Limitan la resiembra de soja y de trigo

El Gobierno impuso límites al derecho de uso propio de semillas, que por ley habilita a los productores a reutilizar las semillas de trigo y soja que cosechan en un ciclo agrícola para volver a sembrar en la campaña siguiente.

El secretario de Agricultura, Miguel Campos, firmó ayer la resolución 338, por la cual los agricultores sólo podrán utilizar semillas propias para sembrar la misma superficie que implantaron con productos certificados en el ciclo anterior. Es decir que si un productor compró semillas certificadas y protegidas para cubrir un área de 10 hectáreas, podrá resembrar el equivalente con su producción, pero no más.

Hasta ahora, la ley 20.247 de semillas y creaciones fitogenéticas no acotaba en ninguna medida el uso propio que pudieran hacer los productores. La normativa no incluía límites en el uso propio y, según algunas empresas semilleras, éste es uno de los factores que alientan la profusión de un gran mercado negro. De hecho, se estima que en la Argentina un 40% de las semillas de soja y trigo son producto de la cosecha de cada agricultor, mientras que apenas un 20% se compran todos los años como productos certificados. El resto de las semillas, un 40%, se comercializa en el mercado negro, conocido como "bolsa blanca" (sin marca) y que, según algunas sospechas, podrían provenir de campos dedicados a la multiplicación de los productos para su posterior comercialización.

El mercado total de semillas representa unos $ 1000 millones al año. "La medida tiene como objetivo promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agropecuarios la identidad y calidad de los productos que adquieren, así como proteger la propiedad intelectual de las creaciones fitogenéticas", señaló la cartera de Agricultura en un comunicado. La resolución será publicada hoy o mañana en el Boletín Oficial.

La resolución, a grandes rasgos, intenta resolver también un conflicto que enfrentó a las empresas semilleras con Agricultura. También apunta a descomprimir en alguna medida los reclamos de la empresa Monsanto en cuanto al cobro de regalías por la soja transgénica, que ocupa un 95% del área sembrada con este cultivo.

"Lo que se hizo es precisar el concepto de uso propio que está en la ley", dijo ayer una alta fuente de Agricultura, al tiempo que agregó: "Nadie ve esto como la solución del tema del mercado negro, pero es un paso en la dirección correcta".

Sin embargo, en el sector privado la normativa no cayó bien. El director de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Adolfo Mac, expresó que la reglamentación difiere de la idea privada respecto de limitar el uso propio. "Nosotros propusimos que se mantuviera el uso irrestricto para el caso de los pequeños productores, pero que no sea gratuito para los grandes agricultores", consideró Mac. En su opinión, aquellos productores que cuentan con una facturación anual superior a los 150.000 pesos pueden hacer frente al pago de la semilla todos los años.

Esta nueva reglamentación, según la información oficial, apunta a precisar los alcances de la "excepción" concedida al agricultor en cuanto a que puede reservar su propia semilla, amparado en el artículo 27 de la ley. "La Secretaría procura, así, garantizar a las empresas privadas e instituciones públicas condiciones aceptables para el desarrollo y comercialización de cultivares mejorados genéticamente", sostiene el comunicado.

Los principales cultivos afectados por el comercio en negro y el uso indiscriminado son el trigo y la soja, porque se trata de especies autógamas que permiten la resiembra sin alterar su rendimiento. Sin embargo, los híbridos, maíz y girasol, pierden efectividad si se vuelven a sembrar.

El organismo de aplicación de esta normativa es el Instituto Nacional de Semillas (Inase), cuyo directorio está en formación desde hace más de dos años. Este organismo carece de estructura para controlar el vasto universo de productores en todo el país.

"Se están evaluando distintas alternativas de fiscalización a través de un convenio con ASA y la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov)", señaló el funcionario. Estas dos asociaciones están conformadas por las empresas privadas que comercializan semillas en el país.

Conforme a