Empresarios locales podrían estar en la mira de la Justicia de EE.UU.

Los argentinos que han estado leyendo sobre el escándalo de los cuadernos pueden haberse sorprendido al leer recientemente que las autoridades de Estados Unidos se han interesado en investigar el asunto. ¿Los ejecutivos de negocios argentinos podrían ser interrogados por el FBI la próxima vez que vayan de vacaciones a Miami? ¿Puede una empresa argentina estar sujeta a decenas de millones de dólares en multas? ¿Puede un ejecutivo terminar en una prisión estadounidense?

La respuesta a todas esas preguntas es sí. Esto puede parecer irónico para algunos, en un momento en el que el sistema de justicia argentino finalmente pareciera estar enfrentando la corrupción con entusiasmo. Pero también parece que las autoridades argentinas pueden tener cierta competencia, o potencialmente un nuevo socio.

La semana pasada, LA NACION informó que abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) visitaron Buenos Aires y se reunieron con los fiscales federales a cargo de la investigación de los cuadernos. Al escuchar esto, algunos podrían preguntarse qué alcance tendrían las autoridades norteamericanas para investigar la corrupción en la Argentina.

La realidad es que la ley estadounidense otorga a las autoridades el poder para investigar y castigar la corrupción transnacional, y quienes están a cargo de esta responsabilidad viven por exactamente este tipo de oportunidad. Bajo la administración de Barack Obama, cambiar la cultura corrupta de otros países mediante el uso del sistema de justicia era en realidad parte de la política exterior de Estados Unidos. La administración de Donald Trump, aunque no llega tan lejos en sus declaraciones, no ha mostrado signos de abandonar las investigaciones relacionadas con la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos (FCPA).

En la práctica, el Departamento de Justicia y la SEC frecuentemente trabajan en las investigaciones de la FCPA, y cada vez más lo hacen muy estrechamente con las agencias de investigación extranjeras.

Lo que a ellos les interesará es conocer si las empresas sujetas a su jurisdicción han realizado pagos corruptos a funcionarios gubernamentales para adquirir o retener negocios o han registrado entradas falsas en sus libros y registros con respecto a dichos pagos. Estados Unidos también podría evaluar si los emisores de acciones han mantenido sistemas adecuados de controles contables internos.

Entonces ¿deberían las empresas argentinas que no son emisoras dar un suspiro de alivio y simplemente enfrentar a la Justicia argentina? No tan rápido. Cuando alguien, sea compañía o individuo, de Estados Unidos o del extranjero, está involucrado en un esquema de corrupción y parte de este esquema se lleve a cabo en el interior de Estados Unidos, las autoridades norteamericanas pueden también tener jurisdicción geográfica sobre el delito.

Los fiscales federales estadounidenses tienen jurisdicción penal sobre actos de corrupción cometidos por funcionarios no federales, a través de una variedad de estatutos que castigan aspectos como viajar internacionalmente o entre estados, o usar los correos o servicios como Federal Express para promover o llevar a cabo sobornos o distribuir sus ganancias; fraude por el uso de comunicaciones interestatales o internacionales (como llamadas telefónicas o correos electrónicos), en que el objeto del fraude es la privación de los servicios honestos de otra persona (incluidos funcionarios extranjeros), y lavado de dinero.

Si estas cosas ocurren dentro de Estados Unidos, los fiscales pueden estar interesados en investigar usando estas leyes y la FCPA, que también se aplica a empresas y personas extranjeras, si ellos cometen actos dentro del territorio de Estados Unidos.

Incluso si una persona no estadounidense realiza alguna de estas cosas de forma no personal, Estados Unidos tiene leyes robustas para complicidad y conspiración. En el caso de la FIFA, los fiscales federales también utilizaron la poderosa ley contra el crimen organizado, llamada ley RICO. Los fiscales estadounidenses a menudo clasifican los esquemas complejos de soborno como una forma de crimen organizado, aunque no estén involucrados ni la mafia ni los narcotraficantes.

Finalmente, las penalizaciones en esta área pueden ser astronómicas. En el caso de la FCPA, de las diez sanciones más grandes jamás impuestas, la menor fue de US$412 millones. Y de las diez empresas en la lista, ocho no son estadounidenses. Aunque ninguna es argentina, muchos casos de la FCPA a lo largo de los años, por no mencionar nada de la FIFA, han involucrado sobornos a argentinos. Entonces, la corrupción en la Argentina no es un concepto nuevo para las autoridades estadounidenses.

Materia para la reflexión mientras Estados Unidos examina la evidencia.

Ex jefe de fiscales auxiliares y director gerente de Exiger en Nueva York

Daniel Alonso 

LA NACION

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