Hay pandemias que sacuden y epidemias que elegimos no ver. La Covid-19 sacudió al mundo. Medidas de emergencia como restricciones a la circulación, aislamiento domiciliario y suspensión de actividades básicas, entre las que figuran las clases presenciales, formaron parte del combo al que apelaron los gobiernos como el argentino para evitar el colapso del sistema de salud y contener la propagación de un virus de alta contagiosidad, cuya letalidad crece entre adultos mayores.
Ahora bien, la rápida y firme reacción de las autoridades locales ante esta pandemia, sin entrar en el debate sobre la eficiencia de las medidas, tarea para especialistas capacitados en ese terreno, contrasta con la inacción o prescindencia adoptada con respecto a otros problemas de salud pública que merecen atención urgente.
Es el caso, entre otros, del sobrepeso y la obesidad, una epidemia global cuyo crecimiento silencioso en las últimas décadas afecta con mayor incidencia a los países de menores ingresos. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada entre septiembre y diciembre de 2018 por el Indec y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, (2018), seis de cada 10 argentinos tienen exceso de peso por autorreporte (la prevalencia creció 20% desde 2005). Ese informe también muestra que la obesidad creció un 75% en 13 años.
A nivel global, la OMS estima que el sobrepeso alcanza a 1900 millones de personas adultas, y que 600 millones viven con obesidad. Su propagación, a su vez, es un 30% más veloz en países pobres y en desarrollo, como la Argentina, que en los de mayores ingresos. Esta condición, estima el organismo, causa cuatro muertes de millones al año a nivel mundial. Desde que se tienen registros de Covid-19, el total de muertes asociado a este virus en todo el mundo es de 1,1 millones.
A diferencia de otros países de la región como Chile (2016), Uruguay (2018) o Perú (2019), la Argentina analizó, pero aún no avanzó, en un sistema de etiquetado frontal de alimentos que alerte a los consumidores sobre productos con elevado contenido de azúcar, sodio, grasas u otros componentes. Se trata de una de las múltiples políticas públicas respaldadas por la OMS y la OPS para concientizar a la ciudadanía y generar hábitos de alimentación más saludables, que en la región tiene a su vez el desafío de su homologación y unificación en el marco del Mercosur.
La Argentina es el cuarto país con mayor consumo per cápita de azúcar, y de acuerdo con la OPS, es junto a Chile y México, líder regional en cuanto a ventas per cápita de productos ultraprocesados, alimentos de baja calidad nutricional, alto contenido de azúcares, sodio y grasas, y elevado contenido energético. Pese a esto, el etiquetado frontal como política sucumbe ante el desinterés político y la perenne resistencia de la industria.
Semanas atrás, el presidente habló de la pandemia de Covid-19 y se mostró preocupado ante el hecho de que “un virus imperceptible a la vista humana sea capaz de destruir tanto”. Tiene suerte. La otra pandemia tiene un origen bastante más fácil de encontrar. Alcanza con ir al supermercado.
