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Otros 72.000 usuarios deberán justificar si necesitan subsidios
El Gobierno decidió que más zonas del conurbano deberán pagar más caros el gas, la luz y el agua
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Sintonía fina. Muy fina. Tan fina, que una propiedad puede mantener los subsidios a la luz, el gas y el agua mientras el resto de las casas de esa cuadra pagan aumentos del 300 o 400 por ciento. O al revés: que exista una única manzana alcanzada por la poda del aporte estatal rodeada en sus cuatro lados por zonas que mantienen el viejo esquema tarifario.
El Gobierno difundió ayer los mapas de las nuevas zonas que recibirán el formulario de declaración jurada para justificar la necesidad de continuar recibiendo (o no) los subsidios. Se trata de unos 72.000 usuarios, de los cuales 50.000 residen en barrios cerrados de todo el país y el resto son vecinos de los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Hurlingham, Ituzaingó, San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre. En total, los consumos de estos hogares reciben subsidios por 228 millones de pesos por año (un promedio de casi $ 3200 por hogar).
Estas zonas, delimitadas en 20 mapas que el Ministerio de Planificación Federal publicó en su sitio en Internet ( www.minplan.gob.ar ), se suman a otros 184.000 usuarios (con subsidios anuales por $ 329 millones) que ya están recibiendo los formularios. Además, hay 275.500 usuarios -incluidos grandes usuarios industriales y organismos del gobierno porteño- que desde el 1° de enero ya pagan la tarifa plena. Las nuevas zonas comenzarán a recibir a partir del 1° de marzo los formularios y las facturas con dos importes (con subsidios y sin ellos). "Al igual que en los envíos que ya se están desarrollando, los usuarios tendrán 30 días para responder; de no hacerlo, recibirán una nueva comunicación certificada que, en caso de no ser contestada luego de cinco días, hará que se quiten los subsidios", aclaró el ministerio en un comunicado.
Motivos
Para poder solicitar el mantenimiento de los subsidios , el usuario debe señalar en cuál de los 12 motivos de justificación está comprendido: que en la vivienda habite alguien con una enfermedad crónica que implique un mayor consumo del servicio; que exista, como único ingreso, una jubilación o pensión mínima; que el usuario perciba una pensión no contributiva; que cobre un beneficio de plan social; que el domicilio esté afectado por alguna actividad social (como, por ejemplo, comedor comunitario); que el usuario perciba una asignación familiar; que tenga un certificado de discapacidad; que los ingresos familiares sean "insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena"; que la persona esté exenta del pago del ABL; que la vivienda sea precaria y la habite una familia numerosa; que tenga un local anexo destinado a la actividad comercial, o que la vivienda sea compartida por múltiples hogares.
Un dato que despertó suspicacias fue el hecho de que el Gobierno incluyó a los "barrios cerrados" entre las zonas cuyos usuarios podían completar la declaración jurada para seguir recibiendo el subsidio. En la disposición conjunta 218-799 del 24 de noviembre último, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, y el subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía, Raúl Rigo, habían establecido que entre los usuarios que se quedarían sin subsidios (sin posibilidad de llenar el formulario) a partir del primer día de este año figuraban: "Countries, barrios cerrados, clubes de campo y clubes de chacras, a nivel nacional, entendiendo como tales a aquellas urbanizaciones o predios cerrados o semicerrados no integrados al ejido urbano y que cuenten con servicios comunes y de seguridad privada".
Voceros del Ministerio que comanda Julio De Vido explicaron luego que los "barrios cerrados" mencionados en el comunicado de ayer no entran en la categoría "countries", porque "no tienen áreas comunes, sólo tienen seguridad privada y están integrados al ejido urbano".
La otra cuestión llamativa es el recorte de las zonas que perderán el subsidio. En San Isidro, por ejemplo, hay una manzana (delimitada por las calles Jacinto Díaz, América, Billinghurst y Don Bosco) que está rodeada por manzanas que mantendrán el beneficio (se trata de un condominio con seguridad). A pocas cuadras de allí, hay una esquina que quedó exceptuada, pese a formar parte de una manzana que deberá justificar la continuidad de los subsidios. Según voceros oficiales, el cambio de situación es porque "ahí empieza [la villa] La Cava".
Pocas renuncias voluntarias
Poco más de 23.200 usuarios renunciaron de manera voluntaria hasta ahora a los subsidios al consumo de servicios públicos. Según consignó la agencia DyN, la cifra todavía no se equipara con los 35.000 funcionarios altos y medios del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). El Ministerio de Planificación Federal informó ayer que "han renunciado de manera voluntaria 23.215 usuarios, lo que equivale a un ahorro de 40 millones de pesos". El 23 de noviembre pasado, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el por entonces titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou, habían anunciado la apertura de un registro para que los ciudadanos renunciaran a recibir el beneficio. Esa cifra representa aproximadamente el 0,2% de todos los usuarios del sistema eléctrico del país.
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