Las señales de alerta que encienden los números de la realidad laboral
En agosto de este año se registró el número más bajo de asalariados formales del sector privado para ese mes, al menos desde 2012, con la excepción de 2020 –por la pandemia–; la cantidad de empleados públicos y la de monotributistas crecieron un 30% en un período de casi una década
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LA NACIONSilvia Stang
Por cada 100 asalariados que se desempeñaban en empresas privadas en la Argentina a principios de 2012, ahora hay 96. Y por cada 100 empleados que había en aquel entonces en el sector estatal, este año hay 130. En el caso de los monotributistas, las cifras de uno y de otro momento son similares a las de los ocupados en la administración pública, mientras que en el régimen de autónomos este año hay 93 personas por cada 100 que había casi diez años atrás.
Los datos surgen de las estadísticas publicadas por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, que están basadas en los registros oficiales de los sistemas de seguridad social (el SIPA, las cajas provinciales de empleados públicos y otros regímenes, como el de las Fuerzas Armadas). Son datos que reflejan, entre otras cosas, el estancamiento del nivel de empleo dependiente formal en el sector privado, que lleva ya, al menos, una década. En los últimos años hubo, en rigor, algunas variaciones hacia arriba y hacia abajo del número de ocupados registrados en diferentes períodos, pero si se miran los datos de enero o los de agosto de 2012 (la serie publicada arranca con información del primer mes de ese año), y el del octavo mes de 2021,el número es inferior este año. Concretamente, si se consideran las cifras de cada agosto, ahora el número de ocupados es un 2,3% menor al de nueve años atrás.
A diferencia del empleo dependiente formal, el monotributo avanzó un 30% en una década; es un dato sensible para el sistema previsional, dado que la contribución es consideraba baja en relación tanto con el aporte de los asalariados como con la promesa de pago futuro que hace el Estado
En agosto del actual 2021 año el número de asalariados del sector privado tuvo un incremento de 2,1% respecto de ese mes de 2020, muy afectado por la pandemia y la cuarentena; se registraron este año 124.047 empleados más que en ese momento en el que regían restricciones normativas a la actividad económica. Pero la cifra total del período más reciente (5.894.068 asalariados) no alcanza a ser la que era en agosto de 2019 (cuando había 177.086 ocupados más) ni a la que era en cada mes de agosto hacia atrás, hasta 2012. La cifra más alta de registros en todo el lapso considerado fue la de marzo de 2018: en ese mes hubo 6.322.588 asalariados formales, un 7,3% más que en agosto de este año.
En cuarentena y ya fuera de ella también, el trabajo asalariado formal quedó en una situación de mayor protección respecto de otros segmentos. Eso se explica por al menos tres factores: la propia naturaleza de esos empleos (de por sí más amparados), la mayor proporción de tareas que pueden hacerse de forma remota en relación con lo que ocurre en el universo de ocupaciones informales, y las regulaciones vigentes, como la prohibición de despidos (que no impidió las desvinculaciones bajo la figura de retiros voluntarios ni las originadas en el cierre de empresas).
El sector no registrado sufrió una caída mucho mayor y, consecuentemente, la recuperación es más dinámica en ese segmento laboral. Eso se hizo evidente en los datos relevados por el Indec en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH); en el segundo trimestre de 2020, entre quienes dijeron ser asalariados el 23,8% afirmó no tener aportes a la seguridad social, mientras que en el mismo período de este año el indicador se ubicó en el 31,5%, un valor cercano al que muestra el relevamiento desde hace varios años, con el paréntesis del hecho excepcional de la cuarentena. Esas variaciones, claro, fueron producto de la salida de la actividad y del reingreso por parte de trabajadores informales, al mismo tiempo que las dotaciones en blanco se mantenían, a nivel general y comparativamente, mucho más estables.
El fenómeno de un impacto mucho mayor de la crisis de 2020 en el trabajo informal es algo que se vio, en rigor, en toda América Latina. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaborado por la economista argentina Roxana Maurizio, advierte que, según lo observado en crisis previas, existe en la región “un alto riesgo de informalización laboral” en el proceso de recuperación de empleos tras lo peor de la crisis causada por el Covid-19.
Se agrega que el comportamiento futuro del empleo formal va a depender no solo de la coyuntura económica (en el caso de la Argentina, la proyección de crecimiento para este año es de un índice menor al de la caída que hubo en 2020), sino también “de la implementación y continuidad de las medidas que apuntalen la creación de puestos”.
Lo cierto es que en el sector formal y tras lo ocurrido en 2020 –cuando la caída de la economía tuvo que ver con prohibiciones–, antes que nuevas contrataciones, en buena medida lo que se concreta es una recuperación de horas trabajadas por parte de los trabajadores que ya estaban. Por eso, tiende a debilitarse la relación entre el incremento del nivel de actividad y la creación de puestos laborales.
A diferencia de lo que pasa en el sector privado, en la estadística de mediano plazo sí se observa una suba del número de empleados públicos. En este segmento, si se toman todos los datos de agosto de la serie, la escalera ascendente no tiene interrupciones. El número más reciente muestra que hay 3.300.739 empleos, un 25,3% más que en el octavo mes de 2012 y 29,8% más respecto del primer mes de aquel año.
Entre quienes trabajan por su cuenta, el número de monotributistas creció, entre enero de 2012 y agosto de 2021, en un porcentaje similar al del incremento del empleo estatal. Ahora hay 1.712.320 aportantes. Aquí puede haber relaciones de dependencia encubiertas, pero el dato del crecimiento es también una señal referida a las tendencias de las ocupaciones laborales.
Es una evolución, en todo caso, a la que le debería prestar especial atención un análisis del sistema previsional. ¿Por qué? Porque en relación tanto con lo que aportan asalariados y empleadores, como con la promesa de pago futuro que hace el Estado, la contribución de los monotributistas es considerada baja. Y eso se profundizó con el tiempo: mientras que en los inicios del monotributo el pago previsional (que entonces era de igual monto para todas las categorías) equivalía al 22% del haber mínimo, hoy esa relación es de entre el 4% y el 10%.
Un proyecto recientemente elevado al Congreso por el Poder Ejecutivo busca, estableciendo subsidios, incentivar el ingreso de más personas al monotributo. Se prevé disponer que en las tres categorías más bajas no se pague más el componente impositivo (que en un 70% se destina hoy al sistema jubilatorio) y que, cualquiera sea la categoría, el aporte jubilatorio no se abone durante los dos primeros años, a la vez que en los dos años siguientes existiría un subsidio decreciente. Con ese esquema, desaparecería el monotributo social, donde hay 394.486 anotados.
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