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El Gobierno decretó otro aumento en los fondos para la SIDE y una ampliación de gastos reservados
Se reasignaron $25.000 millones para la central de inteligencia, de los cuales $8000 millones podrán ser usados sin control; el organismo está a cargo de un aliado de Santiago Caputo
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LA NACIONJaime Rosemberg
Obligado a reasignar partidas por la falta de un presupuesto aprobado por el Congreso desde el inicio de su mandato, y en la previa de distintas elecciones provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei dispuso hoy, a través del Boletín Oficial, un adicional de $25.000 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de los cuales poco más de $8000 millones llegarán a la central de inteligencia en concepto de gastos reservados, sin control parlamentario.
En uno de los ítems de las 150 páginas que componen el anexo 1 del decreto de reasignación de recursos, firmado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno dispone de esos millonarios fondos adicionales para la SIDE en concepto de “Seguridad y Defensa”. De los $25 mil millones para la central de inteligencia, algo más de $19.000 millones son gastos corrientes, y el resto gastos de capital.
Entre los gastos corrientes sobresalen los gastos no personales, como alquileres de maquinaria, mantenimiento, reparación y limpieza, y la suma de $8.017.600.000 en concepto de gastos reservados, sin obligación de rendir cuentas. En la SIDE, manejada por Sergio Neifert, tiene una gran influencia el multifacético asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo radio de acción se extiende, además, a áreas tan disímiles como los ministerios de Salud y Justicia, la petrolera estatal YPF o el ente recaudador, Arca, por dar solo algunos casos.
Fuentes oficiales cercanas a la central de inteligencia afirmaron a LA NACION que la suma otorgada a la SIDE “es muy poca, en dólares son U$S 20 millones”, tomando en cuenta “las inversiones en tecnología son caras, a precios internacionales”. También adujeron que otras administraciones provinciales también gastaron “millones” en adecuar su tecnología de inteligencia en el pasado reciente.
A mediados de marzo, a través de un decreto similar, el Gobierno había ampliado en algo más de $7000 millones en los gastos para la SIDE, entre ellos $1650 millones en gastos reservados.
Las asignaciones de fondos para la SIDE sufrieron un severo traspié en el Congreso, en agosto pasado, cuando con el voto de distintos partidos opositores y el Pro de Mauricio Macri, la Cámara de Senadores rechazó el DNU que asignaba nada menos que $100.000 millones adicionales al presupuesto de la SIDE, también en concepto de gastos reservados. Fue un duro golpe al Gobierno, en el primer rechazo a un DNU enviado por el Poder Ejecutivo desde la reforma constitucional de 1994, aunque los fondos habían sido gastados casi en su totalidad en el mes que medió entre la salida del decreto (19 de julio) y su rechazo parlamentario. En diciembre, el Gobierno aceptó la decisión del Congreso y devolvió los $88.000 millones que ya habían sido utilizados.
Otros rubros
Otras partidas millonarias que aparecen en el decreto publicado hoy son una asignación al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, de $200.000 millones, destinadas al Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, con eje en la devastadora tormenta que afectó a Bahía Blanca, a principios de marzo, según confirmaron a este diario fuentes de ese ministerio.
Unos $108.000 millones se destinan, desde el Ministerio de Economía, a la “asistencia financiera a empresas públicas”, direccionada hacia Energía Argentina S.A, y otros $69.000 millones hacia Infraestructuras Ferroviarias S.E.
También se afectan $77.500 millones hacia la vicejefatura de gabinete de Interior, que conduce Lisandro Catalán, para a su vez transferir esos fondos a provincias y municipios (que no detalla) “para financiar gastos corrientes y de capital”. Y otros $406.000 millones van hacia los mismos destinos, en concepto de obligaciones a cargo del Tesoro nacional. Un auxilio financiero para muchas administraciones provinciales ahogadas, según ellas mismas, por la baja en la recaudación de los últimos meses.
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