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Los secretos de un plan con curiosas pausas por 180 días
Ocho días. 192 horas. Un 2% del año. Ese fue el tiempo que pasó desde que Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación. Sin embargo, las decisiones económicas se venían gestando desde el mismo día después de las PASO. Fue en ese contexto cuando Fernández tomó nota de que su presidencia pasaría del terreno de los deseos al de los hechos.
Matías Kulfas -hoy ministro de Desarrollo Productivo-, Cecilia Todesca -actual vicejefa de Gabinete- y Martín Guzmán -flamante ministro de Economía- a través de viajes y llamadas delinearon los distintos capítulos del proyecto de ley que dará el marco a 2020. Los dos discípulos de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el delfín académico de Joseph Stiglitz vieron con buenos ojos cuando la expresidenta del Banco Central habló de la "necesidad de desdolarizar la economía" en plena campaña. Por entonces, los depósitos en dólares habían caído a un nivel récord del 40% por la desconfianza de los ahorristas de lo que podría venir.
La letra chica del plan presentado por Martín Guzmán se siguió discutiendo ayer aun minutos antes de que Guzmán diera su conferencia de prensa matutina, pero tiene distintos autores según cada capítulo. De ahí que se hayan anunciado tributos distintos de los que había formalizado el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante el fin de semana.
La fórmula del proyecto tiene dos ingredientes principales. Uno es ganar tiempo. Y no poco. A tal punto que un grupo de empresarios lo definió como el "plan 180 días". Sucede que ese será el período por el cual se paralizará la economía en cuanto a las tarifas de servicios y la vigencia de la doble indemnización por despidos injustificados, y hasta se propone como lapso para cambiar la fórmula de ajuste de las jubilaciones y otras prestaciones sociales (hasta ahora aumentaban según un mix de inflación y salarios).
Medio año no es poco para un país como la Argentina. Y mucho menos para su economía.
Para los jubilados, el plan es otorgar en marzo una recomposición, que sería de un monto fijo y que podría no abarcar a todos los jubilados y pensionados de la Anses. Esa decisión de segmentar el universo de los pasivos beneficiados provocaría la vuelta de las demandas judiciales. Tal como reveló Silvia Stang en LA NACION, la Corte Suprema determinó, más de una década atrás, que esa política de diferenciación según el nivel de ingresos (que fue adoptada en los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, con el objetivo de que cerraran las cuentas fiscales) fue inconstitucional.
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Atajo jurídico
El paraguas de la "emergencia" aparece como el atajo jurídico para una iniciativa que supone darles carácter discrecional a ajustes que por ley eran automáticos y periódicos. Pero que también representaban -junto con la Asignación Universal por Hijo- seis de cada diez pesos que gasta el Estado cada año.
Es justamente por esto que la tasa de riesgo país cayó 7,5% ayer, perforó los 2000 puntos y volvió a niveles que no mostraba desde mediados de octubre. Esa foto es el resultado de lo que no se dijo más que de lo que realmente se anunció. "Voluntad de pago y fuerte ajuste es en castellano lo que Guzmán vistió de relato", afirmó por lo bajo uno de los economistas críticos del kirchnerismo, que ayer aplaudió lo que definió como "albertismo económico". Pero aventuró: "Todavía hay que esperar a tener la película completa, que es algo que ni siquiera el gabinete parece tener delineado".
A tal punto que el plazo que demore la renegociación integral de la deuda supone tomar nuevamente recursos del Banco Central (BCRA) o aumentar la asistencia financiera que el Tesoro recibe del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para honrar pagos en el "mientras tanto". Allí no es casual que lidere la Anses Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central en la gestión CFK. "El tema a seguir de cerca es cuál será el límite de la deuda interna", afirmó otro economista, de buena llegada a la mesa chica de Kulfas.
El fin del impuesto a la renta financiera para las inversiones en pesos, paradójicamente exigido al gobierno de Macri por el hoy albertista Sergio Massa, junto con la demostración de voluntad de pago (y de recursos para hacerlo), llevó a mejoras del 8% en las cotizaciones de los bonos de la deuda en dólares y al 9% de los papeles en pesos. No así en las acciones energéticas, que entraron en las generales del "plan 180", por el plazo en que quedarán congeladas las tarifas. "Se descuenta que es solo el comienzo. No creemos que el día 181 las tarifas aumenten", se lamentó el CEO de una multinacional energética, a quien las medidas le dan una idea de déjà vu de lo que vivió hasta 2015.
"Había que equilibrar el estrecho desfiladero que iba a un desbarranque", se le escuchó al flamante ministro de Economía en el momento de justificar las iniciativas. Por lo bajo, en el oficialismo creen que gran parte de la oposición votará en contra del proyecto a la hora de su tratamiento en el Congreso. Tal vez por ello esgrimen que algunos números y alícuotas seguramente serán conversados.
"Es necesario achicar el déficit, repriorizar", se esmeró en no utilizar la palabra "reperfilar" un flamante vocero del gobierno de Fernández. "El Fondo Monetario Internacional mantiene diálogo fluido y la calidad de las conversaciones viene creciendo en la medida en que ven la voluntad de pago. De eso se trata parte del plan", afirmó uno de los integrantes de la mesa chica del Grupo Callao.
La velocidad de las decisiones sorprende incluso a voceros que todavía no están instalados en sus nuevos despachos.
La ley de solidaridad social y reactivación productiva que ingresó en el Congreso supone un aumento de la recaudación de entre un punto y 1,3 puntos del producto bruto interno. Es decir, de la riqueza que genera el país en doce meses, y permitiría recortar en 2020 parte del déficit fiscal.
Pero en algunos casos puede ser contraproducente. "En materia cambiaria, son totalmente innecesarios el tributo y la nueva restricción. Desaparecerá la oferta voluntaria de dólares en el mercado de cambios y se racionará por precio y cantidad. Esto nunca funcionó en nuestra historia económica", comentó un exministro de Economía de la democracia.
Por el lado de los empresarios primó el silencio. A tal punto que el chat de 241 ejecutivos denominado "Nuestra voz" solo tuvo atisbos de una conversación. Hubo durante los últimos días actividad para emitir un mensaje desde el grupo "tributario", pero se optó por no hacerlo para mostrar cautela con los recién desembarcados en el Gobierno. Por lo bajo, y en off the record, admiten un total desconcierto.
Voluntario, no compulsivo
"Para que la pesificación sea verdadera tiene que ser voluntaria y no compulsiva", agregó uno de los empresarios pyme con mejor llegada a Fernández. El dólar será un 30% más caro para atesoramiento y para las compras con tarjeta en esa divisa.
En Bienes Personales, volverán a aplicarse las alícuotas de 2015 (entre 0,5% y 1,25%) con el mismo mínimo no imponible de $2 millones -sin actualizar por inflación-. Del mismo modo, también impulsa gravar con este impuesto, y con una alícuota mayor, los capitales de los argentinos en el exterior.
Generar más dólares (y recaudación) es el objetivo expreso del aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz y otros productos del campo. Tampoco se modificará el cepo cambiario que autoriza la compra de solo US$200 por mes y por persona. Ayer "US$200" se convirtió en trending topic de Twitter a nivel nacional.
"No damos abasto para interpretar la seguidilla de iniciativas. Pero todavía hay que esperar. Los anuncios no son hechos por el momento y habrá que ver cómo juega Juntos por el Cambio en su primera gran prueba poselectoral", graficó uno de los empresarios más influyentes de la Argentina.
El impuesto a los débitos y créditos alcanzará a las extracciones de efectivo de empresas (no a los particulares), y el que grava las ganancias empresarias, que iba a bajar a 25% en 2020, quedará finalmente en 30%. "En nuestro país tributos excepcionales como el que se pone para atesoramiento de dólares siempre llegan para quedarse. Basta con recordar el impuesto al cheque, que llegó por una temporada supuestamente corta y hoy celebra su mayoría de edad", ironizó el tributarista César Litvin.
Para los empresarios, este es un momento de equilibrio en el que buscan dar el crédito de los 100 días. A tal punto que hoy la Asociación Empresaria Argentina, la entidad que agrupa a título personal a los principales dueños de compañías del país, recibirá al presidente de la Nación, junto a Santiago Cafiero, jefe de Gabinete; Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos, y al ministro de Economía en un almuerzo en el Four Seasons. El encuentro se producirá pocos minutos después de que la entidad complete la asamblea en la que ratificarán a Jaime Campos como presidente y habrá un momento para el diálogo, sin periodismo de por medio. El interés por el encuentro fue tal que más de 40 números uno de compañías confirmaron su asistencia en tiempo récord. Signo de los tiempos y, por qué no, de la necesidad de respuestas de quienes dirigen empresas que, en conjunto, facturan US$53.000 millones, exportan por 9604 millones y emplean a 240.000 personas. Ni más ni menos.
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