

Los proyectos en cuestión contemplan una presunta flexibilización y el blanqueo. En relación con el primer ítem, la legislación permite hoy un grado de flexibilización laboral suficiente como para que esta cuestión no sea un óbice para crear trabajo. Es verdad que varios jueces no acompañan esta interpretación, porque siguen líneas que se bajan no desde la ley, sino de los políticos que los designan. Pero ese es otro problema. No necesitamos un proyecto antipático que parezca que restringe los derechos del trabajador.

En cuanto al blanqueo laboral, no va a llegar a buen puerto si simplemente se quitan las grandes multas a las empresas condenadas por trabajo mal registrado, sin resolver el problema de fondo. Porque si hay un empresario que corre el riesgo de tener a un trabajador mal registrado, con mucha mayor razón lo va a seguir corriendo si, sin otra novedad, le quitan la multa que actuaba como un incentivo a que no lo hiciera.

El verdadero motivo del empleo en negro está en dos cuestiones básicas: 1) es muy alto el costo laboral; 2) no hay, salvo cuando el tema se judicializa, una autoridad de aplicación que verdaderamente combata este problema y que penalice como corresponde. Por ello, la presentación de una reforma que tiene el uniforme de flexibilizadora no es una buena estrategia para modificar lo que el Gobierno, de buena fe, pretende modificar.

Existen a nuestro entender algunos elementos básicos para repensar la reforma, para que sea mejor aceptada por los actores del mundo del trabajo y para que, además, logre los objetivos planteados. Hay aspectos básicos que deberían ser tratados contemporáneamente y sobre los que no se debería discutir su enunciado -sí las formas y alcances-: bajar los costos y combatir el trabajo mal o no registrado.

Para disminuir los costos hay varios ítems que deberían analizarse: las cargas sociales, los costos laborales encubiertos, tales como algunas cuotas solidarias que pagan los trabajadores a los sindicatos y otros descuentos innecesarios, aportes del empresario a sindicatos con fines no prioritarios, costos del despido, etcétera.

Otra cuestión es que el blanqueo laboral debería involucrar no solo al Estado (que demostró una ineficiencia sospechosa en los controles), sino también a los sindicatos y a las cámaras empresariales. El éxito del combate debería redundar a favor tanto del Estado como de los sindicatos y empresarios.

Por último, es sabido que las pymes han sido históricamente la herramienta usada por los países para poner a sus economías en marcha. Y aquí también debemos pensar en leyes no de maquillaje sino de fondo. Debe analizarse el beneficio desde la producción y no desde la demagogia, priorizando a las industrias que le darían a la economía nacional un vuelo que siempre esperamos y que nunca llega. Todo esto requiere una planificación y un desarrollo.

Será necesario establecer pautas y hablar con los actores. Hay dirigentes sindicales que, si bien no tienen buena prensa, estarían dispuestos a hacer una reestructuración a costa de hacer menos hoteles para sus afiliados, si ven la posibilidad de un horizonte serio.

En un país con 30% de pobres, 40% de informalidad y alta inflación, enfermedades todas endémicas, la prioridad debe ser cómo cambiar esto y no determinados beneficios a ciertos grupos.

Hay que poner el caballo delante del carro. Bajar el costo laboral cambiando conceptos existentes para incentivar la producción y controlar el trabajo en negro es una prioridad. Y todos tenemos que perder algo para ganar. Por eso, hay mucho por hacer. Hay muchos costos superfluos para analizar y redireccionar. Con la actual estructura impositiva y de cargas sociales nos va muy mal. Hay gente muy capaz que puede aportar ideas y contenido a estos enunciados. Y una vez de acuerdo, los legisladores no podrán decir que no porque a tal o cual sindicalista o empresario no le gusta algo, ya que quedará expuesto ante el pueblo defendiendo un interés sectorial por encima del general.

El autor es abogado y socio del estudio AMZ & Asociados