La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
En una audiencia clave, los abogados del país explicaron los motivos para revertir el fallo desfavorable de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska
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LA NACIONIgnacio Grimaldi
Todo era murmullos, aunque ya se escuchaba mencionar la palabra “Argentina” pronunciada en inglés. Los jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ingresaron a la sala 1703, se escucharon los tres golpes sobre la mesa y comenzó la audiencia en la que el país buscó revertir el fallo adverso por el caso YPF que lo obliga a pagar US$16.100 millones.
“Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino”, lanzó el abogado Robert Giuffra, contratado por la Argentina para ejercer su defensa. Del otro lado, el abogado Paul Clement, de los demandantes (Burford), defendió el fallo en primera instancia que obtuvieron a su favor: “La jueza [Loretta] Preska realizó un gran trabajo en este caso”.
Estas frases reflejaron la tensión que generaron los 96 minutos de audiencia, aunque no así los argumentos presentados por las partes para buscar anular el fallo en primera instancia de la jueza Preska o sostenerlo. Los jueces de la Corte de Apelaciones hacían preguntas a los abogados y dieron por finalizada esta instancia a las 14.26 de Buenos Aires. Su veredicto todavía no tiene fecha.
“La República Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito“, expresó la Procuración del Tesoro después de la audiencia. Asimismo, las acciones del demandante Burford, según Bloomberg, caían hasta 15% en la jornada.
En contrapartida, uno de los abogados de los demandantes, Mike Fragoso, indicó que los defensores de la Argentina “no presentaron ninguna información nueva que pudiera cambiar el rumbo del caso”.
El consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior, Sebastián Maril, consideró: “La Argentina salió muy bien parada si analizamos las preguntas formuladas por los jueces y sus comentarios”. Sin embargo, también aclaró que “no hay que asumir que el fallo será en base a lo ocurrido” durante la audiencia.
El primero en tomar la palabra fue el abogado de la defensa argentina. “La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado”, explicó la Procuración del Tesoro en un comunicado oficial. Esta postura sostiene que el país actuó acorde a la legislación local.
La mayor parte de la defensa argentina se dedicó a cuestionar la jurisdicción del juicio. La Procuración del Tesoro lo explicó: “el juicio nunca debió tramitarse en Estados Unidos”.
Eso hace referencia al recurso jurídico de “Foro no conveniente”. Esto plantea que “un tribunal argentino sería el ámbito adecuado para resolver una disputa sobre una empresa argentina y su expropiación”, según la Procuración del Tesoro.
Los demandantes sostuvieron que para que se aplique dicho recurso debería demostrarse un perjuicio contra la Argentina durante el proceso. “Nada de eso ocurre en este caso. Tras más de 10 años de litigio, incluyendo juicio sumario, juicio sin jurado y múltiples apelaciones, es evidente que Argentina no sufrió perjuicio sustancial y que la jueza Preska no abusó de su discreción al aceptar el caso en Nueva York”, señalaron.
A su vez, la postura argentina planteó que “el estatuto de YPF prevé las consecuencias específicas por no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) y que esas normas fueron malinterpretadas”. Incluso, la Procuración del Tesoro agregó que la ley de expropiaciones es superior a la norma interna de una empresa privada.
Y en menor medida, el abogado que representa al país, Robert Giuffra, introdujo en la audiencia la discusión sobre la cifra de la sentencia contra la Argentina: US$16.100 millones, a los que se le deberían sumar intereses. En ese sentido, cuestionan que su conversión tenga que ser realizada a tipo de cambio del momento del fallo ($365,50), dado que defienden que, en esa hipotética situación, debería ser con la cotización del momento de expropiación de YPF (alrededor de $8).
“Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000%, a expensas del pueblo argentino”, describieron desde la Procuración del Tesoro.
Fragoso, uno de los abogados de los demandantes, Burford (adquirió los derechos de reclamos judiciales del Grupo Petersen, uno de los viejos accionistas de YPF) indicó: “Estamos comprometidos a responder a cada intento de evitar y demorar el cumplimiento de la sentencia”.
Ahora se abren dos posibles escenarios después de la audiencia de apelación. Si bien la resolución final no tiene fecha de publicación, los magistrados pueden hacer lugar a la petición argentina o rechazarla.
En caso de ser exitoso el reclamo de la Argentina, en los despachos oficiales confían que todos los otros litigios vinculados al caso YPF también quedarán sin efecto. Entre ellos se encuentra el expediente que busca determinar si la petrolera es un alter ego del Estado, trámite judicial por el que se puso una fecha límite a funcionarios argentinos a entregar sus chats personales.
El escenario del rechazo sería entendido como un mal resultado, pero no como el definitivo. Fuentes al tanto del litigio aseguraron que todavía quedarían otras instancias, como el rehearing, que vendría a ser una revisión de la apelación, o hacer escalar el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Chats de funcionarios y exfuncionarios
En paralelo al expediente por la cuestión de fondo, que es el de la audiencia de apelación que ocurrió este miércoles, también tramita otra causa, conocida como “discovery”, vinculada al caso YPF. En ella, la Justicia estadounidense busca determinar si la petrolera es un “alter ego” de la Argentina. Es decir, si son la misma entidad. Se trata de la búsqueda de activos del país para que los demandantes puedan cobrar la sentencia, en caso de que quede firme y se ejecute.
El 9 de octubre, la jueza Preska había ordenado al país entregar las comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios. Ante ese pedido, la defensa argentina presentó un escrito en el que expresó que acepta a cooperar para que los involucrados consientan entregar sus chats privados. Además, solicitó que se prorrogue el plazo máximo para presentar dicha información, que en una primera instancia, vence este jueves.
Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que esto no implica que el Gobierno vaya a entregar chats, sino a intermediar para que 35 funcionarios y exfuncionarios de distintas gestiones brinden su consentimiento y remitan la información solicitada por la Justicia estadounidense. Esta presentación de la Argentina persiguió el objetivo de no entrar en desacato.
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