Los exportadores denunciaron que el Gobierno les debe ocho meses en concepto de reintegros impositivos
Hablaron de un atraso “muy importante”; también se quejaron de que se sigue manteniendo la liquidación mandatoria de divisas y de la permanencia de retenciones
5 minutos de lectura'

En un encuentro para analizar la situación actual del comercio internacional a un año del caos global generado por Donald Trump al imponer nuevos aranceles en distintos países del mundo, la Cámara de Exportaciones de la República Argentina (CERA), denunció que el Gobierno le debe ocho meses en concepto de reintegros impositivos.
El presidente de CERA, Fernando Landa, dijo que la Argentina “está inmersa en la simplificación de regulaciones, al igual que muchos otros países. Luego dijo: ”Hay un retraso muy importante en el pago de los reintegros”.
La CERA informó que desde 2024, y en forma creciente, “se ha ido dilatando la devolución de los fondos que corresponden a los exportadores en materia impositiva (IVA y reintegros a los impuestos indirectos). Este retraso no tiene otra justificación que la de financiar al Estado Nacional”, denunciaron
“Entre abril y diciembre de 2024, y entre abril y diciembre de 2025, las exportaciones aumentaron un 10% mientras que las devoluciones de IVA y los reintegros disminuyeron un 28% en el mismo período. En febrero de 2026, los reintegros a los exportadores fueron nulos, aunque en marzo se retomaron los desembolsos”, afirmó Landa.
Otro problema que enfrentan los exportadores es la obligación de liquidar las divisas, según recalcaron en el encuentro. La entidad explicó que son los únicos en el mundo que deben liquidar el 100% de sus ventas. Esto deriva en que no pueden prever a ciencia cierta su flujo de ingresos, ni disponer libremente de sus dólares, por ejemplo, para efectuar prepagos de en inversiones en equipos (debiendo financiar estos a altas tasas).
“Tenemos casos de compañías que exportan y que necesitan comprar máquinas en el exterior. Como el comprador no tiene los dólares y el proveedor puede pedir un pago por adelantado, el empresario debe recurrir a un mecanismo de financiación”, comentó el ejecutivo de la CERA.
“La liquidación obligatoria de divisas de exportación configura una intervención del Estado en la cartera de activos de las empresas que no reconoce similares en el mercado internacional”, explicaron desde la Cámara. “Representa una desigualdad ante la ley, ya que los actores económicos con contratos en dólares dentro del territorio nacional no se ven obligados a liquidar sus ingresos. Tampoco es hoy la condición que se demanda para aquellos que exportan servicios”, siguió.
Por otro lado, quienes venden al exterior ven una barrera en la continuidad de los derechos de exportación. Sólo 7 países recaudan más del 5% en derechos de exportación y sólo 4 países tienen una carga superior a la de la Argentina: Costa de Marfil, Kazajistán, Guinea Bissau y Bahamas.
Recalculando
En el contexto del “Liberation Day”, cuando Trump decidió poner en marcha una estrategia de aranceles recíprocos, la Argentina podía verse favorecida por estar entre los países a los cuales se les aplicó un arancel menor. Ante el revés de la Corte de Estados Unidos, el gobierno de Trump aplicó un “plan B” y logró imponer otras herramientas para lograr su cometido. Entre ellas, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que habla de “seguridad nacional” y restringe la importación de acero y aluminio. O la Sección 301, sobre “prácticas injustas”, una suerte de represalia por situaciones que considera que deben resolverse. Aquí hay un ojo puesto en la Argentina por prácticas relacionadas con el trabajo forzado.
En cuanto al acuerdo bilateral con Estados Unidos, según la CERA hay consideraciones técnicas que provocan incertidumbre. “Hay una disputa por el liderazgo internacional en recursos estratégicos”, dijo Landa. Se observa una reconfiguración geoeconómica de los flujos de comercio e inversión, discusiones sobre el papel del dólar en los sistemas de pagos internacionales y tensiones en torno a las reglas que rigen el orden global. Los organismos multilaterales están en duda y las reglas comienzan a estar más difusas.
Todo esto se superpone con un nivel altísimo de conflictividad. Antes de la guerra de Medio Oriente -y del cierre del Estrecho de Ormuz-, el planeta ya registraba el punto más alto de conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras tienen incidencia en la cadena global de logística y fletes, en la energía, la petroquímica y la actividad económica en general.
En 2025, la Argentina exportó a Medio Oriente US$4656 millones (5,3% del total del país) e importó por US$683 millones (0,9%). Esa zona es el origen de insumos agrícolas que son clave para la producción argentina, como el 26% de abonos nitrogenados (urea) y el 31% de fertilizantes potásicos.
En el campo de la tecnología hay una novedad importante. “Durante años hubo paz en materia de aranceles a la transferencia electrónica de datos”, dijo el especialista de la cámara de exportadores. La gran novedad es que en la última reunión ministerial de la OMC, se terminó la moratoria vigente desde 1998 sobre aranceles a las transmisiones electrónicas. Acá hay una incógnita, ¿qué pasará si no se renueva? Para empezar, Brasil, India, Estados Unidos y Turquía no firmaron un nuevo compromiso. Los países en desarrollo afirman que la moratoria les impide tener mayores ingresos fiscales.
Según la CERA, el mundo eleva la cantidad de medidas restrictivas, lo cual es una señal de debilitamiento de los acuerdos globales. Se incrementan las cuotas, los aranceles, los trámites en frontera y los requisitos que deben cumplir los productos. En 2025 se duplicó la cantidad de medidas restrictivas, el salto se explica principalmente por medidas arancelarias.

Según la cámara, desde 2022, el valor de comercio que enfrenta restricciones se ha más que duplicado, alcanzando 19,7% en 2025 (a esto se suman las medidas de defensa comercial). En 2025, el monto afectado fue de unas 54 veces el valor de las exportaciones argentinas.






