La geopolítica global, el nuevo viento de cola

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24 de febrero de 2020  

La relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está más encaminada de lo que se podría haber anticipado por las declaraciones que, vía redes sociales, venían haciendo en el último tiempo desde el Gobierno. No hay nada más alejado de la realidad que las palabras que se vierten en Twitter o en Instagram. Para Alberto Fernández, sin más, el otrora hipercrítico tuitero Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se habría transformado en un aliado clave dentro del directorio del FMI.

Aunque no sería solo producto de las gestiones de la Argentina -que las hubo-, sino sobre todo de los intereses geopolíticos del propio Trump. En plena puja de poder con China, el gobierno de los Estados Unidos no estaría dispuesto a cederle influencia en la región a la potencia asiática, que aparece siempre como prestamista de última instancia de los países en crisis (como sucedió en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner o, ya de forma más evidente, en Venezuela). Pero que además se ubica cada vez más cerca de Europa, atraída por la idea del desarrollo de una Nueva Ruta de la Seda, con grandes proyectos de infraestructura financiados por las en apariencia infinitas arcas chinas.

"La Argentina es uno de los países a cuidar para que no se sigan metiendo los chinos", subraya un hombre de negocios que sigue de cerca la relación bilateral entre Fernández y Trump. Durante la gestión de Mauricio Macri, la cuestión de las inversiones chinas en sectores estratégicos -telecomunicaciones, energía atómica y minería, entre otros- ocupaba ya un lugar clave de la agenda bilateral. Se descuenta que sucederá lo mismo con Fernández, con el desarrollo del 5G como primera batalla.

El FMI no es ajeno a esta pulseada. Trump viene, de hecho, sorteando con éxito la demanda del gobierno chino de una mayor participación en el directorio del FMI. La administración de Xi Jinping impulsa desde hace tiempo un incremento en los aportes de capital -cuotas- que los países miembros hacen al FMI, en un intento de incrementar así su poder de voto. China tiene 6,09% de los votos en el FMI, apenas menos que Japón (6,15%) y solo un poco más que Alemania (5,32%). Mientras que Estados Unidos mantiene el 16,5% de los votos en el organismo multilateral de crédito, lo que le da capacidad de veto ante cualquier proceso de revisión de cuotas o en la aprobación de nuevos programas de crédito, dado que ambos requieren del 85% de los votos del directorio.

El año pasado se dio por terminada la decimoquinta revisión de cuotas en el FMI y se decidió no hacer modificaciones, pero China ya advirtió que buscará impulsar cambios entre 2020 y, a más tardar, 2023.

Trump tendría además incentivos de sobra para dar vuelta la página de la Argentina en el FMI. El superpréstamo de US$57.000 millones que se acordó con la Argentina -del cual se llegó a desembolsar durante 2018 y 2019 gran parte, US$44.000 millones- lo interpela directamente y les da argumentos de sobra a sus aliados dentro del directorio del FMI que lo critican por su exceso de personalismo a la hora de definir el destino de los fondos del organismo multilateral de crédito. "Es un año electoral en los Estados Unidos, y cuando eso pasa, los presidentes tratan de cerrar cualquier conflicto o foco de conflicto que puedan tener. Y el del Fondo es uno", explican.

El apoyo de los Estados Unidos, no obstante, no significa que el FMI aceptará archivar muchas de sus clásicas recetas. Las declaraciones -luego desmentidas- del ministro Claudio Moroni sobre un eventual aumento de la edad jubilatoria, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre un inminente descongelamiento de las tarifas parecen alineadas con el manual de buenas prácticas de la burocracia del Fondo.

Por ahora, al menos, el ablande en el Fondo ya surtió efecto en las líneas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM). "Lo que eran desembolsos a cuentagotas de préstamos ya aprobados se normalizó. Hasta diciembre, todas las unidades ejecutoras de préstamos estaban ahogadas", confían desde la línea del BID. Los técnicos del BID se encuentran por estos días elaborando la nueva "estrategia país" para la Argentina, básicamente el acuerdo marco que regirá desde este año hasta el fin del mandato de Fernández.

A fin de cuentas, el presidente Alberto Fernández es descripto por sus íntimos como un líder especialmente pragmático. "Alberto sabe que tiene que, ante todo, tener superávit fiscal y comercial para que la economía funcione", dice un hombre que lo conoce desde sus años mozos y que lo acompaña desde entonces en su peregrinación por la política.

Al mandatario, sin embargo, le estaría llevando más tiempo de lo previsto terminar de llenar las distintas posiciones del Estado. Mantener contentos a todos los aliados de la coalición y al mismo tiempo evitar conceder espacios que luego entorpezcan la gestión no estaría siendo una tarea tan sencilla. No hay designación además que escape al guiño de Fernández, poco propenso en todo momento a delegar poder. Algunas carteras lo sufren más que otras; la Secretaría de Energía es uno de los casos más evidentes.

La atención de todo el gabinete se encuentra en el ministro de Economía, Martín Guzmán. En Wall Street, la sensación generalizada es que el plan Guzmán entró en tiempo de descuento. Habrá que ver si, en privado, en sus reuniones en Washington y en Nueva York esta semana el ministro mantiene el mismo discurso que tuvo en el Congreso, a comienzos de mes, cuando advirtió que la Argentina no planea realizar ningún esfuerzo fiscal adicional. Por su parte, representantes de uno de los tres grandes comités de acreedores, el que encabeza Hans Humes, de Greylock Capital, tienen previsto reunirse en Buenos Aires con Haroldo Montagu, secretario de Política Económica, el 2 de marzo.

Pese al plazo autoimpuesto hasta marzo para lograr un acuerdo por la deuda, la realidad es que los vencimientos de títulos podrían darle al Gobierno margen para extender sus negociaciones algunas semanas más. Y es que los vencimientos de títulos con legislación de Nueva York recién empiezan a acumularse a partir de mayo. En el medio, hay sobre todo pagos en pesos o de deuda en dólares, pero emitida bajo ley local. No se descarta, asimismo, que para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que tiene en su Fondo de Garantía de Sustentabilidad casi un 70% de bonos del Estado, haya una oferta de bonos ad hoc, como fue en 2005 el cuasi par para las administradores de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

Economía real, en stand-by

Entre las empresas, nadie cree que vaya a haber un repunte de la actividad económica al menos hasta el segundo semestre. Unipar Indupa, la principal productora de PVC en la Argentina, no ve reflejado en sus ventas, por ahora, un repunte en la construcción, ya sea pública o privada. Para sortear la crisis, aumentó el peso de sus exportaciones del 25 al 50% de su producción.

Pero en otras multinacionales empieza a pesar cada vez más el cepo cambiario en decisiones estratégicas. Las autopartistas acumulan deudas con empresas vinculadas y proveedores por US$600 millones, mientras que entre las farmacéuticas la cifra es de US$250 millones. Lejos, muy lejos se está por ahora de los casi US$12.000 millones que llegaron a acumularse durante el mandato de Cristina Kirchner (unos US$6500 millones eran deudas con proveedores y el resto, dividendos no distribuidos), pero muchas buscarían evitar llegar a la misma situación.

Entre los sectores que podrían mostrar una mejora en febrero se ubican los grandes supermercados, que ya a comienzos de mes se sorprendieron con el impacto de la tarjeta AlimentAR. En algunas sucursales de hipermercados del conurbano bonaerense, las compras con los fondos aportados por el Estado llegaron a representar el 50% de las ventas realizadas en un día. "Es mucha plata, pero en dos días se agota. La mayoría se gasta en alimentos, y en menor medida en perfumería y limpieza", detallan de una cadena.

En la Secretaría de Comercio, en tanto, planean ya reactivar y fortalecer el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), para así generar una instancia de contacto entre las empresas y los consumidores. Probablemente sea uno de los anuncios en la semana del 15 de marzo, cuando se celebra el Día del Consumidor. La decisión afecta sobre todo a bancos, compañías de telefonía y prepagas.

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