Juicio por YPF: la justicia de Estados Unidos ordenó la entrega de chats y mails de Luis Caputo y Sergio Massa
El objetivo es probar que la petrolera y otros organismos estatales son “alter ego” de la Argentina; también fue solicitada la información de otros funcionarios y exfuncionarios; la Procuración del Tesoro dijo que apelará la medida
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LA NACIONSofía Diamante
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a ordenar la entrega de correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Se trata de una medida similar a la que había dictado en septiembre del año pasado. El objetivo es acelerar el proceso de embargo que impulsan los fondos Burford y Eton Park, demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF.
El nuevo pedido de información confidencial incluye a Sergio Massa y Luis Caputo, así como a varios otros funcionarios y exfuncionarios nacionales. La Procuración del Tesoro dijo que está “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes”.
Los fondos buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa) funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Es decir, que no tienen independencia operativa y legal, y que actúan como una extensión del propio Estado. Esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, tras el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses.
El proceso judicial, conocido como discovery, involucró desde el año pasado negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los fondos demandantes. En aquel entonces, Burford y Eton Park habían presentado una lista con 27 nombres, que el Gobierno intentó reducir en una contrapropuesta. Finalmente, la jueza Preska definió quiénes deben entregar su información.
“Los beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos. Para eso, necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders y especialista en los litigios contra la Argentina en el exterior.
“Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos —entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa— usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos”, añadió.
Según Maril, no se trata de entregar todos los teléfonos o chats completos, sino de hacer búsquedas específicas con palabras clave, como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”, para identificar comunicaciones relevantes.
Entre los funcionarios alcanzados por la orden judicial se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, y el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.
El Gobierno argentino rechazó el pedido, lo calificó como “acoso” judicial y denunció que los demandantes buscan modificar las condiciones de la negociación con esta solicitud.
“La medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República. Si bien el caso Petersen se encuentra en apelación, la República ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, la Argentina y otros países”, dijo la Procuración del Tesoro.
“Es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery: su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar ‘arrojar arena en los engranajes’ de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía", agregaron.
La defensa argentina dijo que está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery “sin precedentes” y que continuará “ejerciendo su derecho de legítima defensa”.
La jueza Preska fijó una nueva audiencia para seguir con este caso el próximo miércoles 6 de agosto.
Este proceso judicial avanza en paralelo con otros que se tramitan ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Por un lado, ese tribunal debe resolver si acepta o suspende la orden de Preska que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF como compensación.
Además, la Corte de Apelaciones ya fijó que la revisión del fallo de primera instancia se tratará durante la semana del lunes 27 de octubre. La audiencia llegará exactamente dos años después de que se iniciara el proceso de apelación contra la sentencia original de Preska, que ordenó pagar más de US$16.000 millones a los fondos demandantes por la expropiación de YPF.
“Burford proporcionó financiación que permitió a los dos mayores accionistas de YPF ejercer su derecho contractual a una salida compensada cuando la Argentina decidió renacionalizar YPF; los demandantes técnicamente son Petersen y Eton Park”, dijo Burford, que compró el derecho a litigar contra el país en la quiebra de las empresas Petersen en España.
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