Deuda pública: los principales acreedores son los argentinos
Los títulos en manos de extranjeros representan menos de la mitad de lo que debe el país
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PARA LA NACIONAriel Coremberg
El Gobierno ha expresado al borde del abismo del default con el FMI el deseo de pagar, lo que provocó una crisis en la coalición gobernante. De esa manera se alejaría la posibilidad de que la Argentina forme parte del grupo de los únicos tres países que defaultearon al FMI: Sudán, Somalía y Zimbabue.
La intensidad del debate sobre la deuda pública puede llamar a engaño de que el FMI es el principal acreedor de la Argentina.
La deuda pública constituye el resultado de financiar los déficits fiscales acumulados en el pasado de un país. Cuando al sector publico no le alcanzan los impuestos recaudados para solventar el gasto público, para evitar reducirlo, debe recurrir a incrementar la deuda pública para poder financiar el bache entre ingresos y egresos. Idealmente, la inversión pública debería financiarse con deuda publica a largo plazo, pero la Argentina recurre a este mecanismo para financiar gasto corriente, a la presión impositiva máxima y al impuesto inflacionario no legislado sobre la siempre creciente la economía informal.
La deuda pública de la administración central alcanzó en diciembre del año pasado unos US$363.362 millones según la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Economía. El número representaría un 88% del PBI al tipo de cambio oficial de $110 y un 175% tomando un dólar CCL de $220, magnitudes magnas cuya diferencia revela la distorsión de apreciar artificialmente el tipo de cambio dilapidando reservas para llegar a elecciones.
La cifra no incluye la deuda pública provincial que sumaría en términos netos unos US$18.800 millones, la deuda cuasifiscal del Banco Central por US$42.000 millones que son a su vez la contrapartida de los depósitos de los argentinos y cuyo único respaldo son letras intransferibles, y los adelantos transitorios de la tesorería, activos completamente ilíquidos (un pagadiós del Estado al BCRA).
Asimismo, faltarían contabilizar la deuda pública contingente como las operaciones por dólar futuro del BCRA, los litigios pendientes que afronta Argentina por violar contratos de empresas de servicios públicos privatizadas, reclamos de bonistas, cupón PBI y sentencias por reajuste de jubilados que no aceptaron la reparación histórica, juicios por estatización de AFJP y cuentas de ahorro voluntario previsional así como también por bonos CER, en su mayoría en propiedad de la Anses, es decir los jubilados, cuya renta fue defaulteada como resultado de la intervención del Indec.
No toda la deuda publica es externa. Razonar que la deuda externa es la deuda en moneda extranjera constituye un error, ya que puede estar en manos de argentinos. En efecto, si se desagrega la deuda pública por tipo de residencia del acreedor, solo un 42.4% es deuda externa en manos de no residentes.
Más aún, la deuda con el FMI representa solo un 11,3% del total de la deuda pública. Los argentinos somos los principales acreedores de la deuda pública por un 57,6% del total.
La coalición gobernante ha dejado atrás el discurso del desendeudamiento, reconociendo implícitamente el aumento de deuda publica de la presente gestión: US$40.297 millones. Ahora argumenta que como la nueva deuda es en pesos no es problemática ya que esta se puede licuar (reducir) con la inflación.
El diablo y los detalles
Pero el diablo está en los detalles. En primer lugar, la mayor parte de la deuda en pesos es deuda interna, es decir en manos de los argentinos, por lo cual cualquier licuación inflacionaria significa licuarle sus ahorros, principal fuente de financiamiento de la inversión y el crecimiento.
Segundo, no es verdad que la deuda en pesos sea licuable. Por el contrario, una parte importante de la deuda pública en moneda nacional esta indexada a la inflación y una menor proporción a la devaluación del tipo de cambio oficial.
Tercero y último, paradójicamente, si en el futuro, un plan de estabilización tuviese éxito en el objetivo de bajar la inflación, implicaría una suba del gasto público indexado: es decir el gasto previsional y los intereses de la deuda pública que, al estar atados a la inflación pasada, subirían su magnitud en términos reales. Asimismo, una devaluación implica una espiralización del monto de la deuda indexada al dólar oficial.
Todo esto exigiría algún tipo de desindexación financiera y pesificación que como la triste experiencia del pasado ha sido compulsiva (desagio, plan Bonex o similar), para consolidar el eventual éxito deflacionario de un plan de estabilización y evitar un fogonazo inflacionario y devaluatorio con todas las consecuencias de las redistribuciones de ahorristas a deudores que ello implique.
No hay magia ni derecho de inventario, el gobierno presente y el futuro deben hacerse cargo de la herencia.
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