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Más bisturí que motosierra en la estructura de personal del Congreso
Es llamativo que los grandes recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei hayan pasado lejos del Parlamento, a diferencia de lo ocurrido con buena parte del gasto público nacional
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Desde hace más de tres décadas no ha dejado de crecer el número de empleados permanentes y temporarios del Congreso de la Nación, al extremo que el total podría compararse con el de algunas empresas privadas con mayor dotación de personal en la Argentina.
Según datos recopilados por la fundación Cadal (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), el Poder Legislativo Nacional (PLN) arranca el nuevo año 2026 con 13.454 empleados (4457 en la cámara baja y 5018 en la cámara alta) para asistir a sus 369 legisladores (257 diputados y 72 senadores).
Un dato apenas alentador es que ese número resulta 6,5% más bajo que el registrado en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner (14.429). Pero la contracara es que la reducción sólo se produjo en el plantel de la Cámara de Diputados -cayó 12% desde 5184 empleados-, mientras en el Senado permaneció inamovible.
El número total de empleados permanentes y temporarios (con contrato), en proporciones de dos tercios y uno respectivamente, ya había superado los 10.000 en 2006 y llegó a un récord absoluto de casi 16.200 en 2018, aunque desde 2019 el personal de la cámara alta viene superando al de Diputados pese al menor número de senadores nacionales.
Como medida - y vara alta- de comparación, un trabajo de Cadal indica que el Parlamento alemán (Bundestag), integrado por 709 diputados, cuenta con alrededor de 7000 empleados, la mitad de los cuales es personal permanente y la otra mitad ingresa y cesa con el mandato de cada legislador.
De ahí que resulte llamativo que la “motosierra” aplicada en los dos últimos años por el gobierno de Javier Milei, haya pasado lejos del Congreso a diferencia de lo ocurrido con buena parte del gasto público nacional para lograr dos consecutivos e inéditos superávits primarios (sin intereses de la deuda). La prueba es un informe del Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), según el cual la dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales fue recortada en casi 57.000 cargos (de 341.373 en noviembre de 2023 a 281.785 en el mismo mes de 2025).
En este marco, el cese de 627 empleados en Diputados podría atribuirse al “bisturí” que significó un régimen optativo de jubilaciones anticipadas, combinado con el fin de mandatos de la mitad de la cámara baja tras las elecciones de fin de octubre, que deja ciertas vacantes de personal temporario.
Esto sin contar situaciones sospechosas, como la revelada por Jorge Liotti en su columna de LA NACIÓN del domingo 28 de diciembre, al informar sobre el retiro voluntario de Fabián Zaccardi, mano derecha de Norberto Di Próspero, histórico titular del gremio Asociación de Personal Legislativo (APL), aduciendo presuntas razones de salud. Según esa información, Zaccardi habría manejado centenares de contratos y tres veces más de exceptuados de concurrir a trabajar al Senado (“ñoquis”) de los que tenía permitidos, pese a lo cual no hubo ninguna denuncia en su contra.
Si bien es un poder independiente dentro del sistema republicano, los recursos del PLN provienen de la ley de presupuesto nacional que por primera vez en tres años acaba de ser sancionada para 2026. Además, tradicionalmente es la Jurisdicción 1 dentro del cálculo de ingresos y gastos del sector público. Para este ejercicio prevé un monto total de casi $586.600 millones, con un incremento nominal de 23% respecto de 2025 y 7,9% real si se cumpliera la hipótesis inflacionaria oficial de 10,1% anual.
Desde una perspectiva más amplia, ese monto asignado al PLN equivale a una pequeña fracción (casi 0,4%) del gasto público total proyectado para 2026, que asciende a $148 billones, de los cuales $106,5 corresponden al rubro Servicios Sociales (seguridad social, salud, educación, ciencia y tecnología, vivienda, agua potable, etc.)
Por eso “no mueve el amperímetro” que los diputados se asignen haberes brutos de $7,5 millones mensuales y aguinaldo (dieta 13, aprobada en 2024) y los senadores cerca de $10 millones. Como esos montos varían según el valor de módulos ajustables - o no- por la paritaria de la APL en concepto de dieta, más gastos de representación, viáticos y desarraigo a octubre de 2025, resulta dificultoso calcularlos con la información incluida en la pestaña “transparencia” de los sitios web de ambas cámaras. Aun así, duplican los sueldos de los ministros del gabinete nacional, muchos de los cuales suelen trabajar a tiempo completo, aunque se prevé un próximo aumento después de dos años.
Esto explica por qué el reclamo público de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que se corrijan partidas de gastos con errores técnicos, haya sido atendido con mucha más premura que los pagos en otras áreas del gobierno.
Leyes con más gastos que resultados
Si se lee el voluminoso documento sobre política presupuestaria elaborado por el PLN (87 páginas) y enviado al Ministerio de Economía, podrá advertirse que abunda en la justificación de funciones, objetivos y gastos de las 46 comisiones legislativas permanentes y 33 especiales, pero sin mencionar –salvo escasas excepciones- los resultados obtenidos en los últimos ejercicios.
Otro tanto ocurre con una decena de estructuras, creadas por leyes de distintas épocas, que emplean a gran parte del personal permanente y temporario y en varios casos resultan anacrónicas ante los avances tecnológicos o la posibilidad de tercerizar funciones.
Así figuran los planteles de la Biblioteca (1244 personas); Imprenta (509); Dirección de Ayuda Social (788); Procuración Penitenciaria (280); Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (60); el Comité Nacional para la prevención de la tortura (70) y la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes (359).
Un caso aparte es la Defensoría del Pueblo (544) cuya titularidad está vacante desde 2009 y debe ser propuesta por una comisión bicameral, que sólo en octubre último llamó a una convocatoria en la que se presentaron seis postulantes.
En el extremo opuesto la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), creada en 2016, cuenta con sólo 25 especialistas y elabora anualmente un gran número de informes técnicos y públicos sobre ingresos y gastos fiscales, evolución de la deuda pública, distribución de recursos y regalías a las provincias y análisis sobre el impacto fiscal de proyectos de ley enviados al Congreso. En conjunto todas estas reparticiones, compartidas por ambas cámaras, arrancan este año con 3879 empleados.
También la burocracia legislativa se nutre de diputados y senadores convertidos en fuentes de nepotismo, al contratar como asesores de sus bloques a parientes o amigos en un número superior al de una pyme, salvo honrosas como escasas excepciones. Quienes transitan los pasillos del Congreso explican además que no pocos asesores con contratos vencidos buscan perpetuarse, ya que ofrecen a legisladores recién electos su experiencia previa para que se los renueven.
Aunque todos estos aspectos - a los que se suma el bochornoso comportamiento de varios diputados electos al prestar juramento el 10 de diciembre último-, encuadran en la definición de “casta política” popularizada por Javier Milei y que lo llevó a imponerse en las elecciones presidenciales de fines de 2023, un trabajo publicado por Cadal en abril de ese mismo año revela dos datos llamativos.
Uno es que ni Milei ni Victoria Villaruel, que fueron diputados nacionales por LLA desde fines de 2021, impulsaron desde su entonces reducido bloque iniciativa alguna para reducir gastos del Congreso ni una reforma político-administrativa.
Otro, que entre 1900 y 1930, cuando el total de empleados legislativos no llegaba a 500, los diputados socialistas -y unos pocos radicales- ya cuestionaban ese número. Por ejemplo, Enrique Dickmann señalaba que “eso de traer empleados por compromisos políticos no es justo ni conveniente”. Y su colega Nicolás Repetto justificaba la necesidad de despidos al afirmar que “los hombres dignos que quedarán cesantes van a encontrar ahora la oportunidad de aplicar sus aptitudes, si las tienen, o desarrollar nuevas en ocupaciones mucho más nobles que ésta”.
Al tratarse de una cuenta pendiente hace más de un siglo, el trabajo de Cadal formulaba varias propuestas. Entre ellas, un congelamiento de vacantes en la planta de personal permanente del PLN y, al igual que en Chile, establecer que, en lo sucesivo, todos los puestos se cubrieran por concurso basado en perfiles objetivos.
También que se adopten decisiones para impedir el nepotismo tomando el modelo de Australia, donde existe una tradición republicana de no aceptar la designación de parientes directos como legisladores o personal jerárquico.
La propuesta planteaba además poner fin a la beneficencia con dinero de los contribuyentes y así eliminar el otorgamiento de subsidios, becas de estudio y pensiones graciables como fuente de clientelismo político. Además, cuestionaba la existencia de una imprenta propia, en la era de la digitalización y el deterioro ambiental, así como del cuerpo de taquígrafos pensado para otra época, cuando no había grabadores ni la posibilidad de transcribir las sesiones con nuevas herramientas tecnológicas.
Tipo de trabajo:
análisis
