Menos jubilaciones. Por qué los abogados protestan contra la Anses

Con una causa judicial en trámite impulsada por dos instituciones como cuestión formal de fondo, los abogados previsionalistas mantienen sus reclamos hacia la gestión de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a cargo de Fernanda Raverta. Y, ahora, algunos grupos decidieron expresarlos haciendo protestas en la calle.

Entre otras razones para sus quejas, advierten que es muy dificultoso conseguir turnos para hacer trámites presenciales y lograr obtener poderes para representar a quienes necesitan, por ejemplo, gestionar el acceso a su jubilación o pensión; además, dicen que en muchos casos se demoran y se traban las operaciones que se hacen en el servicio de atención virtual de organismo, y reclaman mecanismos para que quede garantizado el acceso a los derechos de cobro desde el momento en que los afiliados quieren y necesitan hacer la solicitud. En los últimos días surgió por redes sociales una convocatoria a manifestarse el próximo viernes por la mañana frente a las sedes de la Anses de diferentes lugares del país; el llamado sumó adhesiones por parte de algunos colegios de profesionales y de la Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP).

Tal como informó LA NACION días atrás, en 2020 el número de altas de jubilaciones se redujo a menos de la mitad respecto de lo que se venía dando en los últimos años: hubo 115.196 nuevos jubilados, contra el promedio anual de 237.125 del período de 2017 a 2019. En los últimos cuatro años fue similar la proporción de personas que accedieron a una jubilación tras ingresar en una moratoria de aportes (alrededor del 60% del total de las altas incluyó esos planes), mientras que en los años previos hubo mayor cantidad de altas y mayor participación de las otorgadas con moratorias mediante, por efecto de una ley de 2014 que amplió el alcance de ese tipo de planes de inclusión.

"El peor problema de 2020, a nivel prestación de servicios de la Anses, ha sido la casi inexistente cantidad de beneficios iniciados [es decir, de solicitudes ingresadas de altas de jubilaciones y pensiones]", afirma la abogada Elsa Rodríguez Romero, quien agrega que cuando se tramitan las jubilaciones, la prestación comienza a contarse desde el momento en que se obtiene el turno para la atención, por lo cual ahora, al no conseguirse turnos, se da una situación "gravísima", que lleva a los adultos mayores a perder ingresos. "El pago se hace desde la fecha en que se otorga el turno, y cada vez otorgan menos", señala.

La asesora previsional Ana María Weisz recuerda que, al momento de cobrar el retroactivo el monto acumulado no tiene actualización, con lo cual, por efecto de la inflación, va perdiendo valor a medida que pasa el tiempo. "Es fácil entender el perjuicio para el jubilado; meses de espera adicionales por la pandemia, meses de espera para cobrar el retroactivo y sin comunicaciones claras que aligeren el estrés", dice Weisz, quien también comenta que, en su experiencia, alrededor del 30% de los casos en los que se logró la jubilación, el retroactivo estuvo mal liquidado, porque se contó como punto de partida la fecha de carga del trámite en la plataforma virtual, y no la del primer turno que había obtenido la persona para hacer el trámite (el año pasado hubo reprogramaciones de los turnos asignados).

"Ampliación de la cantidad de turnos. Resolución de trámites iniciados por Atención Virtual. Habilitación de UDAIS (oficinas del organismo) para la atención de letrados. Pronta resolución de expedientes no resueltos desde antes del ASPO." Con esas consignas que se expresan en su página web, la Asociación de Abogados Previsionalistas decidió apoyar la convocatoria a las marchas de este viernes, aunque no las convocó, según aclara Alicia Andreotti, vicepresidenta de esa entidad. "No hay turnos disponibles, no se trabajan expedientes que ya estaban desde antes... Ya había problemas, pero nunca llegamos a este nivel", afirma la abogada, que también señala que hay dificultades con la atención virtual.

En los últimos meses, la Anses fue habilitando la gestión de trámites de manera no presencial, utilizando la página web. La ampliación más reciente de esas posibilidades es la dispuesta por la resolución 37, publicada hoy en el Boletín Oficial, e incluye las solicitudes de pago de honorarios y de acrecimiento de un beneficio de pensión por fallecimiento. Los trámites virtuales de pedidos de altas de jubilaciones fueron habilitados a mediados del año pasado.

"Desde el inicio de las restricciones por la pandemia hubo unos tres meses sin atención de ningún tipo por parte de la Anses; en junio se habilitó la posibilidad de iniciar algunos trámites de manera virtual y, desde fines de julio se empezaron otorgar turnos presenciales, con una cantidad mucho menor que antes de la pandemia, entiendo que por los protocolos para evitar la alta concurrencia de personas en las oficinas y por la falta de personal que se desempeña presencialmente", comenta Federico Percovich, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados y Abogadas de la Ciudad de Buenos Aires (AABA).

Según el abogado, la atención virtual es "una especie de diálogo con un operador de la Anses que no se identifica y, en la mayoría de casos, cada requerimiento tarda mucho tiempo, incluso meses".

"A esta altura, creo que la pandemia ya es una excusa; el trabajo en el sistema de seguridad social es esencial y eso lo declaró la misma Anses -sostiene Jorge Frega, presidente del Colegio de Abogados de Morón y de la Comisión de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires-. Hoy los jubilados están en riesgo sanitario pero también en riesgo económico; no pueden acceder a la prestación, los juicios se demoran y se sigue utilizando la pandemia como excusa. Tienen que empezar a buscar la manera de que el sistema funcione mejor".

Desde la Anses no hubo respuesta, al cierre de esta nota, a las consultas respecto de cuántos turnos se asignan. Según un comunicado del organismo del organismo difundido hoy, es posible pedir turnos en su página web, pero usual y recurrentemente ocurre que, tras completar los datos para la solicitud, al usuario (sea el abogado o un particular titular del derecho) le aparece en pantalla un cartel indicando que no hay ninguno disponible. El escrito de la Anses dice que en enero se dieron de alta 34.079 jubilaciones y pensiones, un número similar al del primer mes de 2020, cuando los casos habían sido 33.799 según el mismo comunicado. Raverta, por su parte, dijo que en una acción de verano se va a recorrer "todo el país" con operativos móviles "para facilitar el acceso a los trámites de la seguridad social y avanzar en todos aquellos que durante la pandemia quedaron pospuestos o suspendidos".

Entre el tipo de trámites con mayor demora en 2020 para que se habilitara el ingreso de solicitudes estuvieron los retiros por invalidez, porque las comisiones médicas no estuvieron activas durante varios meses. Fue uno de los temas sobre los que hubo pronunciamientos judiciales durante el año (en agosto, el juez Juan Fantini, entonces subrogante del Juzgado N°8 del fuero de la Seguridad Social, había intimado a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a tomar medidas para que se pudiera dar curso a un trámite). Desde hace un tiempo, sí están habilitados los pedidos y recién en los últimos meses de 2020, según los abogados, comenzó a haber movimiento en las comisiones médicas.

Para Rodríguez Romero, la Anses "no ha sabido ni ha querido adecuarse a las circunstancias", y lo que debería hacer es instrumentar un mecanismo que permita hacer la solicitud del beneficio "cuando lo decida el propio afiliado" y no el organismo, porque las demoras, además de afectar los bolsillos por el tiempo en que no se cuentan los retroactivos, pueden impactar en algunos casos en el propio derecho a la prestación.

"Cuando los abogados previsionalistas se quejan es porque son los únicos que representan a la masa de afiliados con derecho a jubilarse, imposibilitados de ejercer ese derecho. Son los que muestran y hacen público el problema", sostiene Rodríguez Romero.

Weisz también señala que las dificultades impactan en el derecho a la cobertura de salud para quienes dejan de recibirla por parte de la obra social que tenían como trabajadores activos. "La pandemia generó ineficiencias de todo tipo, pero la Anses tiene gente de suficiente experiencia y educación para diseñar un buen plan que rectifique esto con urgencia", señala la consultora.

En medio de las dificultades generadas por el cierre de las oficinas de la Anses por la pandemia y la cuarentena, en 2020 se reactivó una causa judicial que llevan adelante la ADAP y la AABA, referida a la atención de abogados por parte de la Anses. El reclamo comenzó en el año 2000, por cuestiones administrativas que, según los profesionales, restringían sus tareas. Y, desde entonces, consideraron que varias veces se fueron interponiendo dificultades para trabajar en gestiones previsionales.

En el marco de ese reclamo, el juez Fantini dictó en junio pasado una sentencia, ordenándole a la Anses que les permitiera a los abogados utilizar la plataforma de atención virtual para lograr el poder y hacer gestiones en nombre de personas que buscaran acceder, por ejemplo, a una jubilación. Entre otros puntos, el escrito advertía que las trabas para hacer trámites en medio de la cuarentena estaban derivando en presentaciones de recursos de amparos. Unos días antes, de hecho, se había conocido un fallo que ordenaba dar curso al inicio del trámite de alta previsional de una persona. La sentencia de Fantini tuvo un planteo de nulidad por parte de la Anses, pero fue ratificada y, en los últimos meses, el expediente sumó presentaciones de abogados que afirman que la disposición no se cumple.

Según entiende Percovich, "es posible que la Anses no tenga los recursos necesarios para recibir toda la demanda de atención que se ha ido acumulando, en función de la modalidad de turnos y de la atención virtual con un operador humano". Pero, en todo caso, señala, "la recepción de trámites podría organizarse de otra forma", porque resulta "inadmisible que los beneficiarios tengan que someterse a una actividad infructuosa y no consigan que su petición sea recibida".

Por Silvia Stang

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