Metrogas, aún sin acuerdo

No hubo sorpresas ni en sus discursos ni en sus posiciones.

Durante casi cinco horas, el Gobierno, Metrogas, la Defensoría del Pueblo y los representantes de los usuarios y de los industriales tuvieron la palabra, pero, como se esperaba de antemano, no hubo acuerdo en torno de la renegociación del contrato de distribución de gas natural que llevan adelante la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren) y Metrogas.

De esta manera, la distribuidora se sumó a la lista de empresas -que ya integran las compañías eléctricas Edenor y Edesur- que tuvieron sus audiencias públicas para debatir el acuerdo, aún antes de que las partes arribaran a un entendimiento.

En la audiencia de ayer, que comenzó puntualmente a las 8 y duró casi cinco horas, a excepción de la Uniren, todos marcaron sus diferencias con la propuesta oficial. Ante no más de 50 personas, entre las que se contaban oradores y periodistas, Carlos Iturriza, de la Uniren, fue el encargado de explicar la oferta oficial.

La carta de entendimiento puesta a consideración de la empresa crea dos períodos. El primero se denomina "régimen tarifario de transición", que dura hasta el año próximo. Durante esos meses, el Gobierno le permite a Metrogas recaudar un 15% más en lo que recibe por servicio de distribución, aproximadamente un cuarto de la tarifa que paga el usuario. "El que diga que no quiere perder nada, está equivocado", dijo Iturriza.

Desacuerdo de la empresa

Según los términos de la propuesta, la empresa no podrá trasladar la suba a los usuarios domiciliarios y deberán soportarla los clientes que pagan tarifa industrial. Para después de transcurrido este tramo, la Uniren volvió a esgrimir la promesa de una renegociación integral de tarifas (que incluiría a los usuarios residenciales) en 2006.

La empresa, que siempre se cuidó de no rechazar de plano la propuesta, se limitó enumerar los puntos de desacuerdo. Básicamente, el reclamo empresarial pasó por sumar a los usuarios con mayor poder adquisitivo para que aporten al incremento del 15% autorizado por el Gobierno.

La audiencia se desarrolló en un playón de la Dirección de Vialidad Nacional, en la avenida General Paz al 12.100, en pleno barrio de Mataderos. A diferencia de la audiencia de Edenor y Edesur celebradas el miércoles pasado, la escasa asistencia de público fue llamativa. En una carpa de aproximadamente 50 metros de largo, las escasas siluetas contrastaban con las numerosas sillas vacías. Eso sí: celosamente custodiadas por un operativo policial que por lo menos duplicó el número de asistentes.

Unos de los cuestionamientos más duros llegó desde la Defensoría del Pueblo. "Esta no es una audiencia pública: es una reunión de trabajo", dijo una abogada que representó al organismo, Mariana Grosso. La posición de la Defensoría fue que la audiencia no tiene validez porque esta reunión se debió celebrar para debatir el acuerdo al que se haya arribado y no para exponer las posturas individuales.

Las asociaciones de usuarios también expresaron su desacuerdo. Por un lado, pusieron en tela de juicio la validez de la audiencia. Por el otro, insistieron en que se debe avanzar en una tarifa social, otro tema sobre el que los disertantes volvieron en reiteradas oportunidades.

Muy pocos voluntarios escucharon a los últimos oradores, entre ellos el presidente de la Uniren, Gustavo Simeonoff. "Ahora vamos a seguir negociando, como lo estamos haciendo con Edenor y Edesur. A diferencia de lo que pasó con Edelap, todavía nada se podrá enviar al Congreso", resumió.