Vicentin. La reacción de los empresarios tras la intervención de la cerealera

Para los empresarios, la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin es comprensible en tanto se mantenga como un caso aislado y no marque el inicio de una serie de medidas similares. Sin embargo, despliegan críticas y, en algunos casos, cuestionan la excursión empresaria de un Estado que tiene muchos asuntos pendientes que resolver, según se desprende de las consultas que hizo LA NACION a algunas de las principales personalidades de los negocios.

Por el momento, los referentes de las empresas más grandes del país entienden la medida asociada a la situación en la que se encuentra la firma -en concurso preventivo por una deuda de US$1350 millones-, pero reafirman la confianza en un modelo de separación entre las empresas y el Estado.

"Me parece una decisión un poco apresurada. No está claro en qué situación estaba la convocatoria y creo que el Estado tiene un sinnúmero de problemas muy graves que son prioritarios como para agregarse otro en este momento, en vez de dejar que la Justicia avance con la convocatoria", apuntó Eduardo Costantini, creador de Nordelta y fundador de Consultatio. Sin embargo, el empresario no ve a la medida como una "amenaza" de cara al futuro.

Para Costantini, no se trata de un tema ideológico. "Podés tener una economía con mayor intervención del Estado y buena administración o una economía con menor propiedad del Estado en las empresas. En el fondo todo se reduce a la honestidad, la idoneidad y a que no haya abuso de poder", sumó.

De hecho, mencionó que él es accionista mayoritario de una empresa en la que el Estado tiene el 25% a través de la caja de jubilaciones y que ha "convivido perfectamente bien". "Por supuesto que este Gobierno es más intervencionista, pero no me vuelve loco", sostuvo el empresario, que sin embargo sí considera prioritario que las decisiones se enmarquen en una política de gobierno consistente y consensuada entre los distintos sectores, que pueda trascender a las distintas gestiones.

Para Ignacio Noel, principal accionista de Sociedad Comercial del Plata y dueño de Morixe, hay que evaluar la intención del Gobierno analizando su condición de acreedor, pero también el impacto regional de una empresa de tal magnitud. "De las opciones que tenía, me parece que tomó la menos mala", sentenció. Para el empresario, la alternativa judicial resulta "de altísimo costo y baja eficiencia", y una opción de compra de competidores hubiera contribuido a concentrar más el sector.

"Reconozco que defender esa decisión, con el historial que tiene la Argentina, es exponerte a la crítica. Pero yo no tengo por qué presuponer, de antemano, que la empresa se va a manejar mal o que será una fuente de operaciones no transparentes o un refugio de militantes políticos", argumentó. "Yo quiero presuponer que YPF Agro la va a gestionar como una empresa eficiente".

"Si no, tenés que quedarte de brazos cruzados y asumir que en este país una empresa le puede sacar al Estado US$300 millones, no pagarle, y seguir siendo dueño de su empresa, lo que a mí, como empresario privado, me parece mal", añadió.

"El rol de la empresa privada es fundamental y el desarrollo sustentable de un país como la Argentina solo se puede basar en una articulación de un Estado eficiente cumpliendo sus funciones y un sector privado", apuntó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sin embargo, tomó en cuenta el escenario crítico de la Argentina durante los últimos años, que viene de "un estancamiento desde el año 2011, una recesión profunda en 2018 y 2019, y ahora, la pandemia". "Hay que mirar con mucha prudencia estos procesos de concurso antes de atribuir responsabilidades por la gestión de la empresa, sin perjuicio de que es a la Justicia a la que cabe", añadió.

El referente de Copal se refirió al concepto de "soberanía alimentaria" que fue utilizado ayer como uno de los fundamentos de la decisión del Gobierno, y consideró que "la Argentina la tiene y sobradamente". "Tiene un sector primario e industrial integrado que representan más del 60% de las divisas que ingresan al país, abastecen al mercado interno y que tienen una potencialidad articulada para entre 400 y 600 millones de personas en el mundo".

Otro referente de la industria alimenticia, Martín Cabrales, vicepresidente de la firma Cabrales, expresó que no cree en un "Estado empresario" que esté "en la actividad privada ni que tenga empresas". Siguió: "Eso corresponde a nosotros, a los empresarios; la creación de riqueza y ser dadores de trabajo".

"Lo quiero tomar como una medida aislada, que no conlleva que el Gobierno va a seguir avanzando en estas políticas de intervenciones", añadió. Si bien el empresario cafetero no lo considera "ideal", tampoco ve la medida oficial con malos ojos, en tanto se trata de una empresa "que no estaba sana" y que "o se la quedaba un grupo privado o el Gobierno la intervenía". "No es que el Presidente se levantó y se le ocurrió intervenir Vicentin, sino que venía de un proceso", matizó.

"No estoy de acuerdo con los que dicen que esto es una 'venezuelización'", opinó José Urtubey, director de Celulosa y dirigente de la UIA, contra las críticas más resonantes de la oposición. "Me parece que son declaraciones extremas que no colaboran. La expropiación como instrumento jurídico funciona en la Argentina desde prácticamente 1853. El Estado se está haciendo cargo de un problema, no de la última joya de la corona: no veo una actitud especulativa en esto".

Para el empresario, los fundamentos del Gobierno para tomar la decisión se relacionan con los puestos de trabajo, los proveedores y toda la cadena de valor agroexportadora que está entramada en la empresa. "Es importante resaltar que esto es un proceso que no es unilateral del Poder Ejecutivo, sino que va a haber una discusión en el Congreso sobre si es conveniente o no", apuntó.

Urtubey consideró que este no es un caso extendible a otros y que no alcanza para concluir que empezó un proceso estatizador en la Argentina. "Yo quiero escuchar el debate por los argumentos. No creo que haya que poner en dos bandos al diablo coludo y a la Virgen María", concluyó.

En el mismo sentido, Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, expresó que no le preocupa "que el Estado intervenga" una empresa, pero que "debe ser con todos los elementos claros, para dejar a toda la población tranquila de que no se está cometiendo un acto discrecional".

"No soy de los que están en contra de que el Estado juegue un rol en salvaguardar los puestos de trabajo o en la historia de las compañías -aclara-. No me parece mal, pero hay que justificarlo debidamente". En ese sentido, el empresario señaló que aún resta conocer los elementos de fondo que llevaron al Gobierno a tomar la decisión. A su juicio, el argumento de una posible extranjerización del sector de granos, que describió como "mediático" y no como parte del discurso del Gobierno, no es suficiente.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) rechazó la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin al argumentar que " la decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica", ya que señaló no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores.

"Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para que se lleven a cabo las inversiones productivas que imperiosamente requiere nuestro país", indicó AEA.

"La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina", concluyó al respecto.

Por Sofía Terrile y Delfina Torres Cabreros

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