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Intervención “parcial” a Edesur: una aventura del Gobierno que no tiene sustento jurídico
La legislación local no establece esa posibilidad para una sociedad anónima; en 2012, cuando se intervino YPF, luego tuvo que ser privatizada y más tarde se pagaron US$5000 millones
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LA NACIONDiego Cabot
La confusión que expresa el Gobierno en el caso Edesur empieza en un hecho que ya lleva dos décadas y que se convirtió en un punto central del llamado “relato kirchnerista”. Los cortes en el suministro de electricidad en miles de hogares metropolitanos se explican por la falta de inversión; y esa falta de inversión es producto de años donde el kirchnerismo blandió la bandera de que los servicios públicos se entregan a precio de regalo.
El último capítulo de la zaga está escrito sobre un postulado que no tiene sustento jurídico: la intervención por área de una sociedad. Se trata de una nueva movida en la que el común denominador es la sobreactuación de medidas inconducentes. Como se dijo, mantener el relato pese a todo.
La legislación argentina no establece ninguna posibilidad, al menos legal, de intervención parcial de una empresa. Los abogados del Estado saben perfectamente que Edesur es una sociedad anónima que tiene como objeto social la explotación de la concesión de un servicio público que el Poder Ejecutivo puede rescindir ante un incumplimiento contractual.
¿Qué más podría hacer? Las medidas son concretas y puntuales. Por un lado, en caso de que haya alguna irregularidad societaria, usar el brazo regulatorio que le da la Inspección General de Justicia (IGJ) para poder intervenir en las cuestiones técnicas, no comerciales, de una sociedad. De hecho, su titular, Alberto Nissen, ya ha prestado los servicios al ente para alguna otra ocasión de enojo temporal con alguna compañía.
La otra opción es el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), que sí podría actuar en cuestiones técnicas, aplicables al contrato de concesión, o directamente y mediante una resolución, intervenir la empresa totalmente. Ni siquiera sería necesaria la firma del presidente Alberto Fernández en un decreto.
Solo un dato para agregar. Desde 2014, durante la gestión energética de la dupla Julio De Vido y Roberto Baratta, el organismo de contralor colocó 30 personas en las zonas técnicas de la empresa. Desde entonces, esos empleados cobran un sueldo del ENRE y prestan servicio en las áreas específicas de la firma. Además, el ENRE nombró una veedora, que está en Edesur.
Deviene una pregunta entonces: ¿Por qué no lo hace? Y la respuesta pareciera que tiene que ver con los problemas reales de los cortes, la falta de planificación a largo plazo de una infraestructura cada vez más demandada que con la mala gestión puntual. Sabe, además, otra cosa: nada de esto se revierte en el corto plazo.
La intervención, además, tendría otro aditamento. A diferencia del veedor, que pide información y reporta, el interventor tiene funciones mucho más amplias. Al punto de que varias de las responsabilidades que ahora tiene el directorio quedarían suspendidas y pasarían a la cabeza de ese interventor. Nuevamente, se resiente un punto neurálgico del relato kirchnerista, ya que la búsqueda de culpables ajenos, central en su discurso, se quedaría sin el malo de la película ya que los problemas serían propios.
Hay un antecedente que no es menor a la hora de entender los sobreactuados pasos del Gobierno. En abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner, firmó un decreto 530/2012, mediante el que intervino la empresa YPF por 30 días.
Inmediatamente, su gente, De Vido, Baratta y el ahora gobernador, Axel Kicillof, desembarcaron en la empresa y tomaron el control físico hasta de los despachos. Luego sí, llegó la ley de expropiación de las acciones de la petrolera española Repsol. Pero el inicio fue una intervención.
Aquella aventura terminó con el reconocimiento de un pago a la firma ibérica por alrededor de 5000 millones de dólares por el 51% de las acciones, es decir que valuó la firma en 10.000 millones de dólares.
La caída de la red eléctrica, de Edesur, pero también de centenares de localidades en las que se corta el servicio cuando el calor, el frío, la lluvia o el viento lo disponen, es producto de la precariedad de la infraestructura argentina.
La abrupta salida de la convertibilidad destrozó los contratos que se firmaron cuando una moneda de un peso tenía el mismo valor que un dólar. Desde entonces pasaron 22 años, un tiempo suficiente como para reconstruir una trama regulatoria que, para este tipo de industria, es uno de los activos más importantes.
Para que se entienda. Si en un país con un sistema bancario al servicio de la inversión, no el argentino, claramente, un comerciante tiene un kiosco en un determinado lugar y va al banco a pedir un crédito para expandir su comercio, la entidad le va a preguntar varias cosas. Por caso, no sería lo mismo que actualmente el lugar esté ubicado en una avenida por donde ahora pasan dos colectivos y que prevea que en un futuro cercano reciba a 20 líneas. Habrá más pasajeros. O lo que es lo mismo, si la expansión se requiere para abastecer un flujo de tránsito que cambiará por alguna situación en particular y que llevará a que por esa vereda circulen miles de transeúntes y no decenas. Ese esquema de condiciones en las que se va a desarrollar un determinado negocio podría llamarse marco regulatorio.
En el caso del servicio de electricidad, que realiza o debiera realizar inversiones a largo plazo, pues ese sistema normativo que encuadre la explotación no existe. Y no existe por decisión de los cuatro gobiernos kirchneristas que hicieron del subsidio a la emergencia energética una enorme fuente de dinero, financiamiento, negocios y política.
Ahora, los tiempos urgen. El Gobierno sabe que ninguna medida de ceño fruncido mejorará el servicio en el corto plazo. Con una intervención o con una estatización, quedarían en manos del termómetro y asumirían la titularidad de un problema sedimentado en décadas. Deberán desempolvar el manual de excusas y ver si la sequía, la pandemia, Vladimir Putín o Ucrania se pueden usar en este caso. Mientras tanto, y al tiempo que se sobreactúan medidas inconducentes y sin sustento jurídico, qué mejor que el culpable sea otro.
