Investigarán la compra de bonos de un banco
MONTEVIDEO (De nuestro corresponsal).- La compra de bonos del Banco Montevideo que una sociedad de corredores de Bolsa hizo el viernes pasado, justamente cuando esa institución era intervenida por el Banco Central del Uruguay, pasó a ser objeto de especulaciones este fin de semana respecto de un probable escándalo por "uso de información privilegiada en beneficio propio".
Altas fuentes del gobierno dijeron que se sentían "sorprendidos" de que se hubiesen concretado esas operaciones y dijeron a LA NACION que será necesario investigarlo de acuerdo con la ley de mercado de valores.
La magnitud del problema se da por una cláusula de la emisión de estos bonos, que indica que en caso de ser intervenido por el Estado, los valores se hacen exigibles. Supuestamente, quienes compraron el viernes los títulos a 41% del valor nominal, ahora pueden cobrar el 100% y sin esperar al vencimiento, que es en abril de 2008. Según fuentes del mercado, la sociedad de corredores que compró los bonos tendría lazos familiares (en más de un caso) con los directores del Grupo Velox, dueños del Banco Montevideo. "¿Sabían a la hora de comprar que ya estaba dispuesta la intervención del banco?", se preguntaron algunos corredores.
"¡Mías!"
En la primera rueda de operaciones, el corredor Raúl Elgue ofrecía bonos de este banco (que eran de un cliente) y no conseguía compradores. Un colega le preguntó: "¿A cómo vendés?" Elgue respondió: "a 41 (por ciento)", y recibió otra consulta: "¿y cuántas tenés?" "77 mil", respondió. Su interlocutor se dirigió a un colaborador y le dijo: "Compralas". "¡Mías!", expresó el mandatario, al concretar la primera de las siete compras de esa tarde, todas a 41%.
Elgue aclaró a LA NACION que no conocía la cláusula por la que los títulos que vendió a 41% se hacen exigibles a 100%. "Se ve que estaba en la letra chica del prospecto de emisión; no lo sabía...", y aclaró que no acusaba a quienes le habían comprado.
El artículo 65 de la ley de mercado de valores -que establece las "normas de conducta comercial"- impone un régimen de sanciones que incluye "la utilización de información privilegiada en beneficio propio o de terceros vinculados, que aún no haya sido divulgada oficialmente al mercado, y que sea de carácter reservado".
Según fuentes económicas, el gobierno entiende que no es seguro que haya que amortizar a 100% todos estos bonos debido a la intervención. "Eso se investigará; pero también habrá que analizar si hubo una inconducta en la operativa y adoptar las medidas más severas que correspondan", dijo un vocero.
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