Fuerte crítica de la Presidenta a Bunge
"Cuanto más ganan más evaden", dijo Cristina Kirchner vía Twitter; la empresa vinculó el allanamiento con un pedido de la AFIP
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La guerra está abierta y el final es incierto.
Por la mañana, desde Alemania, vía la red social Twitter, la presidenta Cristina Kirchner dijo: "La Cerealera Bunge habría evadido impuestos a las ganancias por $ 1200 millones. Increíble, cuanto más ganan más evaden". Luego escribió: "El 17 de marzo envié a la Cámara de Diputados un proyecto para que fueran presos los grandes evasores" y criticó: "¿Qué pasó con este proyecto que defiende los intereses de los argentinos? Nada. Duerme el sueño de los justos".
Diez horas después, su esposo, Néstor Kirchner, repitió la acusación en Vicente López y la relacionó con la falta de apoyo de los legisladores de la oposición para aprobar ese proyecto y con las medidas cautelares presentadas contra la ley de medios. Un día antes, altas fuentes de la AFIP dijeron que el allanamiento a Bunge se trataba del caso de evasión más grande de la Argentina.
Semejante andanada oficial tuvo una respuesta de la empresa, que, mediante un comunicado, deslizó ser objeto de una conducta extorsiva por parte del Gobierno. Por primera vez, Bunge relacionó el allanamiento en 44 de sus oficinas distribuidas por todo el país con una reunión en la que el jefe de la AFIP les pidió a los exportadores de granos que paguen un anticipo del impuesto a las ganancias.
Bunge, que tiene a Raúl Padilla como CEO de Agribusiness a nivel global, afirmó que lamentaba "tener que hacer notar la coincidencia" del operativo "con la reunión convocada por altos funcionarios del gobierno nacional y realizada el 20 de septiembre pasado en la AFIP, en la cual se exigió a las empresas del sector, entre ellas, a Bunge, Argentina, el pago de un anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias -no amparado en norma alguna-, advirtiendo que la falta de pago implicaría la generación de serios problemas a las compañías y a sus directivos. No podemos dejar de relacionar este grave hecho con el allanamiento realizado y las imputaciones formuladas". Aunque en la firma no lo aclararon, distintas fuentes del sector granario dijeron que los representantes de Bunge no aceptaron el pedido de Echegaray.
Además de las cerealeras, las compañías automotrices y la industria avícola recibieron el mismo pedido por parte de la AFIP. Antes de esos reclamos, el organismo oficial hizo trascender a la prensa datos sobre la supuesta evasión tributaria de esas industrias.
El organismo recaudador también expresó su intención de cobrar anticipos del impuesto a las ganancias a aquellas empresas que utilicen paraísos fiscales en sus operaciones de comercio exterior.
En la mira de la AFIP están la industria petrolera, la minería, el sector pesquero y los exportadores de maní, que realizan operaciones con paraísos fiscales radicados en Barbados y en las islas Caimán.
En cambio, las compañías cerealeras se defienden y argumentan que operan dentro de la ley, ya que la utilización de esos paraísos fiscales es una práctica habitual en el comercio exterior.
Funcionarios de la AFIP dijeron anteayer que la firma declaraba ventas en las zonas francas de Uruguay para tener una menor tributación de Ganancias cuando el destino de los granos y subproductos que exportaba era otro.
En el comunicado de ayer, Bunge Argentina afirma que pagó impuestos a las ganancias por más de 246 millones de pesos en 2006 y 2007, pero en 2008 tuvo pérdidas y pagó el impuesto a la ganancia mínima presunta por más de 33 millones de pesos. "Finalmente, en 2009 y a raíz de ilegítimos reclamos de la Aduana al sector agroexportador, Bunge Argentina SA debió constituir una previsión de más de 426 millones de pesos, que le produjo una pérdida en su balance impositivo, pagando de todos modos más de 30 millones de pesos de impuesto a la ganancia mínima presunta", añadió.
Sin fundamento
Por ese motivo, según la empresa, el allanamiento pedido por la AFIP y dispuesto por el juzgado federal de Río Cuarto no tenía sentido ya que "la documentación secuestrada tampoco aporta elemento de juicio que pueda sustentar la imputación de delito alguno". Y añadió: "No existió fundamento para justificar el allanamiento de nuestras oficinas".
Fuentes allegadas a la compañía cerealera dijeron que más allá del allanamiento no hay ninguna notificación oficial sobre la causa que se investiga. La empresa afirmó que se pondrá a disposición de la Justicia y que la relación con el Estado nacional "es franca y abierta".
El resto de las compañías exportadoras de granos, habitualmente cultoras del bajo perfil, no se pronunciaron sobre la investigación que recae sobre Bunge. No obstante, diferentes voceros dijeron que temen una acción similar por parte del organismo recaudador.
Hasta este conflicto el Gobierno mantenía una buena relación con las empresas exportadoras de granos y productos oleaginosos, como la harina o el aceite de soja. De hecho, se habían adaptado al mecanismo de Registros de Operaciones de Exportación (ROE) para las exportaciones de trigo, maíz y soja.
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