La crisis no segmenta sus efectos; la respuesta debe ser abarcativa

Unos días antes de que estallara la pandemia del covid-19 había escrito una nota de opinión titulada "Estados y empresas: del antagonismo a la cooperación". Quería mostrar casos de países que implementaron programas para ayudar a sus empresas a entrar al mundo 4.0, y cómo eso requiere entender que el Estado y los privados somos socios en la empresa del desarrollo nacional. La nota no llegó a ver la luz, porque estaba pensada para una economía que busca crecer. La agenda viró a un mundo que se frenó por completo, quizás como nunca en la historia reciente.

Sin embargo, el espíritu de lo que quería transmitir esa aún válido. Porque si bien es cierto que el país tuvo que pasar de una agenda que buscaba la reactivación a una de emergencia sin precedentes, también lo es que la nueva agenda requiere un esfuerzo cooperativo público-privado aún mayor.

Frente a la pandemia el Gobierno no dudó respecto de la cuestión sanitaria. Armó un comité de crisis, convocó a expertos, dio lugar al intercambio con la oposición y priorizó la salud. La decisión más audaz y relevante fue la de decretar el aislamiento social rápido, a diferencia de otros países.

El aislamiento frenó a la economía. Pero decir que estamos frenados no es la imagen correcta: la economía no funciona como una película a la que le ponemos "pausa" para luego darle "play" y retomar en el punto en el que la dejamos. Podemos poner pausa, pero cuando le demos al botón del play la trama será distinta: la película quizás no vuelva a empezar o empiece con menos personajes.

El gobierno nacional y los provinciales son conscientes de esto y han generado medidas para morigerar la crisis. Y hasta ahora las medidas han sido segmentadas. Pero, ¿es la segmentación la forma de encarar una crisis cuyo impacto no segmenta, sino que golpea sin distinción de tamaño, sector, geografía o posición en el mercado? En la Argentina 7,5 millones de personas trabajan en el sector privado: 2,5 millones, en 522.000 empresas que emplean a menos de 50 empleados cada una y 2,1 millones, en 17.000 firmas de hasta 500 empleados. Todas valen por igual para sostener la economía.

El país entra a esta megacrisis políticamente renovado, por la asunción de un gobierno, pero económicamente exhausto tras dos años de recesión. Muchas de las empresas que subsistieron están al límite: han hecho un esfuerzo enorme. Pero el último recurso ha sido y siempre será el despido. Entre las empresas de mi sector, por ejemplo, las autopartistas enfrentaron, entre 2013 y 2019, una caída de la producción del 57%, pero redujeron empleo en un 20%.

Nuestro país necesita de esos 7 millones de empleos en el sector privado; de hecho, necesita muchos más para sacar a millones de la informalidad. El Estado necesita recaudar del sector privado para distribuir y hacerse cargo de los bienes y servicios públicos que necesitamos, como la salud. No puede haber Estado sin empresas, ni empresas sin Estado. Debemos cultivar esta relación virtuosa.

En las próximas semanas hará falta encontrar maneras de preservar la salud de nuestro pueblo, al tiempo que protegemos las fuentes de ingresos de empresas y empleados. Es posible que la salida del aislamiento sea gradual para la gran mayoría de los sectores y llevará meses volver al nivel de actividad anterior a la emergencia. La nueva convocatoria a trabajar en forma tripartita (Gobierno, trabajadores y empresarios) es un buen augurio en este sentido. La crisis será mucho más extensa que algunas semanas de aislamiento. Al Estado le toca tomar decisiones inéditas y a la altura de la magnitud de la crisis: menos parcializadas y más universales. La crisis podría transformarse en una oportunidad y un precedente importante para la articulación público-privada que necesitaremos para volver a darle play a la economía y, luego, para desarrollarnos.