La Justicia confirmó la fusión Cablevisión-Multicanal: el grupo Clarín evalúa denunciar a los funcionarios
La sala II de la Cámara Civil y Comercial porteña revocó una resolución del ministerio de Economía que en 2010 pretendió anular la operación
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Para LA NACIONJosé Crettaz
La justicia Civil y Comercial porteña confirmó la fusión de Cablevisión y Multicanal, que el presidente Néstor Kirchner había autorizado el 7 de diciembre de 2007 y que tres años después, su esposa y sucesora intentó desarmar mediante una resolución de su ministro de Economía, Amado Boudou . Ahora, al gobierno nacional sólo le queda en este tema la instancia de la Corte Suprema.
Además, según pudo saber La Nación, el Grupo Clarín, accionista mayoritario de Cablevisión, analiza la posibilidad de iniciar acciones legales en el fuero civil contra los funcionarios involucrados en lo que considera un "plan sistemático" para perjudicar a la empresa y a quienes pretende hacer responsables por "daños y perjuicios". El fallo se conoce en la misma semana en la que Clarín se quedó con el 49% de la operadora móvil Nextel.
En 2007, en lo que luego se denominó "primer #7D", el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno , dictó la resolución 257 mediante la cual autorizó la operación que le permitió al grupo Clarín controlar Cablevisión, aceptó el compromiso efectuado por la empresa y sostuvo que la fusión no infringía el artículo 7 de la ley de defensa de la competencia, que prohíbe "las concentraciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia".
Cuando ya habían pasado la crisis política con el sector agropecuario, la estatización de las transmisiones de fútbol y la sanción de la ley de medios, Boudou dictó el 3 de marzo de 2010 la resolución 113 por la cual dispuso "dar por inclumplido el compromiso voluntariamente asumido y aceptado en la resolución 257 y declarar el cese de la autorización otorgada en dicho acto administrativo fijando un plazo de seis meses para que las partes dieran cumplimiento" a esa disposición. Aquella resolución 113 fue apelada por Clarín y Cablevisión, lo que terminó en los tribunales (como tantas otras batallas entre el grupo de medios y la administración kirchnerista).
Ayer, el tribunal Civil y Comercial, con los votos de los jueces Graciela Medina y Ricardo Víctor Guarinoni (el tercer integrante, Alfredo Silverio Gusman, no intervino por haber sido recusado), revocó la resolución 113 y dejó vigente la fusión al considerar que: a) la autorización dada por la Resolución 257 [de Guillermo Moreno] no estaba sujeta a condicionamiento alguno y menos aún de carácter resolutorio; b) el compromiso asumido por las empresas fue voluntario y más allá de que debe ser cumplido, no puede originar el cese de la autorización otorgada; c) la resolución 113 carece de fundamentos en las disposiciones legales aplicables y contraría reglas básicas de interpretación jurídica aplicables al ámbito de defensa de la competencia. Además, en la sentencia se recuerda que la administración Kirchner aprobó en octubre de 2010 el ingreso de manera indirecta de Telefónica de España en el accionariado de Telecom Argentina, el principal competidor de su filial local. Y advierte sobre la disparidad de criterios oficiales en uno y otro caso.
En septiembre de 2006, mediante una serie de operaciones comerciales las empresas Grupo Clarín y Fintech (fondo liderado por el magnate mexicano David Martínez) pasaron a controlar directa e indirectamente el 60% y el 40% de las acciones de Cablevisión, al mismo tiempo que esta última compañía adquirió el control sobre Teledigital Cable y Prima Internet. Las empresas se presentaron ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que tras considerar diversos planteos aprobó la operación por unanimidad con los votos sin objeciones de los vocales Humberto Guardia Mendonça y Diego Pablo Póvolo; e igualmente favorable, aunque con salvedades, de José Sbatella. Un cuarto vocal de la CNDC no firmó por encontrarse en ese momento de licencia.
Antes de ese dictamen, el entonces interventor del Comfer (antecesor de la actual Afsca), Julio Bárbaro, había remitido a la CNDC la nota 693/07 en la que dejó sentado "que no objetaba la operatoria". No obstante, la Afsca difundió hoy un comunicado en el que afirmó que la operación económica sigue prohibida porque "fue rechazada por resolución Nº 577/2009 del organismo ya que viola la normativa sobre los servicios de comunicación audiovisual". La fusión se anunció en 2006 y se aprobó en 2007 con el visto bueno del Comfer. La Afsca fue creada en octubre de 2009 con la sanción de la ley de medios cuya aplicación comenzó exactamente un año después, siete meses antes de que Boudou dictara la resolución revocada. Daría la impresión de que el ente presidido por el candidato a vicegobernador bonaerense Martín Sabbatella pretende aplicar la ley de manera retroactiva.
Para el grupo Clarín, el gobierno pretendió borrar con el codo lo que había escrito con la mano poco tiempo antes. En el conglomerado de medios agregaron que "la fusión contribuyó al interés económico general porque permitió mejorar los servicios, digitalizar y potenciar Fibertel, y no concentró el mercado, dado que tras la fusión de las empresas la participación de Cablevisión en el mercado del cable pasó del 50% al 40%".
En la sentencia del tribunal Civil y Comercial se afirma que Cablevisión fue presentando los informes trimestrales para dar cuenta del cumplimiento de los compromisos asumidos (y cuyo supuesto incumplimiento dio origen a la resolución de Boudou), y destaca también que se ordenaron auditorías para verificar esos hechos (aunque señala que no se hicieron porque la CNDC se encontraba en "estado de reorganización"). Los aspectos centrales del compromiso fueron: "la libre disponibilidad de señales televisivas comercializadas por las empresas compradoras para todos los operadores de televisión paga que compiten con Cablevisión y Multicanal; garantizar la ubicación en la grilla de programación a los proveedores de señales televisivas, siguiendo pautas de pluralismo, libertad de información y entretenimiento de los usuarios; y adopción de medidas para que las ganancias de eficiencia generadas por la operación beneficien a los usuarios, entre las cuales se puede mencionar la realización de un plan de inversiones, la mejora en la calidad de la prestación y el establecimiento de una tarifa básica representativa en determinadas zonas y un servicio opcional, de abono reducido en el área metropolitana de Buenos Aires, y la provisión gratuita de conexión a determinados establecimientos públicos".
De todas formas, la sentencia determina que en los dictámenes y resoluciones firmadas en este caso, en ningún momento quedó la operación de fusión sujeta al cumplimiento de ninguna condición, independientemente de que esta se haya o no cumplido. Y allí está el principal argumento en el que se basa el tribunal para revocar la resolución que anuló la fusión.
El fallo también incluye una severa "amonestación" a dos abogados del conglomerado de medios, Damián F. Cassino, del grupo Clarín, y José María Méndez Acosta, de Cablevisión, ambos integrantes del estudio Sáenz Valiente y Asoc., que concurrieron por separado y ante tribunales diferentes a cuestionar el efecto de la resolución de Boudou. Además, la sentencia sugiere que el Estado nacional podría haber intimado previamente a las empresas a cumplir con sus compromisos voluntarios, para lo cual contaba con el apoyo de diversas normas.
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