Los acreedores insisten en pedir cambios legales, pero mantienen abierto el diálogo

Guzmán rechazó las modificaciones legales que propusieron algunos bonistas
Guzmán rechazó las modificaciones legales que propusieron algunos bonistas Crédito: Ministerio de Economía
Rafael Mathus Ruiz
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24 de junio de 2020  • 22:18

WASHINGTON.- Tras el último encontronazo en las negociaciones por la deuda, la semana anterior, los principales acreedores de la Argentina defendieron los cambios legales que propusieron para los nuevos bonos luego de que fueron rechazados de plano por el ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque se mostraron dispuestos a buscar un "compromiso" que pueda correr uno de los obstáculos para llegar al acuerdo.

"Estamos en un proceso de negociación. No es que cada punto de nuestra lista tiene que ser aceptado por el Gobierno. Nuestra preocupación es que el ministro trazó una línea roja que dificulta alcanzar los compromisos necesarios para un acuerdo exitoso", indicaron a La Nación fuentes de los acreedores.

"Si hubiera voluntad para encontrar algunas soluciones, y si llegamos al arreglo económico y hay voluntad de tener discusiones de buena fe sobre estos temas, estoy seguro de que se podrían encontrar compromisos", agregaron.

La discusión por el lenguaje del contrato de los nuevos bonos del canje saltó al centro de la negociación de la deuda luego de que acreedores de la Argentina reclamaron mayores protecciones legales, similares a las de los bonos Par y Discount, de los canjes de 2005 y 2010. La disputa central -aunque no es la única en el frente legal- es el lenguaje de las cláusulas de acción colectiva, o CAC, que fueron modificadas luego de la crisis financiera global y la larga batalla judicial con Elliot Management, el fondo "buitre" de Paul Singer, para equilibrar las protecciones legales a favor de los Estados.

El objetivo de la cláusula -un estándar internacional en la emisión de títulos públicos con respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el G-20 y la Asociación Internacional de Mercado de Capital (IMCA, según sus siglas en inglés)- es evitar que un grupo minoritario de acreedores -como, por ejemplo, fondos "buitre"- trabe un acuerdo. La cláusula obliga a todos los acreedores a aceptar una oferta de canje cuando cruzó un determinado umbral de aceptación.

Pero los bonistas dicen que la Argentina "abusó" de esa protección, al ensayar una interpretación de la cláusula que abre la puerta a canjes sucesivos para torcer la voluntad de los acreedores que rechacen la primera propuesta, una estrategia bautizada Pac-Man. "No estamos criticando la arquitectura financiera internacional de la cláusula de acción colectiva, lo que criticamos es el uso que la Argentina le está dando", remarcaron las fuentes.

Ayer, al brindar una charla virtual en el Consejo de las Américas, Guzmán fue tajante al rechazar los términos legales propuestos por los acreedores. Guzmán solo mencionó al Grupo Ad Hoc, integrado por BlackRock, Fidelity y Ashmore, entre otros fondos. Ese grupo presentó una propuesta junto al Grupo de Bonistas del Canje, liderado por Monarch, que posee títulos de los canjes previos. El Gobierno había dejado trascender la semana anterior que los términos que exigieron los acreedores eran "insultantes". El Comité de Acreedores del Canje, que negocia junto a los fondos Gramercy y Fintech, se ha mantenido en silencio.

Los bonistas argumentan que quieren protecciones legales "robustas" ante un país que ya cayó en default ocho veces y para evitar que, ante un eventual nuevo default, la Argentina intente seguir la estrategia que trazó ahora Guzmán. Un marco legal más robusto también puede llegar a mejorar la cotización de los bonos y, por ende, el valor de recuperación para los inversores. En el mercado mencionan además el precedente que dejaría para otras negociaciones, como Ecuador y Líbano.

Pese a los roces y los mensajes cruzados, tanto el Gobierno como los acreedores insisten en su apertura para negociar y llegar a un acuerdo.

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