En Brasil, la salud fiscal es el mayor desafío del nuevo mandato de Rousseff

BRASÍLIA—El próximo ministro de Hacienda de Brasil, quien será nombrado en unas semanas, deberá lidiar con un creciente problema del gobierno: la falta de fondos.

Apuntalar las finanzas del país es crucial para evitar una rebaja de su calificación de crédito, que aumentaría sus costos de endeudamiento. Sin embargo, existen obstáculos económicos a corto plazo así como desafíos políticos para la presidenta Dilma Rousseff, quien enfrenta un Congreso más conservador y dividido que en su primer mandato.

Entre las primeras tareas está poner en orden sus cuentas fiscales. En las próximas semanas, los legisladores deben votar para relajar los requisitos presupuestarios que obligan a Brasília a cerrar el año con un considerable superávit.

Según esta ley, Brasil debería obtener ahorros para pagar deuda pública, lo que se conoce como superávit primario, de 99.000 millones de reales (US$38.600 millones) este año, o el equivalente a 1,9% del Producto Interno Bruto. Las cifras hasta septiembre muestran que el país tenía un déficit de 15.300 millones de reales. Algunos economistas proyectan que Brasília terminará 2014 con su primer déficit primario desde que la economía se estabilizó tras la hiperinflación de mediados de los años 90.

Si no se modifica la meta, el equipo económico del gobierno y la presidenta Dilma Rousseff podrían ser acusados de irresponsabilidad fiscal, un delito que podría llevar a que algunos funcionarios pierdan su trabajo. Se prevé que el Partido de los Trabajadores de la presidenta y sus aliados en el Congreso tengan los votos necesarios para evitar ese bochorno.

No obstante, la tensión subraya los problemas de Brasil desde la década pasada, cuando obtuvo grandes réditos de la exportación de materias primas como el mineral de hierro y la soya a China. El país eliminó casi por completo su deuda externa, lanzó programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y eludió lo peor de la crisis financiera global de 2008. Ahora, sin embargo, los precios de los commodities han caído y el crecimiento es plano, lo que complica las finanzas del país.

El gobierno atribuye el desequilibrio fiscal a la desaceleración mundial, lo que ha debilitado la economía brasileña. El país cayó en recesión este año. Brasília ha intentado estimular el crecimiento con recortes impositivos e inversiones públicas.

Los legisladores de la oposición sostienen que los problemas fiscales se deben al gasto descontrolado y una presunta mala gestión del gobierno de Rousseff, y prometen que no dejarán que la votación pase desapercibida. Bajo el mandato de Rousseff, los superávits del gobierno han menguado al tiempo que el endeudamiento ha aumentado. En septiembre, la deuda bruta era de 3,1 billones de reales, o 61,7% del PIB, frente a 2 billones de reales, o 55% del PIB desde que asumió la presidencia, en 2011.

El pedido de reducir la meta fiscal "es un reconocimiento al fracaso de la política económica (...) Gritamos contra eso", dice el diputado Antonio Imbassahy, un influyente miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña, la principal agrupación opositora.

Incluso dentro de la coalición de centro-izquierda de Rousseff la estrategia para relajar las metas presupuestarias no es bienvenida.

"Le dejaremos claro a la presidenta que su política falló y no aprobaremos el cambio tan fácilmente", afirma un diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que apoya al gobierno.

Mucho depende de la capacidad de Brasil de poner sus finanzas en orden. Este año, Standard & Poor’s rebajó la calificación del país a apenas un escalón por encima del grado chatarra, citando el débil crecimiento y el deterioro de las finanzas públicas. Más recientemente, Moody’s indicó que podría hacer lo mismo si las condiciones fiscales no mejoran.

La designación de un nuevo ministro de Hacienda podría apuntalar la confianza de los inversionistas, pero Rousseff no pa-rece tener apuros para hacerlo. El actual jefe de la cartera, Guido Mantega, quien perdió credibilidad con los mercados por sus previsiones equivocadas y erráticos cambios de política, dijo que dejará el cargo. La presidenta ha dicho que no nombrará un sucesor hasta al menos fines de noviembre.

El economista Nelson Barbosa, un ex secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda bajo Mantega y ahora profesor de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo, ha sido mencionado en la prensa local como uno de los principales candidatos. Su posible designación es vista como una señal de que no habrá un cambio drástico de las actuales políticas. Una vocera del ins-tituto no quiso comentar.

"Las opciones más probables indicarían una gradual corrección del curso de la gestión económica", señalaron analistas del centro de estudios Eurasia en un informe el mes pasado.

Pese a que algunos analistas dicen que Brasil necesita profundos recortes de gastos, un aumento de los impuestos o ambos para mejorar rápidamente el panorama fiscal, Rousseff podría ser criticada por hacer una cosa o la otra. La presidenta ganó una elección muy reñida con promesas de realizar grandes inversiones en infraestructura y expandir los populares programas sociales, atacando a su rival Aécio Neves como alguien que haría recortes sin piedad.

Un alza tributaria perjudicaría al sector empresarial y enfurecería a la clase media, que ya sufre los altos impuestos y una inflación que ronda 6,5%.

"El principal pedido de nuestra industria es una menor carga impositiva", dice Luiz Moan, ejecutivo de General Motors Brasil quien encabeza la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfavea). "La carga tributaria es un problema que se extiende también a otros sectores".

Un repunte del crecimiento podría elevar los ingresos fiscales y traer alivio, pero se prevé que la expansión sea de apenas 1% en 2015, según una encuesta semanal del banco central a 100 economistas.

—Edla Lula contribuyó a este artículo.