La crisis económica acelera los tiempos de la política

La situación no le dará tregua al Presidente, cuya debilidad es percibida a esta altura por propios y ajenos; en el círculo rojo creen que un cambio de signo político es inevitable en 2023

1 de abril de 2022
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Hay una certeza entre los inversores: todo lo que viene de ahora en más para el presidente Alberto Fernández será peor. La debilidad del liderazgo presidencial es percibida a esta altura por propios y ajenos. Ya ni siquiera el Grupo Callao, que Fernández había fundado en 2017 y que contiene a algunos de los nombres que supieron acompañarlo desde mucho antes de que fuera ungido por Cristina Kirchner como candidato, se reúne semanalmente como solía hacerlo hasta hace un mes.

“Eso que dice el Cuervo (por el camporista Andrés Larroque, que sostuvo que no se podía “gobernar con cinco amigos”) no es tan desacertado. Alberto decidió tener un grupo que a todo le dice que sí. Desde que se firmó el acuerdo con el FMI sólo se potenció la situación incómoda en el espacio”, deslizó un colaborador sin poder ocultar su frustración.

La economía no le dará tregua a Fernández. En el establishment observan con atención cómo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sale a precalentar. Se espera que entre los ejes de trabajo que planteará en una suerte de Pacto de la Moncloa argento incluya el nuevo proyecto de reforma de Ley de Hidrocarburos que comenzó a circular desde el miércoles entre petroleros, además de una propuesta para avanzar en la minería de litio.

Desde Wall Street hubo consultas a banqueros locales sobre el avance de Massa. Los inversores son rápidos en construir relatos; necesitan creer en algo que los ayude a justificar negocios de dudoso resultado. La realidad es que las diferencias en el Frente de Todos siguen tan vigentes como siempre. Nadie tiene claro cómo terminarán por resolverse. La promesa de un Pacto de la Moncloa debe seducir al mismo Congreso que, con commodities por las nubes, no puede aprobar una ley de promoción al agro, o que ni siquiera logra ponerse de acuerdo para conformar algunas comisiones clave.

En el círculo rojo creen que un cambio de signo político es inevitable en 2023. Muchos ya debaten un apoyo prematuro a alguna de las dos figuras de la oposición que, consideran, tienen más chances de suceder a Fernández: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Últimamente, en línea con las últimas encuestas públicas, la balanza del establishment se inclinó levemente a favor de la primera: la ven con más posibilidades de captar los votos que hoy a la oposición se le escapan en candidatos como Javier Milei y, además, creen que encarará las reformas que todos los manuales indican que la Argentina debiera encarar.

Bullrich no pierde el tiempo y aprovecha su momentum: la agenda de su viaje a Estados Unidos, la semana que viene, incluye paradas en Washington –se verá con funcionarios claves del Tesoro de EE.UU.– y en Wall Street, donde tendrá un encuentro con fondos de inversión. Larreta, a quien el establishment destaca por su vocación de consenso y su track-record como gestor, hizo lo propio en Europa: en sus encuentros con empresarios españoles no ocultó sus ambiciones presidenciales. Ambos también deslizan que su política económica –a diferencia de lo que hizo Mauricio Macri en su momento– será de shock.

En economía, Bullrich se apoya sobre todo en el diputado Luciano Laspina y en Carlos Melconian; Larreta favorece a Hernán Lacunza, que sigue incorporando cuadros, con quienes se reúne los lunes, en las inmediaciones del Círculo Militar, en la zona de Retiro. Algunos de los nombres que el lunes pasado participaron del convite incluyen al banquero Gabriel Martino, a los economistas Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky, al exvicepresidente del BCRA Gustavo Cañonero, y al consultor Miguel Ángel Arrigoni, entre muchos otros.

Las convocatorias de Fernández al diálogo no logran romper con el el desgano que, desde hace meses, hay en el mundo corporativo. Empresarios e inversores coinciden en que sigue sin haber un plan que permita vislumbrar un horizonte claro de corto y mediano plazo. Incluso los pocos lineamientos que ofrecía el acuerdo con el FMI ya están en duda. Con la excepción de las mineras, las multinacionales siguen buscando reducir su exposición en el país. El banco UBS, por caso, acaba de decidir cerrar su oficina local, desde donde atendía a otros países de la región. Poco importa que fue uno de los más activos en los últimos procesos de reestructuración de deuda argentina. Corre la suerte de tantos otros que ya hicieron lo mismo.

En el equipo económico descuentan que no tendrán inconvenientes en la primera revisión del acuerdo con el FMI, que el organismo decidió adelantar para mayo. Después de todo, se evaluará el cumplimiento de las metas hasta marzo, el primer trimestre del año. Los números están cerrados. Otra es la historia en los meses que siguen. Delegaciones diplomáticas de algunos de los países miembros del Fondo están advirtiendo que no hay margen para ser mucho más condescendientes. Analistas privados, por su parte, advierten que el crecimiento que el Gobierno prometió al FMI y que levanta como bandera públicamente, cada vez que dice que no hará ajustes, está en jaque por la falta de dólares para importar y por los problemas que muchas industrias ya anticipan que tendrán en el invierno por la falta de gas.

La aceleración de la inflación está provocando que quienes tienen dólares estén demorando todo lo posible sus ventas en el mercado cambiario. El FMI ya advirtió que tendrá que recalibrar la política monetaria y cambiaria y no pocos especulan con que el BCRA acelere la suba de tasas. En febrero pasado, según consigna el informe de la consultora Macroview publicado esta semana, los exportadores vendieron US$5595 millones, cuando los embarques declarados habían sido de US$6443 millones. En otras palabras, retuvieron unos US$848 millones.

El Banco Central (BCRA), entretanto, pisó pagos para importadores: habilitó US$4689 millones cuando se declararon importaciones por US$5269 millones. Empresas de electrónica dan fe del faltante: a más de una el BCRA le pidió que renegociara pagos con sus proveedores. Cerca del presidente del BCRA, Miguel Pesce, aseguran que luego en marzo habilitaron pagos por un récord de US$7200 millones, una cifra que no se veía desde agosto de 2011. Entre las empresas las quejas siguen tan vigentes como hace un mes.

En el BCRA afirman que, pese a la presión del mercado, la idea es seguir sosteniendo el gradualismo, tanto en el ritmo de devaluación –crawling peg– como en la suba de tasas. El BCRA volvería a esperar a conocer el dato de inflación núcleo, ahora de marzo, para avanzar en un nuevo retoque en las tasas de interés. Con el FMI se comprometió a no atrasar el tipo de cambio y a llevar las tasas a un terreno positivo en términos reales.

A este ritmo, algunas consultoras privadas temen que al BCRA se le vuelva muy complicado sostener el gradualismo cambiario en el tercer trimestre del año. Entre las multinacionales que rinden cuentas al exterior, el cambiario es un tema que desvela: no es lo mismo valuar una operación en el país al tipo de cambio oficial que hacerlo al libre. Cualquier negocio en la Argentina puede valer la mitad de un día al otro.

Una vez más hay que pasar el invierno

La situación en el mercado energético no tiene demasiados visos de mejorar. El martes a la noche, el CEO de YPF, Sergio Affronti, reunió en las oficinas de la petrolera en Puerto Madero a representantes de petroleras –PAE, Tecpetrol, Shell, entre otras– y de refinadoras –Axion, Raízen– para buscar solucionar el problema del faltante de gasoil, clave para sostener el transporte de carga en todo el país y, sobre todo, no entorpecer la cosecha gruesa. Les pidió a las petroleras que le vendan a YPF más crudo –que de otra manera exportan a un precio internacional muy superior a los US$60 que se paga el barril en la Argentina–, para así poder mantener su producción de gasoil y no tener que importar.

El temor a que el Gobierno defina de facto un cierre total de las exportaciones de crudo que sobrevuela en el mercado –y no su vocación altruista– va a hacer que las petroleras colaboren. La duda es por cuánto tiempo. Más si se extiende la guerra y los precios de los combustibles en el mundo siguen subiendo. Alguna sugirió en el encuentro que YPF exija al Gobierno que haga lo propio también, aportando una rebaja en el impuesto a la transferencia de combustibles. El Estado suele ser socio en las ganancias, nunca en las pérdidas…

Más complicado aún es el problema de la escasez de gas. Entre los industriales nadie entiende cómo un racionamiento planificado de la energía, tal cual planteó el ministro Matías Kulfas, podrá evitar que una planta se pare. El Estado por ahora no dio previsiones de cuánto gas finalmente podrá importar para suplir la demanda del mercado local; apenas licitó la compra de ocho barcos de GNL, cuando se estima que se necesitarán entre 65 y 70. La historia en la Argentina siempre se repite. Una vez más hay que pasar el invierno.

Por Florencia Donovan

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