Motosierra, dinero para empresas públicas y una partida para los presos
La decisión no modificó el gasto total, ya que mientras en algunas se aumentó, hubo un recorte en otras; polémica por $2270 millones para unos programas autónomos del Congreso
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LA NACIONDiego Cabot
Como cada vez que el Gobierno mueve el engranaje regulatorio para hacer frente a los gastos del Estado, hay ganadores y perdedores que detonan sonrisas y caras largas entre los que ven recortado su ingreso disponible y aquellos que aumentan su billetera.
Además de la reasignación de una partida para la Secretaría de inteligencia del Estado (SIDE) -$25.000 millones para la central de inteligencia, de los cuales $8000 millones podrán ser usados sin control-, hay varios puntos que llaman la atención. El primero es el dinero que se entrega al Poder Legislativo. La particularidad es que se dirigen a tres programas. El primero se llama “Defensa de los Derechos de los Ciudadanos”; el segundo, “Protección de los Derechos del Interno Penitenciario”; mientras que el último es “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
¿Cuál se lleva la mayor cantidad de dinero? Pues por cada peso que se destinó para los “ciudadanos libres” marcharon 9 para los presos. Dicho de manera presupuestaria, el primer programa amplió su crédito en $270 millones y el último, para prevención de torturas, adicionó a su caja $170 millones, pues para "Beneficios y compensaciones" de los “internos penitenciarios” fueron $1800 millones. Como se dijo, 9 a 1.
Según una alta fuente del Congreso, estos organismos son autónomos del Congreso y están creados por ley. El que más dinero se lleva, por caso, busca generar “acciones destinadas a proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, tanto en comisarías, alcaldías, como en cualquier tipo de local donde se encuentren, y de los procesados internados en establecimientos provinciales”.
“Son autónomos; no dependen del Congreso y no pedimos presupuesto”, dijo una alta fuente del parlamento a LA NACION. Según tres fuentes contactadas, más allá de las intenciones al momento de la creación, serían una suerte de “refugio” de muchos militantes. “Hay varios que están muy cooptados por el kirchnerismo. Con el tiempo, las funciones se difuminan y se convierten en lugares que nadie mira”, confió una de ellas.
Mediante la decisión administrativa 10/2025, la Casa Rosada movió las fichas de la caja de decenas de organismos, una modalidad que será normal este año en el que ni siquiera se debatió la ley que entrega las autorizaciones de gasto al Poder Ejecutivo. Con solo recordar que se actualizó por segundo año consecutivo el Presupuesto laborado por Sergio Massa cuando era ministro de Economía en 2022, da la pauta de la necesidad de la herramienta.
“Se autorizó un incremento en el cálculo de recursos por $24.800 millones y un aumento de gastos de igual cuantía. Este incremento surge como resultado de mayores autorizaciones para 53 programas presupuestarios por $1.488.340 millones, y reducciones en 20 programas por $1.463.540 millones”, resumió en su informe la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Es decir, la modificación no impactaría en las cuentas finales del superávit, ya que contra ese nuevo gasto hay recortes, o motosierra, según el léxico del Gobierno, por una proporción similar.
Una de las partidas más grandes es la destinada a cumplir con la acordada de la Corte Suprema que obligó al Estado nacional a pagar una proporción mayor de la coparticipación de impuestos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La medida, que fue dictada en 2022 y es preventiva hasta que se decida la cuestión de fondo, fue incumplida por Alberto Fernández cuando era presidente y se negoció ya en el mandato de Javier Milei. Esta vez se destinaron $406.000 millones.
Los subsidios al transporte, en total, sumaron $273.000 millones. Pese a los aumentos de la tarifa y que gran parte de los servicios fueron enviados a otras jurisdicciones y que son subsidiados por las provincias y la Ciudad, pues el boleto remunera aproximadamente el 44% del valor del transporte en el Área Metropolitana, según datos del Reporte de Subsidios y Tarifas que elabora Afispot, el Área Fiscal y de Políticas públicas del IEP, dependiente del Conicet. Dentro de este ítem, se cuenta el monto que recibirán las empresas ferroviarias: Operador Ferroviario ($170.834 millones); Administración de Infraestructuras Ferroviarias ($89.686 millones); Belgrano Cargas y Logística ($7315 millones) y Ferrocarriles Argentinos, $5293 millones.
La motosierra pasó por varias partidas. Una de ellas es la de un programa llamado Casa Amor, creado en 2023. En ese momento, Fernández, Fabiola Yáñez, como presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación, y la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunciaron el proyecto que creaba de 24 espacios de contención social, sanitaria y educativa en todo el país y que se llamarían Casa Amor, “donde se brindará alojamiento y contención social, educativa y sanitaria a familias en situación de vulnerabilidad de todas las jurisdicciones del territorio nacional”, según el comunicado oficial. Le quedaban reservados fondos por $225 millones hasta que la motosierra los cortó.
Para la relación con las provincias se sumaron $75.000 millones, y para el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, $200.000 millones que seguramente se destinarán a Bahía Blanca.
Hubo mucho recorte de refacciones de escuelas y salas de jardín de infantes (se restaron previsiones de gasto por $18.000 millones) y varias partidas que tienen como fin mejorar la infraestructura en varios distritos de la justicia electoral.
Algunas empresas públicas también recibieron asistencia. Por ejemplo, Enarsa recibirá $199.970 millones y habrá $18.400 millones para la empresa Educ.Ar.
