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Obra pública: contrapunto entre las empresas y el Gobierno por presuntas demoras en los pagos
El Ministerio que comanda Gabriel Katopodis asegura que los giros salen a los 60 días; las firmas insisten en que en trabajos “por convenio” con las provincias hay atrasos de hasta ocho meses
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Hay constructoras en estado de alerta en diferentes puntos del país por lo que entienden es un “atraso” en los pagos de certificados de obras públicas “imposible de sostener” con los actuales niveles de inflación. Gerardo Fernández, presidente de Pymes Constructoras -asociación que reúne a empresas del sector- señala que los atrasos se mueven entre cuatro y ocho meses y que están “poniendo en jaque” la sustentabilidad de las firmas.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, coincide con esos dichos y plantea que en trabajos con financiamiento internacional, están “prácticamente al día”. Desde Obras Públicas sostienen que la demora es de 60 días.
Desde la cámara afirman que hay “mucha” obra pública. No es un problema de volumen. “Hay nacional y de algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza -repasa Weiss ante LA NACION-. El problema son los tiempos de pago que, en condiciones normales, se pueden tolerar, pero con la actual inflación, no”.
Desde el Ministerio de Obras Públicas indicaron a este diario que la cartera de Gabriel Katopodis “viene ejecutando obra pública ininterrumpidamente desde hace tres años en niveles altísimos” y subrayaron que “los procesos de pago se encuentran en los plazos que corresponden”.
Aseguran que, cuando se hicieron cargo, los pagos eran “a 6, 8 y 10 meses, actualmente están en 60 días”. Añaden: “Cuando llegamos las empresas participante eran poco más de 600, hoy superan las 1.500 con obra pública en todo el país. Este modelo generó que superemos los picos históricos de empleo en el sector. Es una decisión de este gobierno seguir invirtiendo en obra pública en cada rincón de la Argentina”.
Además de ese Ministerio, hay otros del Estado que ejecutan trabajos como Transporte, Hábitat y Desarrollo Social.
Fernández enfatiza que hay Pymes “en riesgo por falta de pago de la obra pública. La situación es delicada y se ha agravado excesivamente la morosidad. Se paralizan las obras y lo sufren más de 500 Pymes de la construcción. Lo que hace un año fue muy buena noticia por la gran inversión pública nacional, ahora es un problema por los plazos. Municipios y provincias están recibiendo quejas nuestras y nos dicen que la Nación no envía los recursos”.
Weiss ratifica que la fórmula de redeterminación de precios que existe en la Argentina funciona con una inflación del 8% o 10% anual, pero no con insumos que están subiendo a más de 100% anual. Plantea que el contrato original, con el paso de los meses, “pierde valor a moneda constante”.
El empresario grafica que las obras “por convenio” -en las que Nación le transfiere fondos a las provincias o municipios- son de las más complicadas. Los tiempos “se estiran” en trámites que “van y vienen” y en recursos que no están. “Asociados del interior, en su gran mayoría Pymes, nos indican que hay pagos con demoras de hasta ocho, nueve meses; esas obras están semi paralizadas”, enfatiza.
El régimen de redeterminación de costos data del 2016. El año pasado, en agosto, se diseñó en la comisión que funciona en ese marco un proyecto para reemplazarlo, pero todavía no se avanzó en ese sentido. Esa comisión está integrada por representantes de Obras Públicas, de Transporte, de la secretaría de Energía, de la CAC y de la Unión Obrera de la Construcción.
“Se está complicando todo. En condiciones normales, si el pago sale un mes más tarde se pierden uno o dos puntos de la factura, pero ahora son ocho puntos. No se puede sostenee”, reitera Weiss, quien añade que desde hace años los gobiernos no respetan la ley de obra pública y “no pagan intereses por mora”.
Varios empresarios indicaron a este diario que en diferentes oportunidades les indican que los pagos “no salen” porque “falta la autorización” del Ministerio de Economía, que es el que debe liberar los fondos.
