La copa que falta: qué necesita la Argentina, según las calificadoras, para dejar atrás los “bonos basura” y alcanzar el grado de inversión
El Gobierno aspira a conseguir una calificación crediticia que el país nunca tuvo; reservas, instituciones, consenso político y crecimiento exportador son las claves para salir de la actual consideración
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Mientras Lionel Messi y la Selección van por otra Copa del Mundo, el Gobierno de Javier Milei se propuso conquistar un título que la Argentina nunca alcanzó: el grado de inversión (investment grade). Se trata de la categoría reservada para las economías consideradas más seguras y confiables para invertir, un sello que reduce el riesgo de impago de la deuda, amplía el universo de fondos internacionales dispuestos a financiar al país y abarata el costo del crédito para el sector público y las empresas. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró esta semana que el objetivo es alcanzarlo hacia 2031.
Pero, para dejar atrás la etiqueta de “bonos basura” no alcanza con ordenar las cuentas públicas. Las principales calificadoras de riesgo —encargadas de ponerle nota a la deuda soberana— y los analistas de mercado coinciden en que el verdadero partido recién empieza: las tareas por hacer consisten en acumular más reservas internacionales, fortalecer las instituciones económicas, desarrollar el mercado de capitales, consolidar un crecimiento impulsado por las exportaciones y demostrar que ese rumbo puede sostenerse más allá de un Gobierno.
En otras palabras, el país enfrenta el desafío de convencer a los mercados de que la estabilidad económica dejó de depender de una administración en particular para convertirse en una política de Estado. Solo cuando ese cambio resulte creíble, la Argentina podrá aspirar, por primera vez en su historia, a ingresar al grupo de países con grado de inversión.
Esas son las principales condiciones que, según las calificadoras de riesgo y analistas internacionales, deberá consolidar la Argentina para alcanzar el grado de inversión. Caputo contó esta semana que habló sobre ese objetivo con las tres principales agencias calificadoras y que dos de ellas le respondieron que era difícil, aunque posible. Para conocer qué exige ese examen, LA NACION consultó a Fitch Ratings y Standard & Poor’s, dos de las tres firmas que evalúan la deuda argentina, y también con especialistas del mercado.
El objetivo todavía luce lejano. La deuda soberana argentina permanece dentro del denominado grado especulativo, conocido popularmente como el universo de los “bonos basura”. En mayo, Fitch elevó la nota del país desde CCC+ hasta B- y, un mes más tarde, S&P hizo lo mismo. Moody’s, en cambio, mantiene la calificación en Caa1, aunque el mercado espera una actualización durante este mes. Aun con esas mejoras, la Argentina continúa seis escalones por debajo del BBB-, el primer nivel considerado grado de inversión por Fitch y S&P, mientras que en la escala de Moody’s el umbral comienza en Baa3.
La Argentina acumula nueve defaults soberanos, un antecedente que sigue condicionando la percepción de riesgo de los inversores y explica por qué las calificadoras ponen tanto énfasis en la consistencia de largo plazo de las políticas económicas.
Ese es precisamente el diagnóstico de Todd Martínez, director y co-head de soberanos para América Latina de Fitch Ratings. “No tenemos ninguna restricción en contra de que la Argentina llegue al grado de inversión, y otros países lo han logrado”, dijo a LA NACION. Pero enseguida puso un límite a las expectativas: recorrer esos seis escalones en apenas cinco años requiere “una mejora sustancial en las métricas crediticias”, algo que calificó como “muy desafiante”.
Una de las conclusiones más llamativas del análisis de Fitch es que el principal desafío ya no pasa por el frente fiscal. “Argentina ya tiene un buen perfil fiscal en comparación con países mejor calificados”, afirmó Martínez. Aunque aclaró que “la tarea fiscal no está 100% terminada”, sostuvo que el verdadero examen ahora está en otro lado: la liquidez externa.
“La liquidez externa es la métrica más relevante. No basta con que siga encontrando dólares para pagar la deuda; tiene que mejorar su disponibilidad de dólares y disminuir su necesidad de dólares, para que no haya problemas ante cualquier shock inesperado”, explicó.
El Gobierno llega a esa discusión con un avance que hasta hace poco parecía improbable. En junio cumplió por primera vez la meta semestral de acumulación de reservas pactada con el FMI y quedó a unos US$1000 millones del objetivo previsto para todo 2026. Sin embargo, para Fitch ese logro constituye apenas el primer paso de un proceso mucho más largo.
No se trata de una discusión teórica. El propio programa financiero 2026-2027 que presentó Caputo incluyó implícitamente ese desafío. Según las proyecciones oficiales, el Tesoro deberá comprarle al Banco Central unos US$4900 millones durante 2027 para afrontar vencimientos de deuda. El problema es que deberá hacerlo en un año electoral, cuando históricamente cae la oferta privada de dólares porque aumenta la demanda de cobertura cambiaria.
Ese riesgo también fue señalado por GMA Capital. La consultora sostuvo que, tras despejar buena parte de las dudas sobre 2026, “el riesgo se desplaza al plano político”. El principal desafío será sostener la acumulación de reservas, refinanciar la deuda en dólares en el mercado local y atravesar el proceso electoral sin una nueva dolarización de carteras.
Pero para las calificadoras el examen no termina en las reservas. Martínez sostuvo que el grado de inversión dependerá también de demostrar que las mejoras económicas pueden sobrevivir a distintos gobiernos. “El grado de inversión no depende de la continuidad del gobierno de Milei, sino de la continuidad de un mejor marco de políticas iniciado bajo la gestión Milei, independientemente de quién esté en el gobierno de turno”, afirmó.
Standard & Poor’s coincide en los grandes ejes, aunque introduce un matiz. La agencia explicó a LA NACION que no existe una combinación única de variables para alcanzar el grado de inversión. Dos países pueden compartir la misma calificación con fortalezas distintas. Lo que sí suelen tener en común, señaló, es un historial de estabilidad política, instituciones sólidas y buena gestión económica que termina reflejándose en baja inflación, crecimiento sostenido y mayor previsibilidad.
Ramiro Blázquez, estratega de StoneX, coincide con ese diagnóstico. “Para llegar al investment grade habría que avanzar en generar previsibilidad para la política económica mediante instituciones fuertes”, afirmó. Entre ellas, mencionó una regla fiscal aprobada por el Congreso con penalidades por incumplimiento, una reforma de la Carta Orgánica del BCRA, una inflación anual de un dígito, una mejora importante de las reservas netas y un mercado de crédito en pesos más profundo que reduzca la histórica dependencia del dólar.
“Además de las instituciones, la política económica tiene que ganar credibilidad en el tiempo”, agregó Blázquez. Según estimó, el grado de inversión probablemente estará precedido por una fuerte caída del riesgo país. Hoy, ese indicador para la Argentina ronda los 400 puntos básicos, mientras que la mayoría de los países latinoamericanos con grado de inversión se financia con un riesgo cercano a los 100 puntos.
Desde el Gobierno también ponen el foco en los beneficios de alcanzar esa categoría. “Nunca en la historia argentina ha sido grado de inversión”, recordó días atrás el viceministro de Economía, José Luis Daza. “Cuando anunciamos que vamos a ir por el investment grade, lo que implica es que ya estamos mirando al 2028, 2029 y 2030. Ya estamos trabajando en eso”, afirmó.
Según Daza, una mejora de la calificación permitiría reducir el riesgo país en alrededor de 200 puntos básicos, con el consecuente ahorro financiero para el Estado. Pero insistió en que el principal impacto sería sobre la inversión privada. “Hay un montón de proyectos que hoy no son rentables que pasan a ser rentables”, explicó, al destacar el potencial de sectores como Vaca Muerta, la minería y el agro.
La experiencia internacional muestra, sin embargo, que el recorrido suele demandar varios años. Uruguay tardó una década, entre 2003 y 2013, en pasar desde una calificación equivalente a la actual de la Argentina hasta el grado de inversión. Grecia necesitó seis años, entre 2017 y 2023, después de haber caído en default en 2012. Paraguay lo consiguió recién en 2024, tras décadas de estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal.
Como resumió Martínez, el grado de inversión “no depende de la continuidad del gobierno de Milei, sino de la continuidad de un mejor marco de políticas”. En definitiva, la copa que busca levantar la Argentina no se ganará en un solo partido, sino en la capacidad de sostener durante años un mismo rumbo económico.
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