Estiman que el 80% de las campañas políticas se financian en negro

MAR DEL PLATA.- Financiación en negro, corrupción y narcotráfico fueron algunos de los términos que se escucharon en un intenso debate sobre los costos de la política en la Argentina del que participaron legisladores, jueces, empresarios y sindicalistas convocados con ese fin a un almuerzo reservado durante el Coloquio de IDEA. La convocatoria, impulsada por el Cippec, Poder Ciudadano y la Red de Acción Política (RAP), fue una de las novedades que incorporó la nueva conducción de IDEA para abordar un tópico que genera inquietud en los hombres de negocios y apunta a ampliar el abanico temático que se trata en el evento.

Un grupo de legisladores aprovechó la ocasión para presentar un documento elaborado en colaboración con las tres ONG impulsoras de la discusión.

Se trata del borrador de un proyecto de ley que apunta a seis problemáticas específicas: la falta de equidad en la competencia electoral, la falta de transparencia y rendición de cuentas y la falta de incentivos y de marcos de integralidad. A ello se suman un bajo compromiso de los medios de comunicación, riesgos de la captura por los sectores de poder y conflictos entre normas nacionales y provinciales.

Un representante del Poder Ejecutivo planteó que esa iniciativa coincide en un 95% con la propuesta que el Gobierno empezó a promover en la primera mitad del año y que luego dejó en suspenso ante el inicio de la campaña.

Allí proponía la bancarización de todos los aportes y la habilitación de los aportes privados hasta un 2% del total recaudado. Pero, básicamente, mencionaba la necesidad de instrumentar un sistema de control de gastos en tiempo real (admiten que los actuales reportes poscampaña "son un dibujo") y de regular la publicidad oficial. Incluso propone extender el período de campaña.

Quedó flotando en la audiencia, de más de un centenar de personas, que el próximo año se retomará la discusión sobre el capítulo más controvertido de la reforma política que fracasó en el Senado el año pasado (y que de hecho fue excluido en el texto final): los modos de financiación de las campañas.

Entre las propuestas emergieron declaraciones descarnadas de los distintos participantes. Uno de ellos, del oficialismo, dijo de viva voz que existe un consenso implícito en la Argentina "de que el 80% de la financiación de las campañas es en negro". Una integrante de una de las ONG les puso un valor formal a las presidenciales de 2015: US$ 25 millones de dólares. "La campaña vale más, tenemos que sincerarlo", reconoció.

Cuando el debate empezó a tomar temperatura, un empresario generó algún nerviosismo al decir de viva voz: "Cada vez los políticos gastan más plata porque tienen cada vez menos gestión. Como no les alcanzan los aportes formales, apelan a la corrupción". La incomodidad se percibió en uno de los organizadores del evento, quien reflexionó: "No podemos invitar a los políticos y después tratarlos de corruptos".

El tema logró una insólita coincidencia empresarial-sindical.

Uno de los máximos representantes de la CGT tomó la posta y ejemplificó lo que se podría hacer en materia de sanidad con los recursos que se gastan en la campaña. E inmediatamente, introdujo un tema tabú, al hablar de "las sospechas de que la plata del narcotráfico termina en las campañas".

Tras el postre quedó flotando en el ambiente una sensación dual. Por un lado, la satisfacción por haber incorporado el tema a la agenda del coloquio y haber logrado una buena participación de todos los estamentos involucrados.

Por el otro, una aún marcada cuota de escepticismo sobre la posibilidad de cambiar lo que se considera una consolidada cultura de la financiación ilegal, más allá de la adecuación que se intente de las normas.