Un organismo a cargo de Marcos Peña revisará los antecedentes de empresas de obra pública

El Gobierno oficializó hoy el traspaso de uno de los organismos más calientes de la administración pública. Según el Boletín Oficial, el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas pasó de la órbita del Ministerio del Interior a la Secretaría de Modernización, dentro de la Jefatura de Gabinete. Se trata de la oficina que define las habilitaciones de las empresas contratistas de obra pública, muchas de ellas alcanzadas por la causa de los cuadernos de las coimas y que desde fines del año pasado se encuentra virtualmente paralizada.

El primer paso en la transferencia del organismo se dio en diciembre pasado, con el decreto que modificó la Ley de Ministerios. En esa oportunidad lo referido al Registro, que estaba bajo la competencia de la cartera de Rogelio Frigerio , pasó a la estructura de Modernización, que encabeza Andrés Ibarra dentro de la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña.

Algunas semanas después se publicó el decreto que creó la Oficina Nacional de Contrataciones (actualmente a cargo de Néstor Díaz) como órgano rector de todas las contrataciones del Estado, incluyendo la obra pública. Restaba avanzar con la normativa publicada hoy en la decisión administrativa 66/2019 y es una posibilidad que mañana se comunique quiénes serán los funcionarios designados al frente de la nueva estructura.

Desde que se transfirieron las competencias en diciembre pasado, el Registro está virtualmente parado. Luego de los cuadernos de la coimas y la salida a la luz de la participación de algunas de las principales empresas constructoras en hechos delictivos, los funcionarios del Registro quedaron en un lugar complejo, sin claridad respecto de cómo operar con esas firmas. La única señal sólida que obtuvieron hasta el momento fue un dictamen del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que consultado por un caso particular avaló la adjudicación de una obra hídrica en el Río Salado a la empresa del procesado Aldo Roggio, alegando que hay que diferenciar a las firmas de los directivos a su cargo.

El punto crucial que tendrán por delante las nuevas autoridades es definir cómo operar de ahora en más con las empresas involucradas en causas de corrupción. Lo debería definir el Consejo del Registro, que si bien es un órgano creado por el régimen anterior -nació en 1993 y fue derogado en diciembre pasado- sigue vigente transitoriamente hasta que la Oficina Nacional de Contrataciones dicte uno nuevo.

Desde el Ministerio del Interior aclararon a LA NACION que el Registro Nacional de Constructores tiene como única función calificar los antecedentes de empresas contratistas de obras pública del Estado. "Es un área de soporte a las áreas sustantivas que licitan, adjudican y firman contratos" y "no define licitaciones ni adjudicaciones", apuntaron.

Según su explicación, el Registro pasará a la órbita de la Jefatura de Gabinete "para mejorar los procesos administrativos" y la "coordinación" de los distintos ministerios que ejecutan obra pública: Transporte, Educación, Hacienda e Interior. "Sobre todo después de la causa de los cuadernos -apuntaron-, significa poner al Registro por arriba de los ministerios que ejecutan".