Internas en el FDT: la lectura de los economistas tras la proclama del kirchnerismo

Entre la amenaza del default y las intenciones de arreglar con los acreedores, el calendario de la deuda empieza a llegar a sus fechas clave. Entre las buenas señales del frente externo, con el alto precio de la soja que permite una recuperación de las reservas, y las disputas dentro del oficialismo en cuanto a la gestión de la deuda, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán tienen en sus manos un tema clave del año electoral.

La urgencia es el Club de París, esa organización de países acreedores ante el cual la Argentina enfrenta un vencimiento de US$2400 millones a fin de mes. Si bien existe un período de gracia de 60 días para concretar ese desembolso, la intención del Gobierno es lograr postergar ese pago un año. Esa fue la misión clave del viaje de Fernández por Europa, que concluyó con declaraciones de intención y sin avales o declaraciones oficiales.

Pero el desafío de la deuda no concluye en ese momento. Porque en el segundo semestre, el país tiene en su calendario otros pagos con el FMI por alrededor de US$5000 millones, correspondientes a intereses de los US$44.000 millones que la gestión de Mauricio Macri recibió del organismo en 2018, en el marco del programa stand-by. En este punto, el plan del Gobierno apunta a lograr un recorte en la sobretasa y extender los plazos, con un anunciado programa de facilidades extendidas que, de momento, no tiene mayores definiciones.

“La Argentina tiene que pagar este año US$7500 millones. Hoy las reservas netas son US$7500 millones, y van a entrar otros US$4400 millones de los DEG del FMI, con lo cual plata para cumplir esos compromisos, hay. Pero cualquier desperfecto en lo cambiario te lleva a directo a una devaluación. Entonces el dilema no es acordar o no, o pagar o no, sino qué pasa con las reservas”, dice Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Al cierre de la semana pasada, las reservas brutas del Banco Central sumaban US$41.591 millones, con un incremento de US$2204 millones favorecido por el crecimiento de las exportaciones y la suba en el precio de la soja. Además, la decisión del FMI de ampliar la emisión de derechos especiales de giro (DEG) para distribuirlos entre sus países miembro tendrá un impacto positivo: a la Argentina le corresponden alrededor de US$4400 millones, en un desembolso que, si bien no se confirmó, se daría en los próximos meses.

Este punto abre diferencias internas. Porque mientras Fernández y Guzmán negocian con líderes europeos y la directora gerenta del FMI, el sector duro del kirchnerismo, principal accionista dentro del Frente de Todos, busca condicionar esas decisiones. Luego de la declaración (no vinculante) aprobada en el Senado, que intenta limitar el uso de los DEG para gasto relacionado con la pandemia y no para el pago de deuda, ayer un grupo de legisladores, sindicalistas y juristas identificados con el kirchnerismo firmaron una proclama, impulsada por la legisladora Fernanda Vallejos que se titula “Primero la salud y la vida, después la deuda”, que reclama condiciones al FMI.

Según economistas consultados por LA NACION, estos documentos tienen peso en la dinámica política interna, pero su impacto en el contexto internacional es diluido. “Son cosas que no ayudan, pero si es para lo interno no tiene demasiada influencia”, sostiene Martín Vauthier, director de Eco Go.

Y más allá de estas disputas políticas, que dividen al oficialismo, la negociación se dirime entre lo que pide la Argentina, lo que ofrece en ese marco y los condicionamientos que imponen los acreedores.

“La gran discusión es lo fiscal, pero sería un error de gestión tener tantas reuniones con tantos líderes a nivel global y no arreglar nada. No descartaría un acuerdo antes de las elecciones, y le daría más trascendencia a las negociaciones de Fernández y Guzmán que a las cosas que pueda hacer o decir el bloque de senadores del FdT”, dice Rajnerman.

“Hay margen para que las conversaciones lleguen a un acuerdo. A priori, lo que piden Fernández y Guzmán es postergar vencimientos y rever el tema de la sobretasa, y no hubo ninguna declaración que no estén dispuestos a verlo. Pero cuando uno pide, tiene que estar dispuesto a ceder, y ahí puede haber tensiones al interior del Frente de todos”, dijo Julia Segoviano, economista de LCG.

Con respecto al Club de París, la analista sostiene que los intereses están “alineados” en cuanto a la posibilidad de concretar una postergación en los pagos. “De todas maneras, está bastante ligado con el FMI. Están dispuestos a postergar los pagos para más adelante y que así el país no entre en una cesación de pagos disruptiva o en malas condiciones. Entrar en un default con el FMI es estirar la agonía por tiempo infinito”, dice Segoviano, en referencia al déficit fiscal y el nulo acceso al financiamiento que impone mayores necesidades de emisión monetaria, más allá de la mayor recaudación fiscal por el alto precio de la soja. “Es un shock positivo, pero no sabemos si es transitorio o permanente”, acota.

Para Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, hay una estrecha relación entre las gestiones con el FMI y el Club de Paris. “Sin un acuerdo con el FMI, el Club de Paris no puede ir hacia ningún tipo de arreglo posible, es una condición necesaria. Pero también saben que Argentina no va a cerrar con el FMI hasta después de las elecciones y, como el default no es un evento automático en ese caso (y el monto es bien insignificante para ellos, no para nosotros), prefieren esperar a que haya una clara resolución. Naturalmente el core va a ser la negociación con el FMI, la credibilidad de ese programa y las chances de que eso llegue a buen puerto”, dice.

En esa misma línea se ubica Vauthier, quien advierte tres posibilidades. “Una es que no haya acuerdo y que Argentina termine en default, sea con el FMI o con el Club de París. Eso sería un escenario muy negativo, con impacto sobre las expectativas, que ya están muy golpeadas, y el precio de los bonos, además de tener implicancias geopolíticas, porque el Club de París es un organismo en el que están los países más importantes del mundo, igual que en el FMI”, sostiene el economista.

“La segunda consecuencia es no acordar y pagar con reservas. Es una señal negativa porque daría la señal de que no hay intención de avanzar con un plan para revertir expectativas, porque el stock de reservas, más allá de la recuperación de los últimos meses y la recuperación esperada con la liquidación de la agroindustria, sigue siendo bajo y el balance sigue deteriorado”, agrega.

“El tercer escenario es el más positivo para la economía en términos de expectativas, y es lograr reprogramar los vencimientos en el marco de un programa económico, fiscal, financiero, y monetario que brinde previsibilidad. Pero hay que ver si hay margen para que el acuerdo se pueda dar después de las elecciones, teniendo en cuenta los condicionamientos políticos que eso generaría”, sostiene.

Según Rajnerman, el principal punto de debate entre el Gobierno y el FMI tiene que ver con los números del sector público. “El FMI pide correcciones fiscales, y lo que está en discusión es la meta fiscal para 2022 y evidentemente el Gobierno no quiere ceder. Lo otro que puede pedir es el tema cambiario y que el BCRA no intervenga, como le pidió a Cambiemos en 2018 y fue el gran error”.

Para Paolicchi, “Argentina tiene muchísimo más para perder en un default con el FMI que el propio FMI”, por las consecuencias sobre las expectativas, las variables financieras y el escenario macroeconómico. “Hace unos meses, lo del FMI funcionaba como un sello de calidad de cara al programa macro, pero ese programa macro no aparece (y difícilmente aparezca antes de las elecciones donde siempre se caracterizan por priorizar el corto plazo) y será una asignatura pendiente para después”, concluye.

Por Esteban Lafuente

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