Los futuros jubilados en la mira
Se discute con fuerza qué ingresos tendrán quienes se retiren en los próximos años, ¿pero cuántos lograrán el beneficio? El Gobierno buscaría ampliar la cobertura, pero a la vez dispondría más directamente de los recursos, que deberían quedar a buen resguardo
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LA NACIONSilvia Stang
Nadie duda de la vital importancia de discutir cuánto cobrarán los jubilados del futuro. Pero hay una cuestión aún más primaria, más elemental: ¿cuántos argentinos podrán cobrar una jubilación en el futuro? Según lo que muestran los registros de aportantes a los diferentes regímenes previsionales que conviven en el país, no más de un tercio de los 14,4 millones que integran la población económicamente activa.
Ese es, según los analistas, el diagnóstico del que debería partir cualquier intento de reforma al sistema previsional, por estos días puesto en tela de juicio por la pérdida que podría sufrir el fondo acumulado en las cuentas de las AFJP una vez que queden reestructuradas las tenencias en deudas del Estado que están en default.
Si bien la presentación que hizo en la asamblea del FMI el ministro de Economía, Roberto Lavagna, sobre la reestructuración de los títulos dejó demasiadas dudas, la presunción de que podría haber un efecto significativo sobre los fondos jubilatorios dio lugar a declaraciones de funcionarios que parecen más dignas de una campaña electoral, en la que el adversario es el sistema de AFJP, que de un debate que permita encontrar una vía de solución para que la gigantesca crisis sufrida por la Argentina deje las menores secuelas posibles en la población.
No pocos piensan que los dichos de Lavagna, que calificó de "inútiles" a los directivos de las AFJP, como también las declaraciones del presidente Néstor Kirchner, tendientes a descargar toda responsabilidad sobre los operadores privados, abonan el terreno para avanzar con una reforma que le dé más espacio al Estado en el manejo directo del dinero que debe previsionarse para el futuro.
El hecho es que no sólo lo que pase con las condiciones de pago de los bonos cambiará las proyecciones sobre el ingreso que tendrán los trabajadores cuando se retiren. Lo que entra en juego es, directamente, la reformulación de todo el régimen.
Según el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, aún hay mucho por definir en la letra de la propuesta que el Poder Ejecutivo prevé enviarle al Congreso en marzo del año próximo. En principio, según contó a LA NACION, la idea sobre la que se trabaja es la de un sistema mixto donde el Estado y entidades privadas (que podrían ser o no las AFJP) reciban contribuciones de los trabajadores.
Pero mientras que la parte del Estado sería universal, la obligatoriedad o no de hacer la contribución a una administradora privada "es un tema que habrá que discutir", según dijo. También sería materia de discusión qué porcentaje de aporte salarial iría a cada caso. En cuanto a lo que se derive al sector público, para Conte Grand lo ideal sería pensar en un modelo similar al sueco, en el que existen "cuentas virtuales": se lleva un registro de todo lo que es aportado, para tener en claro la historia laboral de cada persona. Al retirarse, la jubilación se calcularía sobre la base de ese "ahorro", lo que cambiaría el eje de los debates anteriores sobre el monto de las prestaciones que, según la ley previsional, debe pagar el sector público.
Según los lineamientos primarios de la reforma, el Estado se procuraría, con recursos de los propios aportantes, una mayor masa de fondos para poder cumplir con aquel objetivo de incluir a los que están afuera. El esquema incluiría prestaciones asistenciales para quienes no hicieron aportes, y prestaciones "proporcionales" para quienes sí los hicieron, pero no en cantidad suficiente para acceder a una jubilación completa.
Eso haría un sistema más solidario: algunos deberían resignar compulsivamente parte de sus expectivativas, para que otros puedan recibir algo.
Pero más allá de ese objetivo, uno vive en la Argentina y tiende a cuestionarse: si los fondos aportados, por definición no serían resguardados, sino sólo anotados; ¿estarán disponibles en el momento de la jubilación?
El Estado, de una forma u otra, se llevó en sucesivas décadas el dinero que correspondía previsionar. Ni siquiera el sistema de capitalización parece haber salvado a los argentinos de esa historia de quitas reiteradas.
Valga un paréntesis sobre la actual crisis que envuelve a los ahorros administrados por las AFJP.
Historia de una quita
¿Por qué estas entidades tomaron tanta deuda pública? Hasta octubre de 2001, el sistema orillaba el límite autorizado por ley para invertir en deuda estatal, del 50% del fondo total.
En parte, los títulos habían sido tomados, con el consentimiento de las AFJP, por "sugerencias" y planes armados a medida por el gobierno de Fernando de la Rúa. A fines de 2001, mientras el valor de los títulos caía, se aceptó canjearlos por préstamos garantizados.
Entonces, se dispuso que las colocaciones en deuda estatal podían llegar hasta el 100% de los fondos acumulados, siempre que el excedente del 50% fuera en deuda con garantía expresa, como la que tenían los préstamos, constituida por la recaudación del impuesto al cheque.
El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, no desaprovechó la flexibilidad de esa norma y ordenó por decreto que los fondos que las AFJP tenían en plazos fijos se derivaran a Letras del Tesoro por unos US$ 2300 millones.
Luego, esas letras fueron convertidas en deuda de largo plazo, pesificada, que cayó en default.
En febrero de 2002, tras la devaluación, se dispuso pesificar los préstamos a 1,40 peso por dólar más CER, y bajar la tasa de interés. Con excepción de Nación, que queda al margen de la actual discusión de reestructruación de deuda, las AFJP rechazaron esa operación y, si bien tuvieron que reflejar la pesificación en sus informes, recurrieron a la Justicia contra la norma, igual que lo hicieron miles de ahorristas de los bancos para impedir que sus depósitos a plazo fijo pasaran de dólares a pesos.
Todas esas medidas llevaron a que la deuda pública contabilizada representara hasta un 75% del valor total del fondo administrado.
En julio de este año, Lavagna dispuso, para las AFJP que no aceptaron la pesificación, la devolución de aquellos títulos que existían antes del canje por los préstamos. Esos bonos están en default. Las administradoras respondieron con nuevos juicios.
¿Qué se discute ahora? La reestructuración de una deuda que, antes de ser canjeada, tenía un valor nominal de unos US$ 14.000 millones (unos $ 41.000 millones) y que, en los papeles de las AFJP, está contabilizada en $ 28.400 (el 64% del fondo total). La primera conclusión es que parte de la pérdida ya está reflejada, aunque su validez se discute en la Justicia.
Cuánto más se les quitará a los fondos con la nueva reestructuración es aún una incógnita. Algunas cuentas garabateadas en escritorios de las AFJP muestran que podría haber, para 2004, una caída en el valor total del fondo de entre el 20 y el 30 por ciento.
La historia parece dar otra vez una advertencia: sean las AFJP o sean "otras entidades" las que en el futuro administren aportes, será fundamental el comportamiento del Estado con las cuentas públicas y con el respeto por la propiedad de los ahorros.
Más allá del final que tenga la historia, el consultor Daniel Marcú, titular de Towers Perrin, destaca que los afiliados de las AFJP tienen, a diferencia de los que están en reparto, quién defienda el valor de sus ahorros para el futuro. Y si creen que deben reclamar por el manejo de los fondos, también tienen a quién demandar.
Mientras el sistema de capitalización discute pérdidas en términos de dólares que podrían impactar en el futuro, Marcú recuerda que "a los jubilados del sistema estatal ya les bajaron los ingresos" por la inflación del 40%, "y nadie salió a defenderlos".
El consultor se declara un firme defensor de los sistemas mixtos, porque le encuentra fallas tanto el régimen de capitalización como el de reparto en sus formas puras. "El sistema de reparto es muy dependiente de las variables demográficas", dice, en alusión al envejecimiento poblacional, que hará que cada vez haya menos activos para financiar los ingresos de los pasivos. Además, señala que el sistema estatal está muy atado a las crisis fiscales y a manejos políticos.
El consultor advierte que cualquier esquema nuevo no va a solucionar el grave problema de la fuerte exclusión que tiene el sistema (ver en tapa "Un edificio de medio pelo").
Para el ex secretario de Seguridad Social Santiago de Estrada, el sistema debería tender a la universalidad y buscar un equilibrio entre el componente de reparto y de capitalización.
Respecto de la reestructuración de la deuda y sus efectos, De Estrada pone énfasis en advertir que es riesgoso modificar todo el sistema previsional en medio de una polémica como la generada en los últimos días por el rol que cumplieron las AFJP.
Un país merece un régimen jubilatorio claro y estable, que sea respetado por los sucesivos gobiernos, mucho más allá de los tintes ideológicos.
Condiciones para negociar
Un año atrás, mucho antes de que el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, presentara los lineamientos de la reestructuración de la deuda que está en default, la unión que agrupa a las AFJP le había presentado al Ministerio de Economía su propia propuesta para hacer viable el pago de las acreencias del Estado que tienen en sus carteras.
Aquel diálogo había quedado interrumpido, entre otras cuestiones, por la falta de acuerdo en cuanto a la garantía que se le daría al pago de la deuda. Según las AFJP, la diferencia es crucial: mientras que los préstamos garantizados aseguran su pago con la recaudación del impuesto al cheque, los bonos que los antecedieron (y sobre los que el Gobierno busca ahora hacer la reestructuración) no tienen un aval concreto como ése.
Además de exigir esa garantía y de no admitir quitas de capital, las administradoras dicen que estarían dispuestas a negociar con las siguientes premisas:
- Baja de la tasa de interés hasta un nivel de la tasa Libo (interbancaria de Londres) más dos puntos. Los viejos títulos en default tenían alrededor de un 16% de tasa y, en los préstamos garantizados ya se la había reducido hasta un máximo del 7 por ciento.
- Período de gracia de hasta cuatro años;
- Prórroga de los vencimientos de cuotas de capital hasta períodos de entre 15 y 30 años. Según las proyecciones del sistema, eso permitiría cumplir con las jubilaciones y pensiones que se deban ir pagando.
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