La economía al recinto: cómo es la agenda legislativa de 2019

Cambios para el pase del monotributo a autónomos, blanqueo laboral y cuestiones vinculadas al comercio y la competencia están entre los temas que se debatirían este año en el Congreso Nacional
Cambios para el pase del monotributo a autónomos, blanqueo laboral y cuestiones vinculadas al comercio y la competencia están entre los temas que se debatirían este año en el Congreso Nacional Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
Lorena Zapata
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3 de marzo de 2019  

Parece difícil que en un año en el que habrá elecciones presidenciales , legislativas y provinciales -y con un oficialismo pensando en la reelección y una oposición tratando de recuperar lo perdido-, el Congreso vaya a debatir una agenda de proyectos que, más allá de las diferentes posiciones, pretendan ser una solución a las necesidades de la economía nacional. Sin embargo, tanto Cambiemos como las distintas vertientes de la oposición tienen en carpeta varias iniciativas y se proponen hacerlas llegar a los recintos de Diputados y del Senado.

Si bien el oficialismo no es mayoría en el Congreso -tiene 25 senadores de 72 y 108 diputados de 257-, se espera que la agenda económica que le es propia se transforme en el eje de los principales debates parlamentarios, en particular durante el primer semestre. La meta es aprobar algunos proyectos de ley que le den aire a la economía cotidiana para que la gestión llegue a octubre lo mejor parada posible. La oposición, por su parte, usará estos debates para tratar de desmantelar el discurso oficial y mostrar las que, según consideran, son las falencias del modelo actual.

Entre los temas que buscará impulsar el Gobierno en el corto plazo está la reeditada reforma laboral. En 2017 se quiso instalar ese debate en el Poder Legislativo, cuando aún estaba el Ministerio de Trabajo y su titular era Jorge Triaca. El año pasado se hizo otro intento y, con la firma del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro), se presentaron tres proyectos, pero no hubo mejor suerte. El problema siempre fue el mismo: la falta de aval de las centrales sindicales.

En esta ocasión, la apuesta oficial sería desempolvar el capítulo del blanqueo laboral. Se propondrían la "condonación de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social"; la eximición de sanciones administrativas y de las contempladas en la ley penal tributaria, y la extensión de beneficios dos años hacia adelante (pero sin incluir a los aportes al sistema de salud). En cuanto a las multas, el proyecto habla de reducir el monto y destinarlas a la seguridad social en lugar de al trabajador. También se derogaría la indemnización agravada por empleo no registrado. Y, entre otras medidas, se impulsará la creación de un fondo de cese laboral.

El Gobierno aprovecharía, además, la ocasión para insistir con un proyecto anhelado pero cajoneado en el Congreso: la creación de la Agencia Nacional de Evaluaciones de Tecnología de Salud (Agnet). Con la meta de bajar los niveles de litigiosidad contra las obras sociales y prepagas, esta oficina tendrá la misión de evaluar prácticas médicas para disponer o no su cobertura obligatoria. En los intentos anteriores, la iniciativa nunca llegó a tener dictamen de comisión, por la marcha atrás de la CGT en su respaldo inicial al paquete completo de medidas y la quita de apoyo del PJ. Es la iniciativa que reúne mayor consenso.

Si bien el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, negocian la letra chica de estos anteproyectos con las cámaras empresarias y con referentes de la CGT, el peronismo ya advirtió que en el Congreso los textos serán evaluado en profundidad y deberán tener acuerdo político para ser tratados. El diputado del Bloque Justicialista (BJ) Diego Bossio puso sus reparos al ser consultado por LA NACION: "En algún momento las cuestiones laborales hay que encararlas y tratarlas con seriedad, pero esta no es una discusión que deba darse en un año electoral".

Aun así, el senador Pinedo, a cargo de negociar con los bloques opositores, se mostró más optimista: "En los próximos días vamos a tener una reunión clave con los jefes de los distintos espacios políticos para definir el tratamiento que les vamos a dar a estos proyectos", dijo a LA NACION.

Y agregó que "a la agenda de la verdad, que consistió en reconocer que no podemos gastar más de lo que tenemos, sumamos otra productiva y de empleo, con una rebaja sustancial de los impuestos a las pymes y a las empresas vinculas a las economías del conocimiento".

La llamada agenda productiva tiene al de la ley pyme como uno de sus proyectos insignia. Se prevé un tratamiento impositivo diferenciado para esas empresas a partir de un nuevo marco de cargas fiscales. Se buscará que los monotributistas que deban pasar al régimen de autónomos tengan incentivos para amortiguar el impacto de ese salto. Y se promoverá un esquema unificado con obligaciones nacionales y provinciales para la presentación y el pago de declaraciones juradas.

Cargas impositivas

Para los autónomos, se baraja una nueva deducción especial, además de progresividad en la cuota y bloqueo fiscal. Para las sociedades, la propuesta estima alícuotas diferentes de Ganancias, según se trate de una micro (22%), pequeña (25%) o mediana empresa (28%). Y se contempla una baja en la tasa que pagan los socios por distribución de dividendos.

En este caso, la Casa Rosada no está sola. Todos los bloques opositores promueven mejoras para las pequeñas y medianas empresas, aunque van un poco más allá e impulsan la emergencia fiscal para el sector por 180 días, con proyectos de Miguel Pichetto (BJ) y Marco Lavagna (Frente Renovador) a la cabeza, algo que desde el Gobierno no ven con muy buenos ojos. "Le vamos a prestar especial atención a la letra chica del proyecto oficial. Es importante que se incluya algún alivio a las tasas de interés de la AFIP y que se suspendan los embargos", dijo a LA NACION el diputado massista. Mientras que la diputada y economista del Frente para la Victoria (FPV) Fernanda Vallejos adelantó que se está trabajando con las cámaras empresarias del sector en un proyecto para suspender los juicios y las incautaciones.

En paralelo, está listo para enviar al Congreso un proyecto complementario de la ley de software, para una promoción integral de la llamada economía del conocimiento. La iniciativa contempla industrias como la audiovisual, biotecnología, servicios geológicos, investigación y desarrollo experimental, nanotecnología, industria aeroespacial y satelital, inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual, simulación e industria 4.0. El texto propone una reducción de las contribuciones patronales, además de beneficios adicionales a quienes incorporen talentos para innovar.

La ley sobre pymes iría acompañada de una reforma a la ley de lealtad comercial, que data de 1983.

Si bien el Gobierno logró el año pasado la sanción de la nueva ley de defensa de la competencia (27.442), ahora buscaría reforzar la protección a las pequeñas y medianas empresas frente a las grandes, endurecer las sanciones por incumplimientos y agregar nuevos tipos de delitos "comerciales". Esta norma regula la exhibición de precios en comercios, las ofertas y promociones, la publicidad, los concursos, el rotulado de artículos, el contenido neto de productos y las diferencias entre el precio exhibido en góndola y el facturado en caja en supermercados, entre otras conductas.

Durante este debate, el massismo reclamará que se discuta la ley nacional de fomento a la competencia minorista -conocida también como ley de góndolas-, que se previó en la 27.442 y que todavía el Ejecutivo no dictó. "Esta ley es muy importante para romper con la cartelización en los supermercados, permitiendo que los productos de las pequeñas empresas puedan acceder a los canales de venta masivos y fijando reglas claras a las grandes cadenas de supermercados, al obligarlas a competir y a bajar los precios", señaló el diputado Lavagna.

Del otro lado del mostrador también se proyecta una reforma integral de la ley de defensa del consumidor -la 24.240-, sancionada hace más de un cuarto de siglo, con la idea de adecuarla al Código Civil y Comercial. El borrador, que elaboró una comisión de doce expertos y que tiene para la firma el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, establece mayores precisiones en cuanto al deber de informar y penaliza la sobreinformación. Además, contempla el e-commerce, posibilita el arbitraje online y los reclamos digitales, establece un régimen más estricto para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y actualiza el régimen de sanciones. También se incorpora a los consumidores hipervulnerables -ancianos, niños y personas enfermas, por ejemplo-, para quienes se refuerza la protección.

No obstante, el caballito de batalla de la oposición y el hueso difícil de roer para el oficialismo en plena campaña será la ofensiva para poner un tope a la suba de tarifas de los servicios públicos. El jefe del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, presentó un proyecto de ley que replica al que el presidente Macri vetó el año pasado: propone suspender los aumentos de gas, electricidad, agua potable y cloacas a partir de enero de este año, con lo cual se retrotraerían los valores al 31 de diciembre de 2018. Ya sumaron su apoyo el bloque de Somos, de Victoria Donda, y el Frente Renovador, de Sergio Massa. El justicialismo de Pablo Kosiner y Bossio fue el primero en repudiar los incrementos, pero desde allí dicen que buscarán una propuesta alternativa. En el Senado llueven también los proyectos que impulsan desde la declaración de emergencia hasta la quita del IVA de las facturas por el término de un año.

Una de las deudas más importantes del Congreso en 2018 es la ley de alquileres. Tal es así que el kirchnerismo, con el apoyo de la Federación de Inquilinos Nacional; el oficialismo, con el auspicio de la Secretaría de Vivienda de la Nación, y las inmobiliarias ya tienen listos sus proyectos para iniciar el debate. El primero, que lleva la firma de la senadora del FPV Silvina García Larraburu, recoge los consensos alcanzados a fines del año pasado, cuando el Senado aprobó un texto. La iniciativa incluye contratos a tres años, actualización anual con un índice que combina precios y salarios, y un blanqueo de los vínculos.

El Gobierno había empujado ese proyecto, pero lo dejó caer luego, ante el rechazo de las inmobiliarias y los propietarios. Esta vez buscará una iniciativa "de consenso" y con menos intervencionismo estatal. No estarían contemplados los alquileres comerciales ni domiciliarios de personas con altos ingresos, sino que el foco estaría puesto en los sectores de menos recursos. Las inmobiliarias, por su parte, diseñaron un esquema que prevé que los inquilinos vuelvan a pagar comisiones y deban afrontar mensualidades que se indexen por la unidad de valor adquisitivo (UVA).

El Banco Central y su rol

Otro de los temas pendientes desde que el Gobierno firmó, el año pasado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Tras la última revisión técnica del organismo internacional, el secretario de Política Económica, Miguel Braun, confirmó que se enviará una iniciativa al Congreso. El objetivo es quitarle la multiplicidad de mandatos y que solo tenga la obligación de controlar la inflación, y prohibir que la entidad, hoy conducida por Guido Sandleris, financie al Tesoro para cubrir desequilibrios fiscales. Solo habría habilitación para hacer eso en casos excepcionales.

"Nosotros queremos un BCRA que tenga como objetivo bajar la inflación, pero también generar desarrollo en la Argentina. Hoy tenemos un directorio que no pudo detener un proceso inflacionario y el índice alcanza ya casi el 50%, con lo cual no tiene pergamino suficiente para conducir una entidad que debe preservar el precio de la moneda", opinó, terminante, Bossio. En la misma línea, Vallejos considera que "antes que impulsar cualquier reforma se debería procurar que el BCRA cumpla con los roles que ya tiene asignados". Si bien en el Gobierno saben que las chances de que el proyecto sea aprobado son casi nulas, lo cierto es que solo con presentarlo antes del fin de marzo basta para cumplir con la promesa hecha al FMI.

Si bien hay otros proyectos económicos pendientes sobre los cuales se inició el debate en 2018, los mencionados son los que tienen mayor posibilidad de lograr algún tipo de avance en un año de elecciones y con un cronograma para las visitas de los ciudadanos a las urnas que mantendrá a los legisladores ocupados en sus distritos.

Apuntes para el año en el Congreso

Lineamientos de las principales iniciativas en danza

Cambios laborales

  • Tras años de no haber podido instalar el debate legislativo sobre una reforma laboral amplia, el Gobierno apostará a desempolvar la iniciativa de un blanqueo laboral
  • Ese proyecto, que originalmente formaba parte de un texto que contemplaba varios temas, prevé liberar de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social y eximir de sanciones administrativas a quienes declaren tener trabajadores que estaban sin registrar
  • Otro proyecto que se deriva de las conversaciones que en su momento hubo con dirigentes de la CGT es el de la creación de la Agencia Nacional de Evaluaciones de Tecnología de Salud (Agnet).
  • El organismo (que mientras tanto fue creado el año pasado por resolución ministerial) debe ocuparse de analizar prácticas médicas para determinar su inclusión o no en el Programa Médico Obligatorio que dan las obras sociales

Impulso a la actividad

  • Un proyecto de ley con disposiciones para las pequeñas y medianas empresas es uno de los textos insignia para la agenda productiva, según señalan desde el oficialismo
  • En el texto se incluirían medidas de alivio de la carga impositiva, diferenciando las obligaciones según tamaño de las unidades productivas
  • Desde los partidos de la oposición también señalan que presentarán proyectos vinculados a la actividad económica, aunque se basan más en cuestiones derivadas de la recesión
  • Se impulsa, por ejemplo, una declaración de emergencia fiscal por 180 días y desde el massismo también señalan la necesidad de reducir las tasas de interés que cobra la AFIP en los planes de pago
  • Entre otros temas que prevé plantear la oposición, también en referencia a la baja de la actividad, está la suspensión de juicios por deudas

Carga impositiva

  • Una de las iniciativas que genera mayor expectativa es la que prevé amortiguar el impacto de dejar de ser monotributista para comenzar a aportar en el régimen general de autónomos. El salto significa un costo mucho más alto y una mayor carga burocrática
  • Para los autónomos, concretamente, se prevé que exista una progresividad en el monto de los aportes mensuales y una nueva deducción especial (hubo ya una mejora, en lo que al pago de Ganancias se refiere, en la última reforma tributaria votada por el Congreso)
  • En el caso de sociedades se debatiría una reducción en las tasas del impuesto a las ganancias, diferenciándolas según el tamaño de la empresa: 22% para las micro, 25% para las pequeñas y 28% para las grandes
  • También se podría volver a modificar el esquema del tributo que pesa sobre los dividendos que reciben los socios

Economía del conocimiento

  • El Gobierno prevé enviar al Congreso un proyecto de ley de software, para una promoción integral de la llamada economía del conocimiento
  • Esa normativa contemplaría industrias como la audiovisual, biotecnología, servicios geológicos, industria aeropespacial nanotecnología, y satelital, entre otras varias
  • También los emprendimientos vinculados a la robótica, la inteligencia artificial, la internet de las cosas y la realidad aumentada y virtual están incluidas en lo que prevé la iniciativa
  • El texto propone reducir las contribuciones patronales, además de dar ciertos incentivos para quienes incorporen a personas que trabajen en innovaciones
  • Se trata de una normativa que complementaría a la actual Ley de Software, aprobada en 2011 y que ya contempla beneficios

Con impacto en el consumo

  • Se promovería una reforma a la ley de lealtad comercial, con la intención de reforzar la protección de pequeñas y medianas empresas frente a las grandes; incluiría una ampliación de las sanciones por los considerados delitos de índole comercial
  • También se buscará el debate por una nueva ley de defensa del consumidor para adecuarla al Código Civil y Comercial; el borrador del proyecto establece mayores precisiones al deber de informar y actualiza el régimen de sanciones
  • Para la oposición, el caballito de batalla será la ofensiva por poner un tope a las subas de tarifas de servicios públicos; una de las iniciativas prevé retrotraer todos los valores a diciembre de 2018
  • Tanto el oficialismo como la oposición tienen la intención de que se discutan sus proyectos vinculados a la ley de alquileres, con cambios en las condiciones de los contratos

Banco Central

  • El Gobierno de Mauricio Macri se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a una reforma de la carta orgánica del Banco Central
  • El secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación, Miguel Braun, confirmó, después de la visita de la misión del organismo multilateral de créditos a la Argentina, que se enviará un proyecto al Congreso
  • El objetivo de la reforma pretendida es que la entidad monetaria tenga la obligación de controlar la inflación y que se le impida dar financiamiento al Tesoro para cubrir desequilibrios fiscales
  • Más allá de las posibilidades reales de lograr la aprobación de la iniciativa (que ya fue cuestionada por referentes de otras fuerzas políticas), el Gobierno cumpliría con su compromiso si envía un texto al Poder Legislativo durante este mes de marzo

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