La recaudación es clave para lograr déficit cero

Nadin Argañarazpara la naciOn,El autor es director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)

El esperado Acuerdo II con el Fondo Monetario Internacional (FMI) introdujo una expansión del préstamo inicial de US$7100 millones, pasando de los US$50.000 millones a los US$57.100 millones. Pero más importante que el aumento del monto total del préstamo es el adelantamiento de los desembolsos, que en los años 2018 y 2019 duplicarán a los pautados en el primer acuerdo. Bajo el nuevo programa, los desembolsos para estos dos años serán de US$36.200 millones (US$13.400 millones en 2018 y US$22.800 millones en 2019), mientras que en el programa original eran de US$17.500 millones. Este fondeo ahora puede ser incorporado al presupuesto, ya que deja de ser de carácter precautorio.

Este cambio del flujo de dólares, por sí solo, permitiría cubrir todos los vencimientos de deuda de 2018 y un 80% de los vencimientos de 2019. Y, bajo el supuesto de una renovación de Letes en dólares del 50% en 2018 y del 60% en 2019, se pasa sin sobresaltos todo 2019, comenzando 2020 con un saldo de caja positivo de al menos US$1000 millones. Es decir que se elimina el riesgo de que la Argentina pueda no cubrir parte de sus vencimientos de deuda en el corto plazo, lo que debería traducirse en una recuperación del precio de los bonos y en una baja del riesgo país, cuestión clave para el financiamiento del sector privado.

Los otros ejes del nuevo acuerdo son la política monetaria y la política cambiaria. En lo monetario se migra hacia un esquema de metas de agregados monetarios que será ancla nominal para la inflación.

Con un menor ritmo de aumento de los agregados monetarios, en principio no habría margen para convalidar tasas de inflación elevadas, generándose una convergencia hacia niveles de inflación bajos. Se estableció como objetivo que la base monetaria tenga un crecimiento nominal nulo hasta junio de 2019 y tendrá lugar un esquema de tipo de cambio flexible con bandas exteriores con una zona de no intervención, que comenzará entre los $34 y $44 y que se irá ajustando en el tiempo. Es decir que se busca bajar la tasa de inflación con un estricto control de la base monetaria y con las zonas de intervención y no intervención del tipo de cambio.

El gran interrogante es el impacto que esta política de estabilización tendrá sobre la actividad real, principalmente la vinculada con el mercado interno.

En el contexto de este nuevo acuerdo, si bien el uso de los fondos dejó de lado su carácter precautorio, el compromiso de equilibrio primario es central. En los próximos días seguramente se establecerá el camino temporal de cómo deberá llevarse a cabo la eliminación del déficit primario de 2,6% del producto bruto interno (PBI) dentro de 2019.

Ahora bien, ¿cómo espera el gobierno nacional lograr el déficit cero? Por el lado de las erogaciones, el gasto primario deberá reducirse en términos reales un 7,7%, acelerando la caída de 6,2% real que se verificaría en 2018. Al interior del gasto, las partidas que acelerarían su reducción son las relacionadas con la obra pública, que de reducirse un 16% en moneda constante este año, pasaría a una baja del 31,2% real el año que viene.

Los subsidios a la energía caerían en términos reales el próximo año un 27% (más que compensando la suba real de 23,2% con la que cerrarán este 2018), mientras que las transferencias para subsidiar el transporte pasarán de caer un 16% real en 2018 a una reducción en moneda constante de 39,2% para todo 2019. En este último caso, el mayor peso de la rebaja del gasto vendrá por el traspaso a provincias de los subsidios al transporte. La suba del dólar impidió que los subsidios a la energía bajen este año y, a la vez, los potenció al alza en términos reales.

El otro componente fuerte de reducciones del gasto vendrá por el lado de las transferencias corrientes a provincias, que pasarán de verse reducidas un 9,7% en términos reales durante el corriente año, a mostrar una caída de 38,8% en moneda constante durante 2019.

Aun cuando los ajustes reales del gasto nacional son significativos, por sí solos no son suficientes para alcanzar la ambiciosa meta de reducir el próximo año el déficit primario en 2,6 puntos del PBI.

Por lo tanto, también deben crecer en términos reales los ingresos fiscales. El principal componente, los ingresos tributarios, se espera que en 2019 crezcan un 3,5% real. El resto, los ingresos no tributarios, tendrán el empuje de la disminución de la inversión financiera del Fondo de Garantía Solidario (FGS) para hacer frente a los gastos derivados de la reparación histórica con los jubilados, que llevan a que la suma total de ingresos nacionales suba en 2019 un 5,2% en términos reales.

Del crecimiento esperado de los ingresos tributarios y del PBI, se deriva que la presión tributaria nacional crecerá un 1% del PBI el próximo año, con un sesgo de ingresos a favor del gobierno nacional, generado en el elevado incremento propuesto en los ingresos provenientes de los derechos de exportación, que el año próximo más que duplicarán su valor real (102,3% interanual), aportando el equivalente a 1,2% del PBI. Desde agosto de este año, todo ingreso por este concepto no se comparte con otros niveles de gobierno (por la eliminación del fondo sojero).

Un dato importante para el funcionamiento de la economía en un contexto recesivo es que en 2019 continúan las reformas tributarias emprendidas este año, entre las que se encuentran dos de mucha relevancia: 1) las reducciones en las contribuciones patronales que llevaron a que los recursos nacionales de la seguridad social caigan en términos reales un 1,2% en 2018 y se planifique una caída del 2,8% para 2019 (equivale a una caída de 0,1% del PBI); y 2) la reducción de la alícuota de Ganancias, que explica gran parte del 1,9% real de variación negativa en el tributo en 2018 y del 7,3% de caída real esperada para 2019.

Considerando todos los cambios, la presión tributaria nacional llegaría al 26,2% del PBI en 2019. Respecto de 2015, cuando fue del 25,8%, registraría un aumento de 0,4 puntos porcentuales. Esta suba surgiría de una mayor presión de los impuestos al comercio exterior de 1,5 puntos porcentuales del PBI, combinada con una caída de 1 punto porcentual de los impuestos sobre las rentas y transacciones de bienes y servicios domésticos.

En síntesis, el nuevo acuerdo con el FMI consolida una política fiscal contractiva, acompañada de una política monetaria también contractiva. Será clave ir observando el impacto que ambas tengan sobre el nivel de actividad económica real y, por carácter transitivo, sobre la recaudación tributaria. No es un tema menor, cuando el margen de no cumplir con la meta de déficit cero, es cero.

El autor es director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)

Por Nadin Argañaraz

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