Electroingeniería. La Justicia permite que ingrese en un plan de pagos para su deuda fiscal

La Justicia permitió que Electroingeniería,una de las empresas implicadas en la causa de los cuadernos, ingrese en un plan de pagos para regularizar sus deudas fiscales a pesar de no cumplir con los requisitos dispuestos por este Gobierno.

Se trata de una medida cautelar que le solicita a la AFIP que arbitre las medidas necesarias para permitir a la empresa de Gerardo Ferreyra ingresar en un plan de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras que, según la Resolución 4667/2020 de la AFIP, solo estaba habilitado para los contribuyentes que revistieran la condición de mipymes y estuvieran inscriptos en el "Registro de Empresas MiPyMES" o la de entidades civiles sin fines de lucro.

Por otro lado, el fallo también solicita a la AFIP que se abstenga de "iniciar y proseguir contra la empresa actora y directivos cualquier reclamo o proceso administrativo o judicial vinculado a las obligaciones tributarias y recursos de la seguridad social susceptibles de ser regularizadas en el marco del citado régimen legal". También le solicita que no trabe medidas cautelares ni impulse acciones en los términos del Régimen Penal Tributario.

Gerardo Ferreyra, dueño y directivo de la compañía, ya cuenta con otros problemas de índole judicial: estuvo detenido en el penal de Ezeiza desde agosto del año pasado hasta octubre, cuando se conoció la trama de sobornos en la causa de los Cuadernos.

El argumento principal del tribunal cordobés que lo solicitó fue que, de no ingresar en este plan de pagos, la situación de Electroingeniería podría resultar en un "quebranto terminal". "Particularmente en una diferencia estimada de la deuda por tributos y recursos de la seguridad social vencidos al 3/11/2019 y actualizado al 31/03/2020 que asciende al total de $2.819.282.355,08", a la que la empresa alega que no puede responder.

En enero de 2020, la empresa declaró que tenía 224 empleados, otro argumento que esgrime el tribunal para dar lugar a la medida cautelar. Como contracautela, la Justicia solicitó que se tenga presente la garantía ofrecida por la empresa: la cesión de los derechos de crédito que le corresponden en virtud de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, una obra que se le adjudicó durante el kirchnerismo.

Antes de la ley de Solidaridad Social, la piedra fundamental del gobierno de Alberto Fernández, el régimen de regularización de deudas tributarias, de la seguridad social y aduaneras, que da facilidades para que las compañías puedan abonar sus deudas en cuotas, no diferenciaba entre "pyme y no pyme", asegura Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios. Con este cambio, las empresas que querían ingresar y que no cumplían con los requisitos actuales solo tenían la vía judicial para avanzar.

Además del beneficio que se le podría otorgar a Electroingeniería, también hubo otro fallo esta semana a favor de Marítima Maruba, otra empresa que no es pyme y que quería ingresar a un plan de regularización. "Esto no es un fallo que va al fondo de la cuestión sino una medida cautelar. Estas empresas lograron que se determine que es inconstitucional la discriminación y, que mientras se resuelve la cuestión de fondo, se les conceda una medida cautelar", explica Domínguez.

En realidad, suma Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal, "no es que las empresas grandes son sanas y que solamente las chicas tenían problemas", por lo que no había una razón lógica para segmentar. "La discriminación es un poco cuestionable", apunta, aunque no hay que olvidar, dice, que un plan de pagos implica que se le está dando un beneficio a alguien que en primer lugar incumplió con sus obligaciones. Para el tributarista, estas empresas consiguieron fallos favorables no tanto por su tamaño sino por su situación financiera.

La otra compañía "no pyme" que logró un fallo favorable en este sentido es Marítima Maruba, que ofrece servicio de transporte de carga y remolque, entre otros trabajos. La firma, que tiene 700 empleados según los datos que aporta, tiene una deuda total de $1.075.936.594,61 a los que se suman $477.915.509,50 en concepto de intereses financieros.

La empresa afirmó ante la Justicia que está en un "estado severo de crisis" como consecuencia de la coyuntura económica del país. Es una firma ligada al extitular del gremio de los marítimos (SOMU), el sindicalista Omar "Caballo" Suárez, señalada por lavado de dinero como una de las sociedades que él utilizó para volver al circuito legal el dinero que obtenía mediante extorsiones a las empresas que deseaban trabajar en los puertos del país.