Escepticismo por nuevos controles

A cuatro días de puesta en vigor la ley de la DGI por la cual los consumidores que no piden factura pueden ser sancionados con severas multas, poco parece haber cambiado.

Una recorrida por diversos locales del microcentro reveló que los comerciantes miran con escepticismo la nueva disposición, le vaticinan corta vida y descreen de su importancia y de su capacidad de combatir la evasión.

Orlando Gallo (46) , de una galería comercial ubicada en Lavalle y Florida, vende sellos y papelería. Afirma que la ley que entró en vigor el 1¼ de agosto, "es injusta porque acá no está la gran evasión". Sin embargo, señala que sus clientes "son todas oficinas y siempre se tienen que llevar la factura para rendir cuentas". El cartel de la DGI que alerta sobre multas de entre 25 y 2500 pesos, se deja ver fácilmente y según cuenta Gallo, hace unos días, un inspector le hizo un control de rutina, pero no verificó a sus clientes cuando dejaban el negocio.

Claudio Daniel Guanella (31), socio de un local de comida rápida en la avenida Corrientes 583, está de acuerdo con la medida y sostiene que puede servir para acostumbrar a la gente a pedir su factura.

Pero destaca que "muchos compradores me dejan el ticket sobre la caja o cuando se los doy, lo tiran". Sin embargo, coincide con Gallo al advertir que "se debería buscar a los grandes evasores en otra parte y no en la calle con pequeñas compras".

Mirta Szwarc, empleada de una óptica en San Martín 280, no cree que la flamante exigencia pueda ser mantenida a largo plazo: "Al principio puede ser positivo y efectivo pero se va a diluir con el tiempo".

Por ahora, sus clientes no mostraron preocupación por la posibilidad de ser sancionados si no reclaman su factura, dice. Efectivamente y según pudo comprobar La Nación, la mayoría de los compradores se mostraron desinformados respecto de la nueva disposición.

Los comercios por su parte, ya exhibe el cartel que informa a los consumidores y los comerciantes parecen conocer la ley, aunque más por el sabio consejo de sus contadores que por una campaña de información pública de la DGI.

En la galería ubicada en Lavalle y Florida, Marisa Coronel (22), empleada de un local de fotocopias reconoce que la gente pide más facturas desde que se hizo pública la ley pero destaca que su situación "no cambió en nada porque siempre damos factura".

Exhibe casi con orgullo el nuevo cartel en letras verdes que alerta a los clientes de las posibles sanciones. La DGI todavía no se hizo presente en la puerta del local.

Juan Manuel Sáenz (54), que atiende un bar-quiosco, aclara que el comportamiento de la gente no cambió en nada.

"Los consumidores entran y salen rápido y la mayoría deja su ticket en el mostrador", indicó el comerciante.

Carlos Figueredo (30), empleado de una juguetería de Florida 474 reconoce que la obligación del comerciante de entregar la factura puede ayudar a que los compradores se acostumbren a la nueva modalidad. "Para el que hace las cosas bien, no cambia en nada su situación fiscal", afirmó.

Piden sentido común

Mientras el Gobierno ratificó ayer que la DGI podrá sancionar a los consumidores que no pidan facturas hasta que la Justicia no lo declare inconstitucional, el diputado oficialista Oscar Lamberto amenazó con impulsar la derogación de la ley de clausuras si no se hace un "uso racional de la norma y no se aplica con sentido común". El subsecretario de Política Tributaria, Guillermo Rodríguez Usé, aseguró ayer "hasta tanto no sea declarada inconstitucional (la ley) es válida, y la obligación del Poder Ejecutivo es aplicarla. Si no estaría incurriendo en incumplimiento de sus obligaciones".

La polémica sobre esta cuestión resurgió cuando el juez en lo Penal Económico, Julio Cruciani, opinó que la ley de clausuras, sancionada en diciembre e instrumentada en enero de este año, "es anticonstitucional y propia de la dictadura militar". La norma establece que los consumidores que gasten por más de 10 pesos están obligados a pedir facturas, porque si no podrán ser acusados de "cómplices de evasión".

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Oscar Lamberto, dijo a La Nación que si la DGI "no cumple el acuerdo que habíamos alcanzado en diciembre, de uso racional de la norma, enviaremos otro proyecto (al Congreso) para cambiar la ley".

"Una cosa es multar al que compra un auto y lo subfactura, pero otra es sancionar a quien compra una caja de chicles y no pide boleta", dijo Lamberto, quien recomendó a la DGI a aplicar la ley "con sentido común".

En tanto, el defensor del Pueblo, de la ciudad de Buenos Aires, Antonio Cartañá, exhortó a la DGI a "abstenerse de imponer a los consumidores" sanciones "que afecten su derecho como personas".

Silvani viajará el lunes próximo a Santa Fe para reunirse con comerciantes, días después que inspectores de la DGI "clausuraron locales y les dijeron a los comerciantes que si no apelaban debían pagar 300 pesos, pero que si lo hacían el reclamo sería denegado y terminarían pagando 3000 pesos", dijo Lamberto.

Sigue la polémica por la factura de crédito

Inflexible: el Gobierno no parece dispuesto a ceder ante la presión gremial empresaria para que se postergue la instrumentación del nuevo sistema.

Pese al creciente lobby que vienen realizando varias entidades gremiales empresarias, el Gobierno mantiene su voluntad de instrumentar desde el mes próximo la factura de crédito, un sistema que busca transferir garantías para que las pequeñas y medianas empresas (Pyme) puedan acceder a financiamiento bancario a menor costo.

"La decisión es firme y se mantiene. No creo que haya una nueva postergación como piden algunas entidades", confió a La Nación una alta fuente de Economía que admitió además que en el despacho del ministro Roque Fernández, "se acumulan los pedidos para retrasar la puesta en marcha del nuevo sistema".

La ley 24.760 La ley 24.760, sancionada y promulgada en diciembre del año último, elimina la factura tradicional y la reemplaza por la emisión obligatoria de un nuevo instrumento que intenta dar certidumbre sobre los plazos de cobro a los que vendan productos o servicios.

La nueva factura comenzará a utilizarse gradualmente desde septiembre próximo y será de aplicación universal en diciembre.

El objetivo es acotar lo que los especialistas llaman "abuso de posición dominante" en el mercado, una realidad que recrudeció en la plaza local con la aparición de las grandes cadenas de comercialización.

Con todo, la factura de crédito es conflictiva porque su instrumentación presenta algunas aristas administrativas que son controvertidas y deja a la vista un conflicto de intereses entre proveedores y compradores.

El comprador, al firmar la factura tras recibir la mercadería, deberá fijar una fecha para su pago que ya no podrá variar y que, de no respetar, le generará problemas con el banco al que haya recurrido el proveedor, dejando abierta la posibilidad de que la entidad lo ejecute.

Objeciones y apoyos

La norma dividió claramente las aguas: de un lado las cámaras empresariales que representan al gran comercio y las agrupaciones profesionales; del otro, los representantes de la pequeña y mediana empresa.

Pero más allá de la pelea aparecen algunos inconvenientes que son los que agregan una cuota de incertidumbre. "La norma implica un transtorno administrativo grave para las empresas, toda vez que supone un incremento de los trámites de autorización y el papeleo, lo que derivará en serios inconvenientes para la operatoria comercial", advierte una nota remitida al Ministerio de Economía por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Además, se cuestiona la inseguridad jurídica que supone su puesta en práctica. "Cualquier empleado de una empresa puede firmar la factura, con lo que lo transforma instantáneamente en un instrumento exigible de pago", objeta la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Pero desde el Gobierno creen que eso se soluciona "si las empresas confeccionan una nómina con los empleados autorizados a firmar la documentación comercial de la empresa", aclaró una fuente.

Por Javier Blanco

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