Inversión con impacto social y ambiental, bajo un nuevo impulso por la pandemia
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LA NACIONSilvia Stang
¿Qué destinos se le da al dinero de quienes tienen capacidad de ahorro? ¿Qué se financia y qué tipo de economía y de sociedad se promueven con las decisiones sobre el capital? Esas son parte de las preguntas que están detrás del movimiento de inversiones de impacto, basadas en poner el foco en que los candidatos a recibir recursos desarrollen una actividad que, además de procurar retornos económicos, tengan objetivos vinculados a lo social y lo ambiental.
Estas inversiones totalizan unos US$715.000 millones en el mundo y son gestionadas por 1720 entidades, según la estimación de la Red Global de Inversión de Impacto (GINN, según su sigla en inglés), una organización que estudia y promueve al sector. Su informe 2020 señala que la crisis por el Covid-19 dará impulso a estas prácticas del capital, en un mundo presionado no solo por la urgencia de responder ante los problemas sociales y económicos -algunos generados y otros exacerbados por la irrupción de la enfermedad y las decisiones políticas frente a ella-, sino también por la necesidad de generar soluciones de mediano y largo plazo ante el daño del tejido productivo.
Entre 2015 y 2019, según el informe mencionado, las inversiones de impacto crecieron a un ritmo anual promedio de 17%. El estudio incluye una encuesta de la que participaron casi 300 entidades, pero para ver las tendencias del cuatrienio se consideraron respuestas de 79 participantes, que estuvieron en las ediciones de esos dos períodos. A América Latina llega el 12% de los fondos, con protagonismo de Brasil, México y Colombia. La tasa de crecimiento en la región fue levemente superior a la del promedio global (el 55% de los recursos está en el mundo desarrollado y el 45%, en el emergente).
Los principales destinos son proyectos que se desarrollan en el plano de las energías renovables (16%); el acceso a servicios financieros (12%); la silvicultura (10%); la alimentación (9%), y las microfinanzas (8%). ¿Y frente al Covid-19, qué priorizarán? Ante esa pregunta (que admitió respuestas múltiples de cada inversor), tres de cada cuatro dijeron que entre sus focos estará la inclusión financiera; siete de cada diez marcaron la seguridad alimentaria; seis de cada diez, la salud, y la mitad, la energía.
"Por la magnitud del efecto del Covid-19, las finanzas sustentables y de impacto muestran un marcado crecimiento; es una reacción a necesidades inmediatas y una respuesta para la etapa de reconstrucción de las economías", dice María Laura Tinelli, directora de Acrux Partners, firma de inversión de impacto con foco en América del Sur. Para ejemplificar, cita anuncios globales recientes, como algunos de grandes bancos de inversión que crean funciones de asesoría y disponen de fondos para financiar proyectos de impacto, y el de la asignación de US$150 millones para empresas con retorno social por parte de Citibank.
El auge de este tipo de inversiones trae, sin embargo, sus riesgos, según advierte Tinelli: "Si se incrementa el green washing [uso del discurso socio ambiental para lavar la imagen de una compañía], o la utilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU [que algunas empresas toman de referencia para sus metas] como meras cuestiones cosméticas, se desacredita a todo el sector", señala. Por eso, dice, el crecimiento "tiene que ir acompañado con urgencia por una correcta medición y una fiscalización del impacto que verdaderamente tienen" los negocios.
Lo cierto es que el avance de esta manera de gestionar fondos, imprimiéndoles el sello del "propósito", de igual manera que ocurre en muchos casos en la industria y el comercio, está impulsado tanto por nuevos emprendimientos como por la transformación de actores tradicionales de la economía. Y sus impulsores más optimistas creen que, finalmente, toda la producción económica y el sistema que la financie deberá ser "de impacto", si busca seguir en el camino.
"El CEO de BlackRock, Laurence Fink, sostuvo que las organizaciones deben pensar en su 'sentido de propósito' si quieren ser atractivas; en una carta abierta a los CEO del mundo les dio a entender que la rentabilidad a largo plazo depende del bien que estén dispuestos a generar", destaca Belén Arce, directora de la consultora Summa, especializada en sustentabilidad, y docente universitaria, quien cree "firmemente" que va a aumentar el interés por estas inversiones, no solo por efecto de la pandemia, sino también porque "se llegó al punto en que los estados y el tercer sector, si bien son importantes, no son suficientes para hacer frente a la crisis climático y social".
Como ejemplos de acciones locales del sector privado, Arce cita el lanzamiento reciente de créditos del Banco Galicia para empresas B (con impacto económico, social y ambiental), a tasas más bajas que las generales, y el índice de sustentabilidad de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), que expone a las 15 empresas cotizantes con mejor desempeño según sus contribuciones ambientales y sociales, sus prácticas de gobierno corporativo y sus aportes a los ODS.
Una de las herramientas en alza en el mundo de las finanzas para provocar efectos positivos en lo social y lo ambiental, son los bonos de impacto social y ambiental, emitidos por estados o por privados. Según la institución Climate Bonds Initiative, en 2019 hubo nuevos bonos verdes (para proyectos con impacto ambiental) por US$247.700 millones. "Hay un crecimiento de los bonos sociales y sostenibles (mix entre verdes y sociales); los montos impresionan pero no son suficientes", dice Pablo Cortínez, director del Programa en Bonos Verdes y Finanzas Sostenibles de la Ucema y Focal Point de Finanzas Sostenibles en la Fundación Vida Silvestre. Según agrega, el interés se ve en casos como la sobredemanda de casi 7 veces para un bono social soberano lanzado en abril por Guatemala, por US$1200 millones.
"Las métricas para poder ver los resultados suelen ser más complicadas en los bonos sociales [respecto de los ambientales], y en ese segmento considero que habrá una mayor y lógica participación de los gobiernos en sus diferentes niveles -afirma Cortínez-; también creo que se mantendrá o se incrementará el rol de los bancos y que habrá una mayor presencia de los organismos multilaterales", sobre todo por lo atípico de la situación generada por el coronavirus.
En el país se emitieron algunos bonos verdes provinciales, en tanto que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene en marcha un bono o "vínculo de impacto social", que define sus pagos al inversor según los resultados de un plan de capacitación e inserción laboral para jóvenes. Comenzó a ejecutarse hace un año y a fines de mayo pasado había 619 personas participantes (la meta es llegar a 1000), con una tasa de inserción de 31%. Los retornos se amplían cuando se van alcanzando determinadas metas: que los beneficiarios permanezcan en el mercado laboral cuatro o doce meses.
Con la cuarentena se impuso la necesidad de hacer cambios y algunas pautas del plan se fueron flexibilizando, según comentaron fuentes del gobierno porteño: se armaron capacitaciones virtuales y se extendió la zona de influencia del programa, siempre dentro de la ciudad.
"La flexibilidad es necesaria para el funcionamiento de estos contratos, llamados 'de pago por resultado' -evalúa Tinelli- y eso es absolutamente esencial cuando las cosas cambian".
Y el concepto de cambio está en el corazón de la inversión de impacto: se basa en su necesidad y lo promueve desde el recurso del capital.
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