Juicio por YPF: los fondos piden saber dónde está el oro del Banco Central
Los demandantes que obtuvieron un fallo por US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera reclamaron ante la jueza Loretta Preska que la Argentina revele la ubicación y los movimientos del oro del Banco Central, al que consideran un activo clave para ejecutar la sentencia
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LA NACION
Los fondos que demandaron y obtuvieron un fallo favorable contra el Estado argentino por la expropiación de YPF volvieron a la carga en los tribunales de Nueva York y ahora apuntan directamente a las reservas de oro del país. En una presentación realizada ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, los demandantes reclamaron que la Argentina revele la ubicación, los movimientos y las cuentas donde se encuentra depositado el oro del Banco Central.
La solicitud fue presentada ayer en el marco de las causas Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management contra la República Argentina, en las que el país fue condenado a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF. Según los fondos, el Gobierno argentino viene obstruyendo de manera sistemática la entrega de información clave para ejecutar la sentencia, entre ella la referida a más de US$1000 millones en reservas de oro.
La defensa argentina apeló el fallo y está a la espera de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decida si confirma la sentencia de primera instancia, la revoca o reduce el monto de la indemnización fijada. Los demandantes, liderados por el fondo Burford, están presionando para llegar a un acuerdo antes de que el tribunal de segunda instancia tome una decisión.
En el escrito dirigido a Preska, solicitaron una conferencia previa a la presentación de una moción formal, luego de que la Argentina no produjera un testigo calificado que pudiera declarar sobre las reservas de oro. Según sostienen, esa omisión forma parte de una estrategia para eludir el cumplimiento del fallo.
Sin embargo, los fondos primero tienen que demostrar que el Banco Central (BCRA) opera como un alter ego del Estado argentino, en un proceso que se llama discovery. Para sostener esa hipótesis, deben probar que el Estado ejerce un control cotidiano y tan intenso sobre la gestión de esas entidades que su funcionamiento resulta indistinguible del de un ministerio.
Los fondos pidieron puntualmente que el tribunal ordene al Estado argentino presentar una declaración jurada que identifique dónde se encuentra el oro, en qué cuentas está depositado y cómo llegó allí, además de poner a disposición un funcionario capacitado para declarar sobre el tema. En caso de que el país alegue no tener acceso a esa información por estar en manos del Banco Central, solicitaron que se convoque a una audiencia probatoria, con la comparecencia de funcionarios con conocimiento directo, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo. La jueza Preska debe avalar o rechazar este pedido.
Según consta en la presentación, los demandantes vienen reclamando esta información desde mayo de 2024 mediante pedidos formales de discovery, sin obtener respuesta durante más de un año y medio. Incluso después de que la jueza ordenara expresamente en agosto de 2025 que la Argentina presentara un testigo para declarar sobre el oro, el país habría incumplido al enviar un representante “deliberadamente no calificado ni preparado”.
El escrito también subraya que el perjuicio para los fondos se agrava por el contexto internacional: el precio del oro alcanzó niveles récord, lo que incrementa el valor de los activos que, según los demandantes, la Argentina estaría intentando mantener fuera de su alcance.
Además de exigir la entrega inmediata de la información, los fondos solicitaron que la jueza Preska ordene a la Argentina pagar los honorarios y gastos legales ocasionados por lo que califican como una conducta obstructiva reiterada en el proceso de ejecución de la sentencia.
La ofensiva judicial suma presión sobre el Gobierno argentino en uno de los frentes más sensibles del litigio por YPF: la localización de activos del Estado que puedan ser utilizados para cobrar el fallo multimillonario dictado por la justicia estadounidense.
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