Habrá planes de hasta 60 cuotas para saldar deudas con la AFIP: cuáles serán las condiciones

La AFIP pondrá a disposición planes de pago de hasta 60 cuotas y con una tasa de interés topeada en el 2,5% mensual en el caso de las pymes, para saldar obligaciones impositivas y de la seguridad social adeudadas que hayan vencido hasta el 31 de enero pasado. La medida es una de las anunciadas por el Gobierno para intentar algún efecto reactivador, en una coyuntura marcada por la recesión y la muy elevada tasa de inflación. Según se anunció, se incluirán deudas por tributos como el IVA, Ganancias y Bienes Personales. Y se habilitará la opción de refinanciar las deudas incluidas en el plan llamado Puente II.

La tasa de interés por el financiamiento de 2,5% será, en principio, solo para pequeñas y medianas empresas, monotributistas y autónomos, que deberán ingresar como pago a cuenta el 1% de lo adeudado. Si otros contribuyentes quieren obtener esa tasa deberán ingresar un pago inicial, al ser aprobado el plan de cuotas, equivalente al 20% de la deuda. Según se anunció, la primera cuota vencerá el 16 de septiembre sin importar en qué fecha se haya registrado el plan. Y la adhesión podrá hacerse entre el 15 de mayo y el 31 de agosto próximos, aunque la alternativa de ingresar el 20% a cuenta para obtener una tasa menor estará disponible solo hasta el 25 de junio.

Además de intereses más elevados, las grandes empresas que no ingresen al plan con un pago de anticipo incrementado tendrán plazos con topes inferiores a las 60 cuotas. Los planes serán de 36 meses si se aporta un pago a cuenta del 5% y de 48 meses si el anticipo equivale al 10%.

Los planes actuales de la AFIP para regularizar situaciones de mora son de hasta 8 cuotas (meses atrás rigió uno excepcional de hasta 48). Y, con respecto a los costos, el Ministerio de Hacienda dispuso recientemente un nuevo mecanismo de fijación y actualización de los intereses resarcitorios y punitorios, algo que, en la práctica, representó un incremento no solo de esos conceptos, sino también de los intereses aplicados por el financiamiento propiamente dicho.

Por el mes de abril, la adhesión a los planes de pago regulares (los ya vigentes) tienen intereses por financiación de entre 3,25% y 3,76% mensual. Solo en el caso de micro, pequeñas y algunas de las medianas empresas se aplica un tope equivalente a 3% mensual, por una medida excepcional. Ese 3% era el máximo costo por pago en cuotas que estuvo vigente hasta hace unos meses para todos los contribuyentes; es decir, hasta antes de las modificaciones al sistema dispuestas por resolución.

En rigor, lo que cambió esa normativa, aprobada en febrero, es la manera de calcular los intereses resarcitorios, que son los que se aplican desde el momento en que vence la deuda y hasta la adhesión al plan de pagos. A partir de este mes y según lo dispuesto, se calculan en función de los rendimientos de los plazos fijos del Banco Nación a 180 días, con actualización trimestral. Como los intereses por financiación no pueden superar a los resarcitorios, en la práctica se generó un incremento del costo que tiene entrar a un plan de cuotas, porque se elevaron esos topes (que en la práctica, estaban aplicándose).

La nueva medida anunciada ahora por el Gobierno, si bien está bien vista porque vuelve a reducir los intereses y porque da mayor cantidad de cuotas, fue evaluada como insuficiente por tributaristas consultados por LA NACION. En rigor, desde el sector esperaban una medida más profunda: concretamente, el envío de un proyecto de ley al Congreso para que se apruebe una moratoria, con inclusión de un perdón a las sanciones previstas por los incumplimientos. De hecho, cuando se incrementaron los intereses de planes de pago, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires le había enviado una nota al ministro Nicolás Dujovne, rechazando la medida y reclamando una ley de moratoria.

"La percepción es que lo anunciado es poco; en la actual situación se estaba esperando algún tipo de moratoria u otro tipo de plan de facilidades", opinó José Luis Arnoletto, presidente de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Sí valoró que los costos de financiamiento sean inferiores a las tasas bancarias y que los plazos de pago se hayan extendido. Pero evaluó como "malo" el hecho de requerir un pago a cuenta alto (para obtener la tasa de 2,5% si no se es una pyme), "lo cual muestra que el gobierno tiene una necesidad de plata de corto plazo". Una cuestión que lamentó Arnoletto es que el plan no esté distinguiendo entre quienes no pagan a tiempo porque no quieren y quienes no pagan porque realmente no pueden. Según concluyó, "ayuda y suma, pero deja un gusto a poco".

También el abogado Diego Fraga, especializado en materia tributaria, consideró que lo dispuesto es "insuficiente para la situación que están viviendo las empresas, sobre todo las pymes". Y agregó: "Es un pequeño alivio, pero entiendo que las empresas y contribuyentes que tengan la mínima posibilidad de dilatar el pago en el tiempo, con recursos legales vigentes, lo harán, a la espera de que después de las elecciones haya una moratoria amplia".

Para César Litivin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, una condonación de parte de los intereses y de todas las sanciones previstas por haberse demorado en el pago de impuestos (algo que solo podría disponer una ley del Congreso de la Nación), "es la única forma de poder descargar la mochila de deudas fiscales" que acumularon muchos contribuyentes. Sostuvo que el nuevo plan de pagos resulta atractivo, pero que "no termina de solucionar la problemática de muchas empresas en la actual coyuntura económica y financiera". Para cumplir con ese objetivo, insistió, "la llave la tiene el Congreso". Pero, por ahora, el Poder Ejecutivo decidió no impulsar el debate sobre ese tema.

Por Silvia Stang

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