Insisten en el Proyecto Joven

Con la llegada del Año Nuevo y con tres años de experiencia en la que no faltaron las críticas, se puso en marcha la segunda etapa del Proyecto Joven. Un programa de capacitación y pasantías financiado de manera conjunta por el Estado nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde 1994 más de 108.000 personas de todo el país pasaron por esta inciativa que busca ocupar momentáneamente a desempleados o dar algunos elementos para reingresar en el mercado laboral a jóvenes de bajos recursos (hogares con un ingreso promedio de $ 120).

Durante los tres primeros años de implementación se oyeron fuertes advertencias sobre la efectividad del proyecto. Desde ámbitos gubernamentales y privados se escuchó decir que hubo casos en que un mismo capacitador dictaba clases sobre materias prácticamente incompatibles, que se daban cursos que nada tenían que ver con las necesidades laborales de la región, entre muchas otras.

"En esta segunda parte se les solicitó a los gerentes de región que sean ellos los que decidan cuáles son las especialidades en las que se necesita hacer hincapié. Así fue como muchas actividades quedaron descartadas", aceptó Adolfo Donadini, director ejecutivo del Proyecto Joven.

Donadini reconoció que la preparación de playeros de estaciones de servicio y la capacitación de mozos quedaron en el camino. "Pero éste es un tema muy discutido porque gracias a estos cursos se incorporaron en el interior las primeras mujeres playeras de estaciones de servicios. Parecería que es sólo agarrar una manguera. Pero no es así. Hay una atención al cliente, un ofrecerle cosas, hay que tener conocimientos técnicos del auto", justifica el director ejecutivo.

"Yo también oí esas críticas, pero se trataron de casos aislados. El proyecto ha funcionado muy bien. Fue una tarea muy compleja, es muy difícil actuar con sectores tan grandes, tan necesitados. Se pasa a ser una entidad que trabaja con el menudeo, es mucho más fácil hacer una carretera. Acá son miles de personas", le dijo a La Nación , José María Puppo, representante del BID en la Argentina.

Antes y después

El balance de la primera parte del proyecto arroja los siguientes resultados: 108.088 concursantes a agosto último, 6185 cursos contratados, 21.928 empresas participantes, 1393 instituciones capacitadoras (el 10,6% fueron empresas en forma directa o por medio de sus cámaras o federaciones), 149,8 millones de inversión de la que participaron el Gobierno y el BID en un 30% y un 70%, respectivamente.

Las empresas chicas fueron las que más pasantes recibieron. Las pequeñas lo hicieron en un 49%, las microempresas en un 28%, las medianas en un 16% y las grandes firmas sólo tuvieron una participación del 7 por ciento.

La mayor parte de los cursos estuvo dedicada a temas de servicios (44,9%), un 37,5% a la industria y el 17,6% restante al sector agropecuario, forestal y minero.

Los participantes del programa fueron varones (60%) y mujeres (40%) que, en conjunto, el 85% estaba desocupado antes de iniciar el curso, un 9% se encontraba subocupado y el 6 por ciento restante era inactivo.

Los resultados de los estudios de impacto del Proyecto Joven arrojan que la ocupación de los concursantes varones creció 2,9 veces al año seguiente de haber terminado el curso, mientras que en las mujeres esta relación aumenta a 3,7 veces.

"Este proyecto no fue formulado como una solución al problema de la desocupación, ya que ésta apareció más tarde, sino como una forma de insertar a jóvenes con dificultades en el mercado laboral. Nosotros pensamos que la Argentina tiene que ser para América latina una especie de guía, para que con su grupo de gente nos ayude a implementar esta iniciativa en otros países. Y de hecho, así lo vamos a hacer", rescató Puppo.

La segunda parte del proyecto tiene objetivos más amplios: capacitar a 180.000 jóvenes, una inversión de 250 millones de dólares.

A la vez, se limitó el campo de acción a jóvenes de entre 16 y 35 años (en la primera etapa no había límite de edad) y se amplió la cantidad de horas de capacitación que pasan de un promedio de 220 horas a 300 horas.

También se establecieron nueve áreas de desarrollo. Hotelería y turismo, agropecuario, metalmecánica, construcción, manejo de PC, son algunas de ellas.

La obligación de que las instituciones de capacitación (ICAP) sean personas jurídicas fue otro de los cambios incorporados con objeto de enfrentar las críticas de la primera etapa, que apuntaron en particular a las ICAP físicas, es decir a personas individuales.

"El principal resultado de esta iniciativa es que la gente sale más preparada para conseguir mejores empleos, más estables, dentro de la ley y mejor remunerados. Además, les recompone la autoestima. Entre un 15 y un 20% ha retomado sus estudios", explica Donadini.

"Esperemos que el nuevo gobierno insista con este programa, aunque sea con esfuerzos propios. Sería muy importante porque en la medida en que se vaya ejecutando va a tener mayor efectividad", finalizó el representante del BID.

Por Por Laura Luz Ojeda

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