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Jubilaciones: qué cambios se debaten para el sistema previsional tras el fin de la moratoria
Algunos diputados opositores buscan que se reinstale el plan vencido en marzo, mientras otros proponen nuevos tipos de prestaciones; cómo serían esos pagos, qué viabilidad política tienen las reformas y cuál es la situación actual para cuando faltan aportes
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LA NACIONSilvia Stang
Tras la finalización del plazo para adherir al plan de compra de aportes para personas en edad jubilatoria -la llamada moratoria previsional-, diputados de la oposición impulsan en el Congreso de la Nación proyectos que intentan o bien restituir ese mismo programa por un nuevo período, o bien instaurar un esquema de prestaciones de montos proporcionales para quienes tienen contribuciones, pero no logran cumplir con el requisito de 30 años dispuesto por la ley previsional.
Varias iniciativas, presentadas por legisladores del kirchnerismo y de partidos de izquierda, promueven simplemente prorrogar por dos años (en algún caso, por 10 años) la vigencia del plan incluido en un capítulo de la ley 27.705. Se trata del sistema que les permitía, a quienes tenían cumplida la edad jubilatoria entre el 23 de marzo de 2023 y ese mismo día de este año, comprar aportes para reunir los 30 años requeridos. Esa adquisición no requería de un pago previo, sino que la Anses daba la jubilación de alta y se preveía que, durante un plazo de hasta 120 meses, se descontara un monto determinado de los haberes para, de esa manera, saldar la deuda que la persona declaraba tener con el Estado. Es el mecanismo que, más allá de diferencias en algunos aspectos de la instrumentación, tuvieron las moratorias previsionales vigentes en la Argentina durante los últimos 20 años.
Esa política de dos décadas, que se dio a la par de la ausencia de soluciones para el problema de fondo (las fragilidades del mercado de trabajo, que en los últimos años incluso se profundizaron), llevó a que actualmente dos tercios de las jubilaciones que están en curso de pago sean prestaciones que requirieron de moratorias.
Tal como informó días atrás LA NACION, en algunas provincias y partidos del conurbano bonaerense ese índice es superado ampliamente. En Formosa, el 90% de las prestaciones tuvo moratoria; en el Chaco, el 86%, y en Misiones, el 82,4%, mientras que en municipios como La Matanza, Florencio Varela, José C. Paz, Escobar y Tigre se supera el 70%, siempre según datos elaborados sobre la base de información oficial de la Subsecretaría de Seguridad Social.
La prórroga, que según uno de los proyectos legislativos incluiría una ampliación del período por el cual se declaran aportes, no sería viable políticamente. Desde el Gobierno expresaron varias veces su rechazo a las moratorias y, de hecho, se intentó dar de baja ya a mediados de 2024 el plan cuya vigencia terminó en marzo.
El fin de la moratoria llegó no por una nueva normativa del Gobierno, sino porque la propia ley previó su duración por dos años a partir de marzo de 2023. El plan permitía comprar aportes por períodos comprendidos entre el mes en que la persona cumplió 18 años y diciembre de 2008.
La ley 27.705 también contempla otro plan, por el cual las mujeres de entre 50 y 59 años y los varones de 55 a 64 años pueden comprar aportes por períodos previos a 2009, pagándolos en cualquier momento antes de gestionar el beneficio, a un precio ya definido que se actualiza por inflación y que en abril es de $27.916,66 por cada mes regularizado. Ese programa sigue vigente, porque la ley no fijó una vigencia limitada como si lo hizo en el caso del plan específico para quienes están en edad jubilatoria. Para este último grupo, sigue vigente la moratoria de la ley 24.476, que solo permite regularizar aportes por períodos previos a octubre de 1993.
Nuevo esquema de prestaciones
Más allá de las propuestas que contemplan solo restablecer el plan caído el 23 de marzo, otras prevén aprovechar la oportunidad para modificar el esquema de prestaciones. Son textos presentados por quienes, de hecho, no están a favor de seguir con las moratorias.
Una iniciativa de los diputados Alejandra Torres y Agustín Domingo, de Encuentro Federal e Innovación Federal respectivamente, propone eliminar el requisito de 30 años de aportes para acceder a una prestación en el sistema contributivo y, en consecuencia, busca que se haga el cálculo del haber inicial en función de la cantidad de años con aportes, sin importar cuántos sean.
Un cambio no menor contemplado en ese texto es que, para el cálculo del primer ingreso mensual, se tomarían en cuenta los salarios de toda la vida laboral y no solo los de los últimos 10 años (como ocurre ahora). Según los autores, eso daría mayor equidad al sistema, pero en la práctica implicaría en muchos casos una disminución del monto a cobrar en comparación con la fórmula actual, ya que las mejores remuneraciones suelen estar en los últimos años de la trayectoria personal en el mundo del trabajo (esa modificación generaría, a la vez, un ahorro fiscal).
En ese esquema de ingresos proporcionales se fijaría como ingreso garantizado el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es el 80% del haber mínimo contributivo. A su vez, esa prestación, creada por ley en 2016, seguiría vigente y contemplaría sumas adicionales para quienes hayan hecho pocos aportes.
Un proyecto basado en modificar la PUAM es el presentado por Victoria Borrego, Juan Manuel López y otros diputados de la Coalición Cívica. Son cambios para el caso de personas que acrediten aportes: uno es que no se les aplique a esos solicitantes la evaluación de ingresos y patrimonio que rige hoy en general para el otorgamiento de la prestación; el otro es que por cada año de contribución se incremente en un 2% el importe básico a cobrar.
La proporcionalidad en los ingresos del sistema también es un principio que está en el proyecto presentado por Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño y Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal. La iniciativa busca instaurar una “prestación proporcional por vejez”, cuyo cálculo consideraría la cantidad de aportes hechos en la vida laboral. También plantea un ingreso con cálculo proporcional la iniciativa de la diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre, con la particularidad de que se plantea el requisito de tener al menos 10 años de aportes.
En general, una diferencia de las prestaciones propuestas respecto de la PUAM es que generarían derecho a pensión por fallecimiento. Además, algunas iniciativas prevén que los eventuales ingresos proporcionales o la PUAM sean compatibles con trabajar, ya sea bajo relación de dependencia o de forma autónoma. La PUAM es hoy incompatible con el hecho de tener ingresos laborales.
Con la explicación de los proyectos como tema principal, ayer hubo una reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Fue a instancias de un emplazamiento votado en la sesión del día previo, por el cual el 6 de mayo deberá haber un dictamen sobre el tema previsional.
Más allá de esa fecha, se desconoce cuál o cuáles serían los textos que pasarían a una sesión de la cámara baja para su votación. Entre los proyectos en danza hay también hay algunos que proponen mejorar los ingresos jubilatorios.
Hechos que se repiten
En 2024, diputados de la oposición también comenzaron a tratar en abril diferentes proyectos para aumentar las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses. Lograron la aprobación de una ley, que fue vetada de inmediato por el presidente de la Nación, Javier Milei, con el argumento de que no se había previsto de dónde saldrían los fondos para hacer frente a lo establecido. También, con un justificativo en el igual sentido, la expresidenta Cristina Kirchner vetó en 2010 una ley que mejoraba los haberes jubilatorios. “Es una ley de quiebra del Estado”, dijo la entonces presidenta, sobre un mecanismo que, con matices, fue incorporado finalmente al sistema por una ley votada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ayer, en su participación durante la reunión de las comisiones, el diputado Massot recordó lo ocurrido en 2024. A esta altura del año habían comenzado las reuniones de comisiones para considerar proyectos rechazados por el oficialismo. Tiempo después se logró convertir en ley un texto que, entre otros efectos, subía los ingresos un 7,2%, incorporaba un bono y emplazaba a la Anses para el pago de dinero reclamado por provincias y de sentencias firmes favorables a jubilados. La norma fue vetada en su totalidad, incluyendo la parte que solo replicaba la fórmula de movilidad dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia de Milei.
Tras afirmar que el Gobierno ejerce una “vetocracia”, Massot sostuvo que sería recomendable o bien esperar a tener dos tercios de los votos positivos asegurados para la consideración de uno o más proyectos -para así, poder insistir en la vigencia en caso de haber un veto presidencial-, o bien logar que haya alguna iniciativa que tenga el acuerdo del Gobierno, algo que sería “el mejor de los mundos”.
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