Coimas: la recompensa para recuperar el dinero ya generó 70 datos para la Justicia sobre un total de 556 llamadas
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LA NACIONPaula Urien
Para encontrar el dinero de la corrupción , el Ministerio de Seguridad informó el miércoles pasado que ofrece una recompensa para las personas que aporten datos precisos relacionados con "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/asociación ilícita" . La línea 134, que recibe los llamados con información, ya fue utilizada por 556 personas, detalló el jefe de Gabinete de la cartera, Gerardo Milman, en un tweet que envió esta madrugada.
Según el funcionario, 70 de esos llamados tienen posibilidad de ser llevados a la Justicia. En la resolución que publicó el ministerio se detalla que se ofrece el 5% del valor recuperado hasta un tope de 2 millones de pesos.
"Esta recompensa tiene que ver con otras que ofrecemos para búsqueda de prófugos y demás. pero veremos en función de lo que aparezca la posibilidad de aumentar la cantidad de dinero", dice Milman a La Nacion. "Este fondo está vinculado al propio presupuesto del ministerio. Si después se llega a un convenio con la Justicia para que se pueda pagar con parte de lo recuperado, este monto se puede cambiar".
Aclara que al no haber todavía una ley de extinción de dominio (hay tres dictámenes en el Senado con respecto a la media sanción en Diputados), el fondo que maneja el ministerio no puede nutrirse con los bienes recuperados sino que viene del presupuesto de la cartera.
"A diferencia de lo que pasa en otros países, acá el bien es incautado por la Justicia y la recompensa se paga del presupuesto del ministerio", detalla.
Aviones, yates, Ferraris y propiedades son algunos de los bienes incautados pero que no se pueden vender. La Justicia tiene un organismo que administra los bienes y que los da en "custodia judicial". No se pueden llevar a subasta pública.
Una excepción fue el dinero recuperado de la valija de Antonini Wilson , que nadie lo reclamó y que fue a parar, a través de un fallo judicial, al Ministerio de Desarrollo Social para construir dos jardines de infantes. "En el caso de una persona con titularidad sobre el bien, hoy sin extinción de dominio la Justicia da sus bienes en custodia, y pueden ser reclamados por su dueño si es sobreseído después de un juicio, que por otra parte demorar años", explica.
Si saliera la ley, entonces, la recompensa podría ser mucho mayor.
En los Estados Unidos, 33 millones de dólares para un delator
En la Argentina, aunque la recompensa tiene sus resultados, resulta baja si se compara con la estrategia americana para encontrar dinero mal habido, que consiste en destinar entre el 10 y el 30% del dinero recuperado a quien proporcione datos precisos que permitan llegar a él, siempre y cuando se trate de cifras superiores al millón de dólares (aunque está revisándose esta cifra para que baje). El denunciante (al igual que en la Argentina) permanece en el anonimato.
Así se le buscó una "vuelta" para "estimular" a quienes tienen información veraz que lleve no a la ruta del dinero sino al dinero mismo. Se trata de pagarles, de verdad, millones de dólares con fondos que provienen de la corrupción y las malas prácticas.
Con grandes anuncios muy publicitados, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés o Securities and Exchange Commision) suele comunicar el monto de las recompensas ya cobradas a modo de estímulo para otros los whisleblowers (o delatores) .
El último "premio" fue para dos personas que se embolsaron entre ambos 50 millones de dólares, mas un tercero que recibió 33 millones y subió al podio de la persona que más dinero recibió por un buen dato. Quien le sigue había recibido U$S 30 millones de 2014.
"Estos premios demuestran que los whistleblowers pueden proveer a la SEC información increíblemente significante que la ayuda a poner remedio a serias violaciones que de otra manera no se conocerían", dijo Jane Norberg, directora de la oficina del whisleblower en la SEC, durante el anuncio. Y sí, existe una oficina del whisleblower. "Esperamos que estos premios estimulen a otras personas a proveer información de alta calidad con respecto a violaciones a las leyes", tienta.
La SEC ya repartió más de 252 millones de dólares a 53 whistleblowers desde 2012.
"La razón por la cual se pagan estos montos tan altos es que es muy difícil que las personas puedan volver a su trabajo o a su vida normal después de haber hecho una denuncia tan importante", dice Raúl Saccani, socio de Deloitte. "En el mundo se discute mucho el tema de los incentivos económicos. Hay un gran debate sobre las mejores maneras de estimular a los denunciantes".
Todo comenzó con la Ley Dodd Frank. Fue creada en 2010 y permite solicitar recompensas monetarias si se informan sobornos prohibidos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés). La ley se aplica incluso si los sobornos se pagan en un país extranjero y el informante es ciudadano extranjero.
La FCPA prohíbe a miles de empresas, tanto de los EE. UU. como internacionales, pagar sobornos a funcionarios extranjeros y obliga a tener registros financieros veraces. En 2017 hubo 5 denuncias desde la Argentina. El mismo programa de denunciantes exsiet para la AFIP del país del norte.
Similitudes y diferencias
"Mediante ley 27.319 de noviembre 2016, se incorpora en la Argentina la figura del "informante" que tiene algunas similitudes con la figura del "whistleblowing" de países del derecho anglosajón, tales como Estados Unidos o Inglaterra", dice el abogado penalista Roberto Durrieu."En cuanto a sus similitudes encontramos su definición, que consiste en la persona que en calidad de testigo y/o colaborador independiente de la justicia (no imputado, sino testigo) aporta información valiosa para dar, por ejemplo, con la "ganancia criminal" derivada de un delito de narcotráfico, trata o corrupción pública y/o privada".
Entre las diferencias, el abogado consigna que "en la Argentina se establece un "premio" al colaborador informante de un 5% del total del dinero que se recupere por su cooperación, con un máximo en pesos de 2 millones. Con la inflación que existe en el país, estos montos parecen poco estimulantes".
La segunda crítica, según Durrieu, tiene que ver con la debida confidencialidad de la identidad e información que aporte el llamado "informante". "Los tribunales de nuestro país, y las fuerzas de seguridad, no se sabe hasta que punto están en condiciones de asegurar que no existan "filtraciones" de datos clave que pueda aportar el informante. En caso de ser dolosas, mal intencionadas o hasta incluso "mal manejadas" (dolo eventual) esto podría acarrear la comisión del delilto de violación de secretos del artículo 153 o 156 del código penal. La única excepción legítima para que se divulgue la información podría ser, por ejemplo, cuestiones de justa causa (ej., evitar un mal mayor) o cuando el titular de tal información confidencial decide, libremente, liberar dichos datos a terceros o hacerlos públicos. Pero incluso en este último caso también existe un límite y tiene que ver con el compromiso que asumió ante el Estado para mantener tal aporte en secreto a los fines de concretar un "debido avance en la investigación".
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