Los impuestos distorsivos y sus consecuencias en la producción y el empleo

En los tiempos de bonanzas los errores pasan desapercibidos. Sin embargo, en los momentos adversos es cuando las inconsistencias se ponen de manifiesto. Después de más de un año de pandemia, que se tradujo en una crisis económica, el Gobierno les pide a los empresarios más inversión –para aumentar las fuentes laborales– y una baja de los precios, principalmente de los alimentos, para bajar el nivel de inflación y reducir el costo de vida. Sin embargo, las empresas y las personas advierten desarreglos y piden un cambio inmediato.

Los empresarios, sin importar si se trata del dueño de un kiosco, de una pyme o de una gran compañía, entienden que es necesario modificar ciertas variables para que sea más atractivo el escenario, a los fines de una inversión.

Cuando uno se refiere a la inversión, hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta: el recupero del capital y la rentabilidad. En esta última inciden tanto las decisiones del empresario, llámese la gestión o el management, como las cuestiones externas, en las cuales su poder de decisión es casi nulo, como el caso de la carga impositiva.

El costo fiscal es la sumatoria de gravámenes que componen el denominado sistema tributario, que incluye impuestos que se aplican sobre la renta, sobre las ventas y también sobre otro tipo de operaciones (como los movimientos de dinero o la firma de contratos). Desde un punto de vista empresarial, solo importan los efectos que este costo produce en el negocio.

Los impuestos deben aplicarse de tal manera que incidan lo menos posible en la toma de decisiones, puesto que automáticamente entra en consideración el monto que se va a afectar a la inversión con impacto en la generación de empleo, en la compra de insumos y en el destino del capital.

Desde una perspectiva amplia, el impuesto a las ganancias y el IVA son impuestos que –si bien tienen alícuotas altas– generan menos alteración en la forma de operar. En cambio, el impuesto sobre los Ingresos Brutos, el comúnmente llamado impuesto al cheque y el impuesto a los Sellos, integran la terna de los tributos distorsivos. Ello es así, porque perjudican el desarrollo de los negocios, al no contemplar la situación económica de la compañía (principalmente, si se encuentra en situación de pérdida o ganancias) y al castigar a las cadenas de valor más amplias, que generan mejores bienes y servicios.

En la actualidad, los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) están advertidos sobre el impacto de estos gravámenes en las finanzas, dado que la sumatoria de ellos hace que, en muchos casos, el monto total sea superior a las utilidades netas de una compañía.

Para ejemplificar: una empresa prestadora de servicios que obtiene $96 de ganancia por cada $1000 de ventas, paga de impuestos aproximadamente $103, un total integrado por Ingresos Brutos al 5%, el impuesto al cheque con su alícuota de 1,2% en los movimientos de dinero, y Ganancias. Sumando solo esos gravámenes sin considerar ciertos tecnicismos– la cuenta es: $50 + $12 + $41 = $103. La carga se ve acrecentada hasta $106 si se distribuyen utilidades. Una primera reflexión lleva a pensar cuán atinado resulta intentar incrementar el impuesto a las ganancias, conforme aprobó Diputados, cuando, en promedio, el Estado recaudaría $116 (con una tasa utilizada de 38%).

En cualquier escenario, el problema tiene origen en que los impuestos se aprueban en un cierto momento para resolver una situación particular, pero luego, rara vez son modificados para ajustarlos a las circunstancias económicas.

A razón de ello, si se busca priorizar las fuentes de trabajo a partir de conservar las empresas y de incentivar la inversión, debería modificarse de manera rápida la forma de recaudar y el costo fiscal total. Nadie desconoce que el Estado necesita recursos, pero es diferente “recaudar bien” a “recaudar mal”.

Como primer paso, las provincias deberían –al menos– eliminar los regímenes de recaudación (que en su mayoría derivan en saldos a favor del contribuyente, que se desvalorizan por la inflación), para luego –aprovechando la coyuntura– promover en el Congreso que su recaudación se base en impuestos no distorsivos.

De otro modo, sucede que el empresario, además de tener que lidiar con los efectos que producen las medidas de aislamiento por la pandemia, también está obligado a sortear un problema que impacta de manera adversa y que tampoco puede controlar, con el agravante de preguntarse si es razonable invertir, cuando el Estado participa mayoritariamente en las utilidades de su empresa.

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